El Gobierno y sus socios se unen para frenar el intento de PP y Vox de torpedear la quita de la deuda autonómica
El proyecto de ley que permitiría a las comunidades autónomas solicitar al Estado que asuma más de 83.000 millones de euros de su deuda pública seguirá adelante en el Congreso. Este jueves, la Cámara Baja rechazará las enmiendas a la totalidad con las que PP y Vox pretendían detener la tramitación de la iniciativa presentada por el Gobierno. Y lo hará con los votos a favor de PSOE y Sumar, pero también de todo el resto de sus socios, incluido en esta ocasión Junts, que aunque mostró sus reservas por una quita que ve insuficiente, también confirmó que se opondrá a derribarla al inicio su camino parlamentario como exigían derecha y ultraderecha, que consideran que la norma está fundamentalmente diseñada en favor de Catalunya y en detrimento del resto de comunidades.
El debate de este jueves en el Congreso volvió a evidenciar lo polémica que es, desde que fue presentada hace unos meses, la ley elaborada por el Gobierno para asumir una parte importante de la deuda contraída por las comunidades con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Todas las autonomías gobernadas por el PP —11 de las 17— se han mostrado críticas con la opción de que el Estado reduzca una parte de su pasivo, a pesar de que la ley establece que solo se podrían beneficiar de esta medida las comunidades que así lo soliciten y de que la reducción de la deuda no tendría contrapartidas.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, mostró su estupefacción ante esta posición adoptada por el PP en su defensa de la ley este jueves en el Congreso. “Siete de cada diez euros [de la deuda que se condonaría] benefician a comunidades gobernadas por el PP”, recordó España, que explicó que Andalucía sería la que más beneficiada por la quita en términos absolutos seguida de la Comunidad Valenciana, mientras Canarias sería la comunidad que más reduciría su deuda en términos proporcionales: un 50%. “Hablen ustedes con la Comunidad Valenciana, que tiene un ratio de deuda del 40,4%, hablen con los representantes de la Región de Murcia, la segunda más endeudada, y explíquenles por qué, por razones estrictamente partidistas, ustedes prefieren que sigan soportando esa carga financiera”, espetó.
“Imaginemos una familia que tiene una hipoteca de 250.000 euros y a la que, un día, su banco le comunica que va a asumir 100.000 euros de esa deuda. ¿Alguien cree que esa familia abandonaría la oficina del banco diciendo que no quiere que le reduzcan la hipoteca que tiene? Nadie lo entendería”, argumentó igualmente España, que aseguró que tampoco es comprensible que eso ocurra “cuando el Estado asume una parte de la deuda de una comunidad autónoma”. “Podemos debatir los criterios técnicos y las cantidades, pero resulta difícil de explicar que alguien se oponga a que disminuya la deuda que tiene su institución con los ciudadanos de su territorio”, lamentó.
“Un pago para salvar a Sánchez”
No obstante, el PP se mostró crítico con lo que considera un intento del Gobierno de maquillar el endeudamiento de las administraciones públicas, ya que la ley no contempla una condonación, sino la asunción por parte del Estado de una parte del pasivo de las comunidades. “La deuda global del Reino de España seguirá siendo la misma, lo que cambia es el titular del recibo”, denunció a este respecto el diputado popular Juan Bravo, que también argumentó que la medida premia a las comunidades que han hecho una mala gestión de sus recursos y perjudica al resto. Bravo, asimismo, defendió “la reforma del sistema de financiación” autonómica “para poner fin a la discriminación que sufren las comunidaes peor financiadas”.
Sin embargo, el argumento estrella utilizado por el PP desde hace meses contra esta ley, que también esgrimió Bravo en el debate de este jueves, es que no responde a criterios técnicos, sino a un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. “Solo hay una comunidad autónoma que le compra esta propuesta: Cataluña. Tiene en contra hasta a sus comunidades autónomas, Asturias y Castilla la Mancha”, espetó el diputado del PP, que calificó la norma como “un pago para salvar a Sánchez” acordado “en noviembre de 2023” con ERC.
En la misma línea se expresó el parlamentario de Vox Pablo Sáez, que aseveró que la ley de condonación de la deuda autonómica no “una reforma del sistema de financiación”, “un modelo consensuado” o “una revisión seria de incentivos fiscales”, sino “una operación extraordinaria pactada con grupos independentistas” para resolver “un problema estrictamente político”: la investidura de Sánchez. “Este proyecto de ley demuestra que la igualdad entre españoles queda subordinada a la negociación política con determinados socios parlamentarios”, denunció Sáez, que además coincidió con el PP al afirmar que la norma premia “la mala gestión” y sostuvo que, en realidad, “la deuda no desaparece, tan solo se transfiere de un gobierno a otro”, por lo que “habrá contribuyentes que asumirán la factura de la deuda acumulada por un gobierno autonómico que no es el suyo”.
Junts acusa de “visión anticatalana” a las otras dos derechas
Esta postura de PP y Vox provocó el rechazo frontal de un Junts que acusó a las dos formaciones —a las que, en los últimos tiempos, ha unido sus votos en múltiples ocasiones para derribar iniciativas promovidas por el Gobierno o sus socios— de querer “impulsar la acción recentralizadora del Estado” por su “visión anticatalana”. “El FLA es un invento del PP” durante los años de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo “para someter la voluntad política de las comunidades, y en especial la de la Generalitat de Catalunya”, espetó el diputado independentista Josep Maria Cruset, que sostuvo que dicho instrumento “es una muestra más de cómo los gobiernos españoles, sea cual sea su color político, aprovechan en cualquier ocasión para estrangular a los catalanes, en este caso ahogando al Govern con una mano mientras le obligaban con la otro a mendigar los recursos del FLA”.
Pese a esas duras críticas, Cruset afirmó que su grupo permitirá que continúe la tramitación del proyecto de ley para que el Estado asuma parte de la deuda de las comunidades. “Pero atención: en la tramitación habrá que poner solución a muchas de las deficiencias de la propuesta actual”, advirtió el diputado de Junts, que exigió la quita total y no parcial de la deuda de Catalunya y sostuvo que existe un agravio comparativo de su comunidad con otras como Andalucía, en términos absolutos la más beneficiada de la condonación. “¿Por qué proponen que se rebaje sólo un 19% la deuda de Catalunya y en cambio que se rebaje un 50% la deuda de Andalucía? ¿Van ustedes, diputados de ERC y del PSC, a impulsar un nuevo agravio contra Catalunya?”, espetó.