La Fiscalía actuará contra las comunidades que no acojan a los menores asignados por la crisis de Ceuta
La Fiscalía actuará si hay comunidades autónomas que rechazan, muestran reticencias o retrasan la recepción de los menores que le corresponden por reparto solidario tras la crisis de Ceuta. Así lo recoge un decreto firmado este viernes por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que recoge instrucciones precisas para garantizar la “protección” de estos niños y adolescentes en los territorios de origen y de destino de los traslados.
El texto establece que, en caso de rechazo, el fiscal delegado de menores del territorio de destino hará un requerimiento urgente bajo la advertencia legal de las “posibles responsabilidades que pudieran deducirse” en virtud del real decreto sobre menores migrantes no acompañados y, en su caso, ejercerá las “acciones que correspondan”.
El Gobierno anunció esta semana una partida extraordinaria de 25 millones de euros dedicados a la atención de los niños y adolescentes que se encuentran solos en Ceuta. No obstante, todavía se está filiando a los menores y no hay una distribución adjudicada.
El PP asume que las autonomías cumplirán la ley para el reparto de menores de Ceuta, pero la futura distribución solidaria de los niños y adolescentes en la red de acogida de las comunidades autónomas anticipa un conflicto en los territorios en los que gobierna en coalición con Vox (Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León). Vox ocupa las vicepresidencias de las cuatro, además de ostentar competencias de servicios sociales en varias de ellas, y ya ha manifestado su negativa.
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, afirmaba este miércoles que todos los ejecutivos en los que esté Vox se opondrán “a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez” porque “lo ocurrido en Ceuta es una invasión”. Desde el Gobierno han recordado que, en cualquier caso, las comunidades no pueden negarse y lo único que sí podrían hacer es recurrir cada expediente, algo que podría retrasar los traslados unos pocos días.
Pautas de actuación
En este contexto, la fiscal general ha firmado un decreto con pautas de actuación para coordinar a los fiscales delegados de menores. El protocolo establece obligaciones específicas de información y coordinación entre las fiscalías de los territorios de origen y de destino de los traslados.
Así, el fiscal del lugar de procedencia tiene el deber de informar detalladamente a la fiscalía de destino sobre la identidad de los menores reubicados, especificando de forma clara si su expediente de determinación de edad ya está concluido o si continúa en trámite.
La fiscalía del territorio de destino, por su parte, debe abrir diligencias preprocesales o un expediente gubernativo para vigilar y controlar que la autonomía correspondiente presta una atención inmediata y asegura una acogida idónea para los menores. Además, el fiscal mantendrá en todo momento la función de vigilancia y control sobre estas medidas.
En caso de que la comunidad de destino “rechace o muestre reticencias” para acoger a los menores que le corresponden por reparto o se niegue a facilitar información sobre el recurso residencial de acogida, se realizará un requerimiento bajo la advertencia legal de las “posibles responsabilidades que pudieran deducirse” en virtud del real decreto sobre menores migrantes no acompañados y, en su caso, ejercerá las “acciones que correspondan”.