La Fiscalía archiva la denuncia contra Ayuso por el viaje a México al no encontrar indicios de cohecho
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado este lunes la denuncia presentada contra Isabel Díaz Ayuso por un presunto delito de cohecho relacionado con la financiación del viaje institucional que realizó a México entre el 2 y el 11 de mayo de 2026. La fiscal considera que no existen indicios objetivos de que la presidenta de la Comunidad de Madrid recibiera y aceptara un regalo o una ventaja a cambio de su cargo público.
El decreto de archivo, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que la denuncia se apoya fundamentalmente en informaciones periodísticas, diferencias entre los gastos publicados y sospechas sobre quién pudo pagar determinados conceptos del desplazamiento. “Los hechos relatados no presentan, en el estado en que han sido denunciados, caracteres de delito”, recoge la resolución.
La fiscal subraya que la ausencia de determinados gastos en el Portal de Transparencia y la falta de explicaciones públicas sobre su financiación no permiten concluir, por sí solas, que un tercero realizara un pago con relevancia penal. El decreto añade que no consta la identidad de un posible pagador, la aceptación consciente de una ventaja por parte de Ayuso ni una relación entre una hipotética prestación y sus funciones públicas.
La denuncia se basaba en las diferencias entre los gastos publicados
La denuncia fue presentada el 21 de agosto de 2026 por Francisco Javier Flores Vaquerizo, que atribuía a Ayuso un posible delito de cohecho del artículo 422 del Código Penal. El escrito sostenía que el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid recogía únicamente dos gastos del viaje, por un importe total de 623,28 euros, mientras que otros integrantes de la delegación habían declarado cantidades superiores por conceptos como transporte, alojamiento o manutención.
A partir de esas diferencias y de distintas informaciones periodísticas y declaraciones públicas, el denunciante planteaba la posibilidad de que una tercera persona o entidad hubiera sufragado parte de los gastos de la presidenta. Entre las hipótesis mencionadas figuraban los organizadores de los Premios Platino u otras entidades vinculadas al desplazamiento, aunque la denuncia no identificaba a un pagador concreto.
Para esclarecer los hechos, solicitaba 23 grupos de actuaciones, entre ellas la reclamación de facturas, reservas de vuelos y hoteles, información económica y tributaria, comunicaciones, correos electrónicos y declaraciones de testigos. Sin embargo, la Fiscalía considera que estas diligencias pretendían averiguar si había existido una prestación delictiva, quién la habría financiado y si Ayuso la conocía y había aceptado, en lugar de partir de indicios objetivos de un posible delito.
El decreto advierte de que una investigación penal no puede convertirse en una indagación general destinada a descubrir si detrás de la falta de información pública o de una posible irregularidad administrativa existe algún delito. La fiscal también considera desproporcionada la amplitud de las actuaciones solicitadas, que afectaban a datos bancarios, tributarios y económicos de terceros y a relaciones correspondientes a otros ejercicios.