El Ministerio de Hacienda ha convocado a las comunidades autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo lunes 17, después de semanas deshojando la margarita sobre una convocatoria en la que la vicepresidenta María Jesús Montero trasladará a los Gobiernos regionales el techo de gasto y la senda de estabilidad que prevé aprobar en el Consejo de Ministros.
Fuentes de Hacienda han confirmado la convocatoria, que se tiene que comunicar a los consejeros autonómicos con 72 horas de antelación, en la que el Ejecutivo trasladará cuál es el techo de gasto de gasto que tiene previsto aprobar para el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, así como el reparto de los objetivos de déficit entre las diferentes administraciones.
En el orden del día la vicepresidenta Montero ha incluido un punto específico sobre el estado de situación de la reforma del Sistema de Financiación Autonómica, caducado desde 2014 y que el Gobierno se había propuesto modificar en esta legislatura.
El Ministerio de Hacienda no cita a las comunidades desde febrero de este año, cuando Montero llevó al Consejo de Política Fiscal y Financiera la metodología pactada con ERC para proceder a la condonación de parte de la deuda pública autónomica, una reunión en la que los consejeros de los Gobiernos dirigidos por el PP se levantaron de la mesa.
Entonces la propuesta de quita y el reparto de la recaudación del nuevo impuesto a la banca soliviantaron a las comunidades del PP, lo cual no impidió que saliera adelante el acuerdo del CPFF, aunque posteriormente gobiernos regionales como el de Madrid lo recurrieron por entender que no existía quórum.
La cita llega pocos días después de que ERC pactase con el Gobierno aplazar el debate sobre la recaudación del 100% del IRPF por parte de la Agència Tributària de Catalunya, una de las piezas clave de la llamada financiación singular que el PSC prometió a los recambios a cambio de permitir la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat.
Antes del fin curso político, en julio, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, firmó junto al conseller de Presidencia catalán, Albert Dalmau, un acuerdo para impulsar esa financiación singular, comprometiéndose a presentar un nuevo modelo de reparto a las comunidades en la cita del CPFF tras el verano.
De hecho, lo habitual es que el Gobierno convoque a los consejeros de Hacienda en julio para trasladarles el reparto de los objetivos de déficit y las cuantías de las entregas a cuenta (el grueso de los recursos con los que cuentan para sus Presupuestos). Sin embargo, Montero decidió trasladarle a las comunidades estas cuantías mediante una carta, ante el retraso en la tramitación del borrador de Cuentas públicas.
La reforma del sistema de reparto es una vieja reivindicación de todas las comunidades, especialmente de aquellas que están infrafinanciadas por el sistema que elaboró el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009, también acordado con ERC. Desde entonces, la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y Castilla-La Mancha reciben unos recursos por habitante ajustado que han abocado a un sobreendeudamiento de estas regiones.
Pero los diferentes intereses de las comunidades autónomas a la hora de definir la población ajustada, una de las variables clave del modelo en el que se tienen en cuenta aspectos como la despoblación o el envejecimiento, impidieron que se reformara el sistema incluso durante la legislatura en la que Mariano Rajoy gobernó con mayoría absoluta (2011-2015).
La reunión de la vicepresidenta Montero con los responsables de Hacienda autonómicos también supone un paso clave de cara a los Presupuestos, ya que confirma que el Consejo de Ministros aprobará una nueva senda de estabilidad para elaborar las Cuentas, aunque es posible que naufrague en el Congreso por la ruptura de los siete diputados de Junts con el Gobierno.
El Gobierno volvió del verano con la determinación de presentar unas Cuentas para 2026 aunque no se aprueben en la Cámara baja. El Ministerio de Hacienda publicó a principios de septiembre la orden con la que daba el pistoletazo de salida a su elaboración y Economía actualizó el cuadro macroeconómico con una subida de las previsiones de crecimiento. Pero, desde entonces, no se habían dado más pasos.
Si la senda de estabilidad es rechazada en el Congreso en dos ocasiones, el Gobierno elaborará el Presupuesto con la que está ahora mismo vigente y que en Hacienda defienden que es más beneficiosa para sus propios intereses, ya que le da más margen de gasto en detrimento de las comunidades autónomas. Ya el año pasado Junts se negó a apoyarla porque no reservaba un tercio del déficit a los Ejecutivos regionales. Este año, las conversaciones tendrán lugar en un contexto aún más complejo.
