El 10 de abril de 2022, entró en vigor en España la ley de residuos y suelos contaminados para la economía circular. La normativa, que tenía como objetivo reducir al mínimo la generación y gestión de basuras, introducía una tasa obligatoria que todos los ayuntamientos debían tener lista en el plazo de tres años, para sufragar el 100% del coste de la recogida, transporte y tratamiento de residuos de los vecinos. Con el plazo cumplido y la nueva tasa funcionando ya en cientos de municipios, diferentes voces alertan ahora de un posible aluvión de reclamaciones por parte de los contribuyentes que pondrá en aprietos a las corporaciones locales.
La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local alertó este martes “severos problemas presupuestarios en las corporaciones locales si prosperara la cascada de denuncias que se avecinan por parte de los contribuyentes”. Este organismo, señaló que en las últimas tres décadas, diversas sentencias del Tribunal Supremo habían aclarado la regulación de estas tasas de residuos, que cobraban algunos ayuntamientos, pero que ahora pasa a ser obligatoria y no puede ser deficitaria.
Estos cambios han provocado “una multitud de criterios distintos en las ordenanzas municipales”, indican los inspectores, que acabarán resolviéndose en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, “a la espera de conocer los criterios que finalmente validará el Supremo”. Es un análisis que comparten también desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), crítica con el desarrollo de la normativa, aunque no con sus objetivos.
“La regulación contenida en la ley era deficiente, porque no contenían los elementos esenciales de la tasa”, explica el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna. La federación fue crítica con la medida, que supone la transposición de una directiva europea de 2018, desde el inicio, porque se aprobó “sin contar con los ayuntamientos” y supone “una vulneración de la autonomía local”. Hasta ahora, algunos municipios optaban por cobrarla, mientras otros sufragaban estos gastos mediante el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o con otras fórmulas.
Esa falta de elementos que los ayuntamientos deben tener en cuenta a la hora de implantar la tasa, indica Martínez-Sicluna, ha provocado que “los alcaldes estén adoptando diversos parámetros, como el valor catastral de la vivienda, el número de personas empadronadas o el consumo de agua”. Unos criterios diferentes que suponen que una “familia tipo va a pagar distinto importe de tasa en una localidad o en otra, lo que provoca una desigualdad”, insiste el secretario general de la FEMP.
La normativa fue aprobada a finales de 2021 con 182 votos a favor —PSOE, Unidas Podemos, PNV, Ciudadanos y Teruel Existe—, 70 en contra —Vox, ERC, PDeCAT y CUP— y las 88 abstenciones de PP y BNG.
La Junta de Gobierno de la Federación ya hizo una declaración institucional en octubre de 2024, en la que anticipaba que la implantación de la tasa generaría “una enorme conflictividad” y derivaría “en un nuevo foco de litigios que contribuirían a engrosar el panorama de incertidumbre que rodea ámbitos de la tributación local”. Unos litigios que, al margen de la incertidumbre por las resoluciones —y la posibilidad de tener que devolver ingentes cantidades de dinero a los ciudadanos—, provocará una gran carga administrativa para estas corporaciones.
A nivel municipal, diferentes organizaciones animan a recurrir esta tasa. “Algunos ayuntamientos están aplicando una fórmula que no cumple con los requisitos que establece la normativa”, explica el secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez. Porque la tasa es obligatoria y debe cubrir el coste del servicio, pero las administraciones tienen que implementar protocolos de mejora la recogida, transporte y gestión de los residuos. “No puede ser arbitraria, ni no acompañada de medidas, ni ser meramente recaudatoria”, desarrolla Sánchez.
Los ayuntamientos deben justificar económicamente y desde el punto de vista de mejora medioambiental el importe cobrado, que debe tener en cuenta la capacidad económica del contribuyente. Además, debe analizarle la capacidad de generación de residuos de cada vecino y poder individualizarse la tasa en base a su comportamiento.
Facua ha elaborado por el momento una guía para reclamar las cantidades cobradas en aplicación de la nueva tasa en ocho ciudades. Son Badajoz, Madrid, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, aunque, como indica Sánchez, “hay multitud de ayuntamientos que están saltándose la norma y el modelo es similar en todos los casos”: la presentación de un recurso de reposición en el plazo de 30 días desde que se recibe la notificación. En cualquier caso, la presentación de este recurso no exime del pago de la tasa, que de resolverse a favor del contribuyente, sería devuelta.
Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, publicado a finales de octubre, señalaba que los 17 ayuntamientos con más de 250.000 habitantes preveían aumentar sus ingresos fiscales en 2026 en el entorno del 2%, “tras un crecimiento del 7% en 2025 impulsado por la implantación de la tasa de residuos sólidos urbanos”.
Sin embargo, los presupuestos aprobados para 2025 por las entidades locales indicaban un gasto total en esta materia de 5.325 millones de euros, con unos ingresos por tasas de residuos de 3.488 millones, según los datos de la Fundación ENT, citados por la asociación de inspectores. Esto, señalan en su comunicado, deja un agujero de 2.000 millones de euros, con “un grado de cobertura del 65,5%, todavía lejos del 100%”, para una tasa que, por ley, no puede ser deficitaria.
