Caso Anatolii: de abrir una causa por un delito fiscal a investigar si en Catalunya residían dos espías rusos

Anatolii Sharii y Olga Bondarenko son dos periodistas ucranianos críticos con el Gobierno de Volodímir Zelenski. Durante los últimos años han desarrollado su actividad desde España y han sido señalados como prorrusos dado que se han dedicado a través de su canal de Youtube -que tiene 3,4 millones de suscriptores- a denunciar presuntos casos de corrupción en el Ejecutivo de su país.

Sharii tuvo que enfrentarse en 2022 a una petición de extradición después de que fuera acusado de alta traición, pero estaba pendiente de asilo en España y era refugiado político en Lituania, lo que llevó a que la Audiencia Nacional denegara esa entrega. Después de ese trance judicial, el domicilio de ambos (son pareja) fue atacado con cócteles molotov, y en 2024, denunciaron haber sufrido un intento de asesinato cuando su vehículo fue atacado por un individuo con lo que parecía ser una ametralladora.

Ahora, en conversación con elDiario.es, denuncian que la persecución hacia ellos continúa, pero esta vez disfrazada de procedimiento judicial. Los dos son investigados por un presunto delito fiscal en España: un juzgado de El Vendrell en coordinación con el Grupo de Información de la Guardia Civil de Tarragona investiga su patrimonio y la actividad que lo origina.

En el sumario del caso, al que ha tenido acceso este periódico, se incluye un oficio de esa unidad policial de 12 de junio de 2025 que señala que “hay conductas de aparente relevancia penal que pueden ser constitutivas de delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales y de falsedad documental” (a esos delitos se sumaría más adelante el de alzamiento de bienes). Revela, además, que el origen de la investigación se halla en una solicitud de cooperación internacional emitida por las autoridades ucranianas. Para Sharii, ese dato en particular es relevante porque entiende que la causa ha sido creada “artificialmente” en su país de origen, en concreto por la Oficina Estatal de Investigaciones, dependiente de la Oficina del Presidente.

Sharii denuncia que este tipo de “táctica” es utilizada con bastante frecuencia por el régimen con el objetivo de atacar a sus opositores, y sospecha que alguien ha sido comprado para generar este caso que califica de falso. Frente a esta afirmación, que supondría ni más ni menos que la investigación española estaría teledirigida desde Ucrania, la realidad es que en esta causa entran en juego no solo la Guardia Civil, sino una jueza de instrucción, la Fiscalía Provincial de Tarragona y hasta la Agencia Tributaria.

Según refleja la investigación, la pareja tendría residencia fiscal en España desde 2016 y, de acuerdo a los productos financieros que se han analizado, los peritos de Hacienda que actuaron en auxilio judicial consideran que pudo existir ese delito fiscal en los ejercicios de 2018 (cifrado en 150.875,33 euros) y 2022 (cuando la cuota defraudada ascendería a 387.645,68 euros). Además, respecto de 2019, 2020 y 2021 la Guardia Civil explica que se han obtenido indicios de la existencia de “fuentes de ingresos adicionales” y de vínculos de ambos con “activos económicos en el extranjero”: cuentas en Lituania y en la Federación Rusa, pagos P2P ordenados por ellos mismos desde Rusia y Luxemburgo, criptodivisas, transferencias recibidas por particulares desde Kazajistán y pagos recibidos desde plataformas online. Para los investigadores, y de acuerdo a un oficio de febrero de 2026, la responsabilidad económica en multas que se les podría acabar reclamando a la pareja asciende a 10,7 millones de euros.

Los investigadores explican sobre el origen de esos fondos percibidos que existe una operativa que presenta “indicadores de riesgo en materia de blanqueo de capitales”. Entienden que el origen puede estar en “actividades de carácter ilícito” y, resaltan, pueden tener que ver con “las informaciones que vinculan a Anatolii Sharii con actividades coordinadas y remuneradas en contra de los intereses de Ucrania y a favor de los servicios de inteligencia de la Federación Rusa”. Es decir, este servicio de inteligencia de la Guardia Civil, que no es habitual que investigue para un juzgado de instrucción un simple delito fiscal, considera que sí pueden ser espías al servicio del Kremlin.

En el marco de esta causa, que permaneció bajo secreto desde 2024 y hasta la entrada y registro de junio de 2026, y fruto de esas averiguaciones, el Instituto Armado detectó también lo que entendieron como una “operativa aparentemente destinada a la descapitalización del investigado en España” y que se materializó fundamentalmente en la venta de su principal activo económico: su vivienda de Tarragona. Los investigadores indican en su oficio que, tras recibir una cantidad importante de dinero por esa venta, esos fondos fueron utilizados en su integridad, supuestamente, para la compra de joyas y metales preciosos que son “de fácil ocultación”.

