La Fiscalía avala la investigación del juez de los negocios de Zapatero en Bolivia: “Autos razonados milimétricamente”

La fiscal anticorrupción del caso Zapatero se ha opuesto al recurso presentado por la defensa del expresidente del Gobierno en el que pedía que se anulara la parte de la causa en la que se investiga el cobro de 200.000 euros de la empresa Focus Social Research a cambio de su influencia en el gobierno boliviano. En el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, la fiscal Elena Lorente no se queda en argumentar una simple oposición al recurso del abogado Víctor Moreno Catena, sino que sale a defender la instrucción del magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama después de que el letrado le afeara estar llevando a cabo una investigación “prospectiva” y le advirtiera que no disfrutaba de “patente de corso”.

“La referencia corsaria no sólo es que choque con la forma en que se está llevando la instrucción, con autos razonados milimétricamente, sino que implica una concepción contraria a derecho de lo que es una instrucción judicial”, resalta la fiscal en su informe. Y recuerda, por otro lado, que antes de que se presentara el informe concreto sobre esa empresa ya existía en el procedimiento rastro de las transferencias que llegaban a cuentas del expresidente desde la sociedad Focus Social Research “por lo que los hallazgos documentales encontrados en las posteriores entradas y registros -las agendas del expresidente- completan un dato ya conocido”.

Al hilo, echa en cara a la defensa que confunda la idea de la investigación prospectiva “con el deseo de que las pesquisas queden circunscritas a lo que la defensa considera más conveniente, haciendo una peculiar interpretación de lo que es objeto del procedimiento”. Y subraya que a su juicio “el objeto del procedimiento no se circunscribe al relato de hechos de un auto que sostiene una medida de investigación, como es la de entrada y registro”. Así, incide en que la visión de la defensa “es una sesgada y limitativa interpretación de lo que es objeto de esta investigación penal con el objetivo de encorsetarla”.

Es más, indica que esos pagos de la sociedad Focus “ponen en evidencia otro hecho relativo al delito de tráfico de influencias, que venía ya siendo objeto de esta instrucción”. Para la fiscal existe una incuestionable conexidad entre los diferentes hechos investigados: a la presunta influencia del investigado para lograr el rescate público recibido por Plus Ultra “resulta que se suma la presunta influencia del mismo para lograr una oportuna resolución de las autoridades de Bolivia”. “En ambos casos, el investigado sale económicamente beneficiado. En el caso de Plus Ultra con la interposición de la pantalla Análisis Relevante SL y en el segundo con un pago directo en las cuentas bancarias del propio investigado”, añade.

En el recurso de Rodríguez Zapatero, al que también tuvo acceso elDiario.es, el letrado explicaba que, si bien el objeto de la investigación es de “cristalización progresiva” y que el imputado no tiene un blindaje ante nuevos hechos, el magistrado no podía pretender dirigir la investigación hacia “cualquier actuación personal o profesional de la vida del investigado”. Añadía que, en el caso de su cliente, lo hallado es fruto de “una entrada y registro en la que se incautó información masiva” que permitía trazar “con una enorme precisión todo lo que una persona ha hecho, día a día y hora a hora, durante más de seis años”.

En este sentido, aclaraba que el hecho de que esa información masiva esté en la causa “no significa que pueda examinarse en su integridad en búsqueda del descubrimiento de cualquier hecho de apariencia delictiva” porque, en todo caso, el tratamiento y análisis de esa información “debe ir orientada exclusivamente a esclarecer los hechos sobre los que ya existen indicios”.

Así, resaltaba que con la decisión de investigar los pagos de Focus Social Research se extendían las pesquisas “más allá de los hechos sobre los que se consignan indicios de un delito de tráfico de influencias, que se limitan exclusivamente al caso de Plus Ultra”. A su juicio, primero se afirmaba que hay “una red con fines delictivos” y luego se emprendía la búsqueda de más de un delito que demuestre que existe esa red, algo que tilda de “razonamiento falaz”.