El Gobierno negocia contra reloj concesiones fiscales a Junts para aprobar el martes el decreto de vivienda

El Gobierno intensifica los contactos para que el próximo martes el Consejo de Ministros pueda dar luz verde a un decreto de vivienda que tenga garantías de apoyo parlamentario. El estallido social que ha provocado desde el miércoles el desahucio de Maricarmen ha conseguido reactivar las negociaciones políticas a varias bandas en busca de un acuerdo de mínimos que permita alumbrar un texto en el que, sobre todo, se regulen los alquileres y se limiten los desahucios. Pero para ello el Ejecutivo debe volver a poner de acuerdo a formaciones políticas tan dispares como Junts o Podemos, con las que el Ministerio de Vivienda se está volcando para acercar posturas. 

Fuentes del Ejecutivo revelan que es la propia ministra, Isabel Rodríguez, quien lidera la interlocución directa con Míriam Nogueras y Ione Belarra. Y las sensaciones en el Gobierno no son ni mucho menos las de hace solo unas semanas, cuando el decreto permanecía varado ante el absoluto bloqueo de las conversaciones. Existe el convencimiento entre las partes de que el caso de Maricarmen sí que ha agitado la política española y que quizás eso puede dar paso a un acuerdo que hasta ahora parecía imposible: Rodríguez, de hecho, afirmó este jueves que lo ocurrido en las últimas horas “ha aproximado algunas posiciones que hasta ahora venían más distanciadas”. Las negociaciones, no obstante, se prevén largas, y que el Ejecutivo pueda aprobar el martes un texto para que entre ya en vigor solo sería el primer hito de las mismas. Después, habría un mes por delante para seguir buscando el pacto antes de que el decreto se sometiera a votación en el Congreso para su convalidación definitiva.

En lo que se centra el Ministerio de Vivienda es en atar los votos de Junts, sin duda los más difíciles de amarrar de cuantos necesita en el Congreso. Porque los independentistas catalanes ya se comportan en la práctica desde hace muchos meses como una fuerza más de oposición junto a PP y Vox, y por eso el Gobierno ya hace una lectura optimista del mero hecho de que ahora se hayan sentado a negociar. Los equipos de Vivienda y de Junts ya se intercambian documentos y la meta es que las cesiones que el Ejecutivo tenga que ofrecer a los de Puigdemont, casi todas en materia fiscal en beneficio de los propietarios, no sean incompatibles con los postulados de Podemos y otros socios de izquierdas. 

Según ha podido saber elDiario.es, una de esas fórmulas que estudia el Gobierno tendría que ver precisamente con las medidas antidesahucios. Lo que recoge la legislación vigente es que desde la primera orden de lanzamiento de un inquilino se abre un plazo legal de cuatro meses en el que ese desalojo se paraliza a la espera de que la administración competente, normalmente comunidades autónomas o ayuntamientos, garanticen una alternativa habitacional. Pero que si transcurrido el plazo no se ha ofrecido esa alternativa, el desahucio se reactiva.

Lo que plantea el texto del Gobierno es una solución intermedia entre la demanda de la izquierda de prohibir los desahucios y el argumento de Junts de la inseguridad jurídica para los propietarios frente al fenómeno de la “inquiokupación”: que a partir del cuarto mes continúe paralizado el desalojo hasta que el inquilino en situación de vulnerabilidad tenga una alternativa pero que sea la administración competente y no el propietario quien acarree con todos los gastos mientras dure el proceso. Esa medida es básicamente la misma que la que planteó Junts hace meses: que el Estado, en lugar de prohibir los desahucios por impago del alquiler, abone a los caseros la renta que hayan dejado de percibir por parte de sus inquilinos vulnerables para así suspender el lanzamiento.

Junts admite negociaciones

Los independentistas confirmaron este miércoles que han iniciado conversaciones con el Ministerio de Vivienda en relación al decreto. Y esa asunción supone una novedad en sí misma, porque Junts lleva muchos meses presumiendo de no negociar nada con el Gobierno, aunque lo cierto es que los puentes nunca se han roto del todo. Fuentes de la formación que lidera Carles Puigdemont aseguraban este jueves que el PSOE está “estudiando” sus propuestas, y afirmaban, además, que “hace dos semanas” hicieron entrega al presidente Pedro Sánchez de un paquete de “medidas concretas para afrontar la crisis de la vivienda” que Junts presentó “hace meses” en el Congreso. “Después de meses de bloqueo del gobierno, el PSOE está estudiando ahora estas propuestas y esperamos una respuesta en las próximas horas”, apuntaban estas fuentes de Junts.