A su juicio, esa transformación de bienes inmuebles en joyas se produjo después de que tuviera conocimiento de que se había abierto una investigación por delitos contra la Hacienda Pública y por tanto buscaba “eludir posibles responsabilidades de tipo económico, dificultando la localización y recuperación de activos”.

La entrada y registro: una glock 19

Ya en 2025, la Guardia Civil consideró conveniente que el juez instructor acordara una serie de diligencias, como emitir comisiones rogatorias a Lituania, Polonia, Luxemburgo, Francia y Ucrania, no solo para conocer la realidad patrimonial de los investigados -“cuantificar el volumen total de ingresos y su trazabilidad”- sino para ahondar en la sospecha de que pudieran ser agentes rusos afincados en Catalunya: “Se deben verificar las actividades desarrolladas por Anatolii Sharii, en concreto las informaciones que apuntan a su aparente participación remunerada al servicio de la inteligencia de la Federación Rusa, y la existencia de posibles procedimientos que, por estos hechos, existan en su contra”.

Por otra parte, a lo largo de la investigación se han llegado a realizar seguimientos tanto al youtuber como a su pareja, y se acordó esa entrada y registro en su domicilio actual en junio en la que se les requisaron sus teléfonos y sus dispositivos informáticos, algo que los periodistas ucranianos han vivido con preocupación porque en caso de que ese material acabara en manos equivocadas -del Gobierno de Zelenski- podría ser peligroso para las fuentes periodísticas de Sharii.

En el sumario consta que en esa entrada los agentes hallaron, además, una pistola modelo Glock 19; cerca de 800.000 euros en criptodivisas; obras de arte, relojes, joyas y artículos de lujo valorados en 400.000 euros; veinte planchas de oro valoradas en 150.000 euros; además de un vehículo Porsche Cayenne. El juzgado acordó el embargo de las joyas, metales preciosos, obras de arte y los productos financieros digitales -criptomonedas-.

Sobre los seguimientos, en la causa se incluyen fotografías de ambos paseando por las calles de una ciudad europea con el siguiente apunte: “Estarían tomando importantes medidas de seguridad (son cautelosos y efectúan contravigilancias -miran constantemente alrededor, comprobando el entorno-)”. Expertos en derecho penal consultados señalan que este tipo de diligencias no son propias de una investigación acotada a un delito fiscal, si bien es cierto que con la intención de demostrar los días que una persona ha permanecido en España, la Agencia Tributaria sí puede aportar documental gráfica.

Ahora, el Juzgado de Instrucción número 5 de El Vendrell tiene pendiente la toma de declaración como investigados de ambos, las fuentes consultadas señalan que la primera fecha fijada tuvo que postergarse y todo por problemas técnicos dado que se celebrará por videoconferencia. Mientras, la pareja se esfuerza por transmitir que todos los ingresos que han obtenido, incluso los fondos que tienen en cuentas en otros países (incluida la Federación Rusa), proceden de la generación de contenidos en Youtube y de donaciones de seguidores. Un contenido político que incomoda al Gobierno de Zelenski porque pone el foco sobre casos de corrupción.

Sobre la acusación de ser prorruso, Sharii niega la mayor y argumenta que en varias de sus piezas creadas para redes sociales condenó con rotundidad las acciones militares del Ejército de Putin. Además, señala que el hecho de que su propio contenido haya acabado en una web de artículos de tendencia filorrusa no tiene nada que ver con él, que de hecho no recibe emolumentos por ese uso. Así insisten en que no hay un origen ilícito de su dinero y la procedencia se halla, en algunos casos, en donaciones efectuadas por seguidores gracias a campañas de captación publicadas en YouTube.

Por videoconferencia, de manera atropellada mientras se mueve en automóvil en alguna ciudad europea, Olga Bondarenko no da crédito a lo que les sucede y considera que “es un caso abierto por la inteligencia para presionar” a Sharii. Denuncia posibles ataques fallidos a sus dispositivos con el software Pegasus y lamenta que se les hayan requisado de manera desproporcionada todos los dispositivos por un simple delito fiscal. Delito que, por otro lado, achaca a una discrepancia con los impuestos que están dispuestos a subsanar.

Bondarenko, que prefiere que su residencia actual no sea conocida por la prensa, teme que esta causa pueda ser el puente necesario para que Ucrania logre la extradición de ambos a un tercer país que, con posterioridad, pueda agilizar o no oponer resistencia a que sean entregados a Ucrania.