La huelga general por la vivienda será el miércoles 11 de noviembre
La huelga general por la crisis de la vivienda será el miércoles 11 de noviembre, la fecha propuesta por el Sindicato de Inquilinas y que ha logrado el respaldo de los sindicatos que convocarán el paro de 24 horas, tras una reunión celebrada este miércoles por la tarde entre todos los colectivos. La huelga se celebrará así antes de la campaña electoral y, en concreto, 18 días antes de los comicios generales del próximo 29 de noviembre.
El anuncio de la fecha ha estado empañado por la noticia de que Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cruelmente desahuciada de su hogar de 70 años por la empresa Urbagestión, ha muerto este miércoles en el hospital Gregorio Marañón, tras una complicación de su salud tras el lanzamiento.
Entre los sindicatos que han apoyado el paro general que reclamaban los movimientos de vivienda están los mayoritarios (CCOO y UGT), pero también otras organizaciones como la CGT y la Intersindical, así como sindicatos regionales con mucho peso en sus territorios, como la gallega CIG y los vascos ELA y LAB. También son convocantes CO.BAS y Solidaridad Obrera.
“CCOO y UGT llamamos a los hombres y mujeres de nuestro país a movilizarse por mejores salarios, por una vivienda digna y por el control de los precios ante una inflación que lastra nuestro poder adquisitivo. La huelga general del 11N es la respuesta a la insaciable avaricia inmobiliaria que especula con uno de los principales derechos de ciudadanía, haciendo prácticamente imposible el acceso a la mayoría a una vivienda digna”, argumentan las centrales en un comunicado conjunto emitido en la tarde de este jueves.
Los sindicatos argumentan la convocatoria en la “política empresarial que aprovecha el crecimiento económico del país para engordar su patrimonio con grandes beneficios a costa de los salarios de las personas trabajadoras” y en el engorde de los márgenes empresariales aprovechando la crisis energética por la guerra en Irán. “La huelga general del 11N es un clamor contra la precariedad laboral y habitacional que lastra a millones de personas, y especialmente a mujeres y migrantes afectados por una situación de vulnerabilidad económica”, detallan.
“UGT y CCOO llamamos a la huelga general el 11 de noviembre para desbloquear la negociación colectiva, para subir salarios, reducir la jornada, mejorar la salud de las personas trabajadoras, erradicar la precariedad, (...) para emplazar a todas las administraciones públicas a impulsar políticas que acaben con la especulación de la vivienda”, recoge la nota.
El Sindicato de Inquilinas: “Maricarmen estuvo contenta con la huelga”
La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha lamentado el fallecimiento de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 desahuciada de su casa por la empresa Urbagestión, y ha asegurado que “hoy el rentismo ha terminado de matar a Maricarmen”. “La especulación y el rentismo matan a gente cada día en el país. Con cada burofax de expulsión, con cada subida de alquiler, se llevan por delante nuestra salud y nuestra vida”, ha aseverado la representante del movimiento inquilino, asegurando que la lcuha será en recuerdo de la mujer fallecida este miércoles.
“Ahora que hemos comprobado nuestra fuerza creciente, hay que dar un paso más y seguir escalando la presión y forzar a los distintos gobiernos actuales y futuros, locales, regionales y estatales, a tomar las medidas que el pueblo exige”, ha dicho Del Río, que ha defendido que este paro es la herramienta “que nos permite pasar de ser muchas personas enfadadas, a ser millones de personas que pueden actuar juntas y coordinadamente”
De cara a la huelga, Del Río ha subrayado que exigen al Gobierno la aprobación de los contratos de alquiler indefinidos, bajadas “drásticas” en el precio del alquiler y la vivienda, un impuesto a la riqueza “para financiar un parque público de vivienda real”, la construcción y la expropiación de viviendas vacías, así como el fin de la vivienda especulativa.
Unión para una huelga “lo más amplia posible”
Aunque este miércoles por la mañana el líder de UGT, Pepe Álvarez, señalaba ya la fecha del 11 de noviembre como la destinada para la celebración del paro, el resto de sindicatos pedía esperar a la reunión de esta tarde –convocada a las 19 horas– con el Sindicato de Inquilinas, en la que han participado todas las organizaciones de trabajadores afines a la iniciativa (de manera presencial o a distancia). El objetivo era respetar el marco de diálogo y la amplitud del espacio de esta convocatoria de huelga general impulsada desde el Sindicato de Inquilinas.
“Se está consultando a todos las fuerzas sindicales del Estado”, destacaban en CGT este miércoles, que señalaba que la organización estaba “haciendo de pegamento en muchos lugares para contactar con esas fuerzas y ponerlas en relación con el Sindicato de Inquilinas”.
Incluso en territorios como Euskadi, donde la relación de los sindicatos regionales con los mayoritarios del Estado (CCOO y UGT) es compleja, desde LAB apuntaban que estaban trabajando “para organizar una huelga lo más amplia posible y con la respuesta más mayoritaria posible”, con la mirada puesta en Euskadi, pero en conexión con el resto del Estado a través del movimiento de vivienda, apuntó a este medio Endika Pérez, responsable de Acción Social de LAB.
Parar el país por la vivienda, los salarios y “el conflicto de rentas”
El paro convocado el próximo 11 de noviembre será la primera gran huelga general en 14 años en España, desde la celebrada en 2012 contra los recortes y las políticas de austeridad del Gobierno de Mariano Rajoy.
Desde entonces, ha habido algunas convocatorias de huelga general, como la feminista del 8M de 2018 y 2019 o las de apoyo a Palestina por el genocidio de Israel, pero en las que los sindicatos mayoritarios no se sumaron a las convocatorias de 24 horas, sino solo a paros parciales.
El paro general del 11-N tiene por objetivo denunciar la crisis de vivienda que atraviesa España, así como los bajos niveles salariales del país que no permiten pagar una “vivienda digna” y “el conflicto de rentas” por el que las empresas han aumentado sus beneficios mientras que los trabajadores han perdido en muchos casos poder adquisitivo debido el auge de precios desde 2021.
La patronal CEOE ha alertado de una posible “ilegalidad” de la huelga, al considerarla “política” y desvinculada de cuestiones laborales. Algo que, sin embargo, choca con múltiples precedentes de huelgas “mixtas” en las que hay reivindicaciones políticas y también laborales, y que han logrado el respaldo de la justicia.