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Garamendi asegura que entiende la huelga ferroviaria y reitera que “está fuera de plazo” aprobar el SMI en campaña

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El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que, como usuario del tren y veinte días después del accidente de Urda (Toledo), entiende la huelga convocada este martes en el sector ferroviario para exigir un mayor seguridad de la red.

“El otro día hubo una huelga que fue un fracaso, una huelga política, y sin embargo hoy hay una huelga que sí la entiendo, porque es una huelga profesional de los maquinistas y como usuario creo que nos tenemos que sentir por lo menos protegidos por estas personas que lo que están reclamando es más seguridad en los trenes”, ha dicho en declaraciones a los medios tras un evento informativo en CEOE, recogidas por la agencia EFE.

“No nos distraigamos, hace veinte días que hubo un accidente terrible de trenes donde ha muerto un montón de gente y que pone en evidencia la de miles de millones que en toda esta legislatura no se han invertido en mantenimiento”, ha añadido.

El sector ferroviario ha iniciado desde la pasada medianoche una jornada de huelga convocada por la representación sindical en Renfe, Adif y las operadoras privadas Ouigo e Iryo para exigir mayor seguridad en la red española.

Por otro lado, el líder de los empresarios españoles ha reiterado que “está fuera de plazo” que, con las Cortes disueltas y en plena campaña electoral, el Gobierno apruebe este martes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) sin consultar con los agentes sociales.

“Está fuera de plazo y fuera de todo que el Gobierno, cuando ha disuelto las Cortes, se dedique a hacer dos Consejos de Ministros a la semana para hacer campaña electoral”, ha afirmado. Garamendi ha considerado llamativo que para subir el SMI de 2027 hayan obviando el diálogo social y lo hagan con prisas cuando la subida para 2026 fue aprobada el pasado mes de febrero.

“Ni se nos ha consultado, se nos ha informado de mala manera”, ha dicho el presidente de la patronal, que se ha quejado de que el Gobierno siga sin atender la reclamación -compartida por los sindicatos- de que se permitan actualizar los contratos públicos con las subidas del SMI.

También se ha referido a la dificultad que para muchas familias supone subir el salario mínimo a las personas que tienen contratadas en el ámbito doméstico cuando el Gobierno sigue sin deflactar la tarifa del IRPF, “que son más de 17.000 millones” que se quedan en las arcas públicas.