La mención de los independentistas a esas “medidas concretas” que plantearon en el Gobierno “para afrontar la crisis de vivienda” no es casual, sino que señala el camino por el cual los independentistas quieren que discurra la negociación. El pasado mes de abril, Junts presentó una proposición no de ley —una iniciativa sin efectos legales, pero que sí sirve para ejercer presión política— que agrupaba las medidas que, a juicio de los de Puigdemont, deberían adoptarse “en materia de arrendamiento de viviendas”. El grueso de ese paquete es fiscal y va en la línea de lo que los independentistas llevan meses pidiendo al Ejecutivo: deducciones por adquisición de vivienda habitual y también para cuentas de ahorro destinadas a la compra de vivienda, así como exenciones para los inquilinos con rentas por debajo de los 33.000 euros anuales por el alquiler de su vivienda habitual.

En la misma línea, Junts propuso unos meses antes la reducción al 0% del IVA para la compra de vivienda habitual en el caso de los menores de 35 años, así como la cesión a la Generalitat de los inmuebles de la Sareb ubicados en Catalunya. Algunas de las medidas de carácter fiscal exigidas por los independentistas ya estaban contempladas en el borrador del decreto que el Ministerio de Vivienda hizo llegar a los grupos parlamentarios en julio, aunque para Junts ese texto se quedaba corto por no incluir algunas de sus exigencias, como la exención de impuestos a todos los inquilinos —se limitaban esas deducciones a los jóvenes de 18 a 35 años—, la deducción para los pequeños propietarios hipotecados, medidas para facilitar los desahucios exprés o la desgravación de las cuentas de ahorro para la vivienda.

Podemos, la otra formación que mayor distancia mantiene con el Gobierno en materia de vivienda —aunque por motivos radicalmente opuestos a los de Junts—, ni confirma ni desmiente que Vivienda se haya puesto ya en contacto con ellos. Fuentes de la formación prefieren ser cautas y no desvelan cuáles serían las condiciones que pondrían para apoyar el paquete de medidas que prepara el Gobierno, si bien en julio Podemos expresó su línea roja de manera muy clara: no está dispuesto a apoyar ningún decreto que incluya una reforma de la ley del suelo para relajar las regulaciones a la hora de construir vivienda, como pretendía el ala socialista del Ejecutivo. Esta reforma era promovida tanto por el PSOE como por el PNV, aunque Vivienda se niega a concretar si insistirá en incluirla en el decreto y los nacionalistas vascos, por su parte, han evitado pronunciarse a la espera de que la negociación avance.

ERC critica que se negocie primero con Junts

Quien sí decidió este jueves tomar posiciones de cara al reinicio de las conversaciones es ERC. Lo hizo por boca de su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, que se mostró crítico con la decisión del Ministerio de Vivienda de comenzar las negociaciones por intentar convencer a Junts, con el que los republicanos mantienen una intensa rivalidad en Catalunya. “Es un error”, Puigdemont “no debe ser quien le establezca los límites en Vivienda a los demás”, denunció Rufián, que aseguró que son el Gobierno y “las izquierdas” quienes, “después de negociar, le impongan a Junts qué hacer con la vivienda”. “Y si Junts no quiere votarlo, que se retraten y que se sigan hundiendo en las encuestas”, argumentó el dirigente.

Fuentes de ERC van más allá y lamentan que Vivienda haya comenzado a negociar con un grupo con “intereses inmobiliarios” como los que, denuncian, tiene Junts y algunos de sus diputados. No obstante, estas fuentes también admiten que los republicanos están manteniendo ya conversaciones con el Gobierno, y confían en que la “presión” social tanto en Catalunya como en el resto de España empuje al ala socialista del Ejecutivo a poner en marcha medidas “efectivas” para garantizar el derecho a un techo.

Por el contrario, EH Bildu mantuvo un tono más conciliador y verbalizó su disposición a hacer concesiones para alcanzar un acuerdo, aunque también exigió al resto de los grupos que hagan lo propio. Su portavoz adjunto en el Congreso, Oskar Matute, aseguró este jueves que la formación abertzale es consciente de que tendrá que “asumir ciertas cuestiones” aunque les “satisfagan del todo”, pero pidió “lo mismo al resto de actores políticos, que todos nos dejemos pelos en la gatera en pro de un objetivo común, que es frenar los desahucios y frenar la dramática realidad a la que se enfrentan cientos de miles de personas”. Lo único que concretó Matute sobre la posición inicial de su partido en las negociaciones es que EH Bildu rechaza las bonificaciones fiscales “a la carta y generalizadas” que no discriminen por nivel de renta.