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El presidente de Plus Ultra implica a Zapatero en el cobro de una comisión de 530.000 euros por el rescate

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El actual presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha remitido un escrito al juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el que apunta que en enero de 2021 se adoptó la decisión de firmar un contrato con una sociedad denominada Idella Consulenza, de Julio Martínez -amigo y presunto testaferro de Zapatero-, que “vinculaba directamente la remuneración” a la obtención del rescate público de 53 millones de euros para la aerolínea. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, se detalla que esa remuneración era del 1% más IVA de la financiación pública, lo que ascendería a aproximadamente 641.300 euros.

Martínez Sola explica al juez José Luis Calama que finalmente se decidió por ambas partes no formalizar ni ejecutar aquel contrato de la sociedad Idella , si bien Plus Ultra “sí pagó dicho 1% mediante varios pagos a las tres sociedades Análisis Relevante SL, Voli Analítica e Iot Domotic Europe SL -todas vinculadas a Julio Martínez Martínez- que junto con otros pagos en especie que se le reconocieron como efectuados por los numerosísimos vuelos en clase business que solicitó y no pagó (hasta un total de 46), arrojan la suma total de 530.000 euros”. “Es decir, un 1% de los 53 millones del rescate, tal y como habían acordado”, explica.

El actual presidente de la aerolínea, reconoce que ni él ni el entonces director financiero Roberto Roselli llegaron a tener “una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI”. “Pero lo cierto es que, como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con el Sr. Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía la relación con el Sr. Rodríguez Zapatero, asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron 'de acompañamiento'”, añade.

Relata que a pesar del convencimiento que tenían de que presentaron “un expediente administrativo técnico mediante el que la compañía cumplía todos los puntos de elegibilidad para acceder a la ayuda”.