El Tribunal de Justicia de la UE avala que los gobiernos obliguen a las webs porno a verificar la edad de sus usuarios
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que los Estados miembros pueden exigir la verificación de la edad a los usuarios que intenten acceder a páginas webs pornográficas, con el objetivo de evitar el acceso menores. La resolución, publicada este martes, aclara que los países tienen potestad para restringir el acceso a estos portales de contenido para adultos incluso cuando las empresas que los gestionan estén fuera de su territorio.
La decisión responde a una consulta del Consejo de Estado francés, a raíz de los recursos presentados por varias empresas de origen checo. Estas compañías argumentaron que la normativa gala que impone sistemas de control de edad vulneraban las leyes europeas sobre comercio electrónico, que establecen que las plataformas digitales solo deben someterse a la regulación del Estado donde tienen fijada su sede legal.
El tribunal aclara que, aunque dicho principio busca garantizar la libre circulación de servicios en el mercado común europeo, la normativa permite introducir excepciones de orden público o protección de la infancia.
Para aplicar estas restricciones, los magistrados establecen que las medidas deben ser proporcionadas al objetivo que persiguen. “No obstante, antes de adoptar medidas de ese tipo, salvo en caso de urgencia, es necesario, por una parte, solicitar al Estado miembro de establecimiento del prestador de servicios en cuestión que adopte él mismo las medidas adecuadas y, por otra parte, notificar a la Comisión Europea y a dicho Estado miembro la intención de adoptarlas”, explica el TJUE.
La resolución coincide con la tramitación de varias leyes en los países europeos para establecer los marcos normativos para esos controles de edad. Una de ellas es el proyecto español de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. El Gobierno español ha desarrollado una app denominada Cartera Digital Beta, que comenzó a diseñarse con el propósito original de controlar la edad de entrada a los portales pornográficos y que actualmente se proyecta como el mecanismo para vigilar el límite de uso de las redes sociales para los menores de 16 años.
El desarrollo de este sistema se apoya en el reglamento europeo de identidad digital eIDAS 2, que obliga a los veintisiete países de la Unión a ofrecer a los ciudadanos al menos una aplicación de cartera digital compatible desde este año. La aplicación se basa en un modelo de doble ciego, un mecanismo que permite que el ciudadano verifique su identidad sin que el Gobierno o las páginas web a las que intenta acceder conozcan su identidad, asegura el Ministerio para la Transformación Digital.