El juez del caso Montoro apremia a los Mossos para que le informen del avance de su investigación

Rubén Rus, el juez que instruye el caso Montoro desde el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, quiere saber cómo van las pesquisas de la Unidad Central Anticorrupción de Mossos d'Esquadra. En una providencia fechada el 6 de julio pasado, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se interesa por “el estado de las investigaciones” que haya realizado a raíz de los últimos cuatro mandamientos que les ha enviado desde enero de 2026. Por otro lado, según fuentes jurídicas consultadas, el juez ha acordado prorrogar otros seis meses la instrucción.

En la providencia se indica que también quiere que le informen de cualquier novedad en la investigación desde que decidiera abrir esta causa en la que consta como imputado el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por traficar presuntamente desde su ministerio con la modificación de leyes a cambio de beneficios económicos. Junto a él son investigados una treintena de personas por pertenecer a esa trama por delitos de cohecho, prevaricación, fraude contra la administración pública, corrupción y falsedad documental.

Según constaba en el auto de julio de 2025 por el que se levantaba el secreto de la investigación, que se alargó por dos años, el epicentro de esa trama se ubicaba presuntamente en el despacho de abogados que fundó Montoro tras pasar por el Gobierno de Aznar. Despacho que luego abandonó cuando entró en el Ejecutivo de Rajoy, y que le habría servido, según las pesquisas, para beneficiarse de forma ilegal, favoreciendo a empresas del sector gasistas.

Junto al exministro, el juez y Anticorrupción investigan a antiguos colaboradores que pasaron por Hacienda y que operaron en el despacho que el ministro cofundó, primero bajo el nombre de Equipo Económico (EE) y que luego pasó a llamarse Global Afteli, que habría actuado como intermediario entre grandes empresas, especialmente del sector gasista, y el poder legislativo. Entre esos altos cargos del Ministerio durante la etapa Montoro, también imputados, están el exsecretario de Estado Miguel Ferré, y la exsubsecretaria Pilar Platero, así como los exdirectores generales de Tributos Diego Martín-Abril y José Alberto García.

Según describía ese auto por el que Rus imputaba formalmente al exministro, Montoro habría hecho “uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio” para así asegurar “una ganancia al despacho”. El juez considera que las empresas interesadas en reformas debían canalizar sus demandas a través del despacho del ministro, que habría cobrado a cambio de su influencia para llevarlas a cabo.

Siempre según esa resolución, las empresas gasistas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim), que serían Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos, en al menos dos ocasiones, según las pesquisas, habrían contratado al despacho “a fin de que hiciese uso de su red de influencias” para impulsar las reformas legislativas pretendidas. La primera vez, para obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

La segunda vinculación contractual hace referencia a una rebaja fiscal a las gasistas. Así, reza el auto, “sólo con la intervención de EE, mediando pago, culminaron con éxito las reclamaciones de las gasísticas”, con una modificación legislativa. El juez indica que el pago realizado al despacho de Montoro “no obedecería a una prestación real, sino que encubriría una comisión para el ejercicio de su influencia”.

Así, durante el periodo 2011-2019, el despacho de Montoro recibió 779.705 euros de las gasísticas, aunque los informes técnicos, precisa la resolución, los elaboraba un tercero (EY), y que “en el mejor de los casos eran retocados por Equipo Económico”.

Para imputar al exministro de Hacienda, el instructor apunta que “presuntamente, haciendo uso de sus potestades en el cargo”, permitió a su despacho ofrecer a “sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público”. Para ello da por constatado que nombró entre sus altos cargos a personas estrechamente vinculadas a su empresa, “lo que aseguraría la elaboración y tramitación de los anteproyectos de ley y reglamentos a 'demanda' de las mercantiles investigadas”.