La ley mordaza cumple su undécimo aniversario con su derogación estancada en el Congreso
Este 1 de julio, la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por sus detractores como ley mordaza, cumple 11 años de vigencia. La norma fue una de las últimas aprobadas por la mayoría absoluta de la que gozaba entonces el PP de Mariano Rajoy en el Congreso y desde el momento de su puesta en marcha fue rechazada de manera unánime tanto por la izquierda como por formaciones nacionalistas de derechas como el PNV o CiU, posteriormente Junts. El mismo día de su aprobación, el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, prometió que derogaría la norma instaurada “por el rodillo del PP” cuando alcanzara el Gobierno. Pero, aunque ha habido varias intentonas, la ley mordaza sigue plenamente vigente y su reforma lleva varada en el Congreso más de un año.
La ocasión en la que más cerca estuvo la ley mordaza de ser derogada fue la pasada legislatura. Pero entonces, las tensiones entre el PSOE, por un lado, y ERC y EH Bildu, por la otra, dieron al traste con las negociaciones en una de las últimas fases de la tramitación de la reforma, cuando los grandes pilares de la nueva ley de seguridad ciudadana habían sido ya pactados. Ambas formaciones independentistas compartían el grueso del texto, pero se opusieron al mismo argumentando que el PSOE se había quedado corto en relación con tres asuntos: la prohibición de las devoluciones en caliente de migrantes que cruzan la frontera de manera irregular, el veto a las pelotas de goma como material antidisturbios, y el margen para sancionar las faltas de respeto contra los agentes de la autoridad.
Tras el fracaso de 2023, no obstante, las relaciones entre los socialistas y ERC y EH Bildu se recondujeron. Y eso llevó a que, a finales de 2024, los independentistas vascos anunciaran un acuerdo con el Gobierno para impulsar una nueva reforma de la ley mordaza basada en el texto derribado la anterior legislatura, pero con renuncias por ambas partes. ERC y EH Bildu aceptaron un redactado mucho menos ambicioso en materia de devoluciones en caliente que incluso el que el PSOE llegó a ofrecerles para que no naufragaran las negociaciones de 2023 y, a cambio, los socialistas se comprometieron a retirar “gradualmente” las pelotas de goma del catálogo de material antidisturbios que utilizan las fuerzas de seguridad.
La tramitación de esa nueva reforma comenzó viento en popa, y en octubre de 2024 pasó su primer examen parlamentario al ser tomada en consideración en el Congreso con el apoyo del Gobierno y sus socios, y pese a los votos en contra de PP, Vox y UPN. A finales de diciembre de ese año se cerró el plazo para presentar enmiendas. Pero ese avance a buen ritmo se detuvo ahí, puesto que, al entrar en detalles, surgieron las discrepancias entre los grupos parlamentarios que mantienen la proposición de ley en el congelador.
En verano del año pasado se produjo una reunión informal entre el PSOE y varios de sus aliados (en concreto, Sumar, EH Bildu, PNV y ERC) para intentar desbloquear la tramitación, pero no se logró ningún avance. Y fuentes de la negociación indican que, desde entonces, ha habido pocos movimientos: sí se han producido ciertos intercambios de documentos, indican algunos dirigentes consultados, pero esos contactos no han servido para resolver los desacuerdos, y de hecho la ponencia —el órgano reducido con representación de todos los grupos en el que se debate para alcanzar un primer borrador final de la reforma— ni siquiera ha llegado a reunirse en 2026. “Está congelada”, admite, en lo que se refiere a la tramitación uno de los diputados que forman parte de esa ponencia.
La pugna PNV-Bildu, entre otros motivos
Los motivos de este estancamiento son varios, aunque cada una de las formaciones consultadas pone el foco en uno o en otro en función de su posición. Hace unas semanas, el diputado de Compromís dentro del grupo parlamentario de Sumar, Alberto Ibáñez, aprovechó la agresión de un policía a una docente jubilada que se estaba manifestando en València por la educación pública para exigir al PSOE que “cumpla” con su promesa de derogar la ley mordaza, pero también llamó “al conjunto de los socios a evitar vetos cruzados” para poder “llevar al PSOE una ponencia cerrada que le evite poner más excusas” para cerrar la tramitación.
En ese punto coinciden varias fuentes: los choques entre partidos como PNV y EH Bildu en relación con este asunto son una de las causas principales de que la norma esté congelada, aunque no la única. La pasada legislatura, la fallida reforma de la norma se vehiculó a través de una proposición de ley del PNV, mientras en esta ocasión el Gobierno prefirió permitir que EH Bildu se apuntara el tanto de haber logrado reactivar la reforma. Y eso no es baladí en el cada vez más competido tablero del nacionalismo vasco, y fuentes de la negociación explican que el PNV se está mostrando mucho más duro en esta legislatura en asuntos como el principio de autoridad de las fuerzas policiales.
El texto sobre el que se está trabajando suaviza los artículos que regulan esta materia, en los que se apoyan buena parte de las multas y sanciones que se imponen en virtud de la ley mordaza. La desobediencia a un agente policial, por ejemplo, pasaría de infracción grave a leve, por lo que la multa máxima será de 600 euros y no de 30.000, como hasta ahora. Pero desde el inicio de las negociaciones el PNV ha afirmado que no está de acuerdo con esta medida y en las enmiendas que presentó hace año y medio al texto inicial ha propuesto mantener como graves las infracciones por desobediencia, resistencia a la autoridad y negativa manifiesta y clara a identificarse.
A ello se unen otros desacuerdos, como el que ha expresado Podemos desde que se conoció el pacto entre el Gobierno y EH Bildu con relación a la regulación sobre las pelotas de goma y las devoluciones en caliente, que a los morados les parece demasiado tibia. Podemos apuesta por que se establezca un plazo concreto para prohibir el uso de este tipo de material antidisturbios, algo que el PSOE evitó concretar en su acuerdo con los independentistas vascos, y también quiere que el rechazo en frontera quede expresamente prohibido en la reforma de la ley mordaza, algo que los socialistas siempre han rechazado por considerar que es una materia que debe tratarse en otra ley.
El PSOE, clave
Con este panorama, fuentes de la negociación sostienen que el PSOE se ha puesto de perfil en los últimos meses y no ha hecho demasiado por intentar limar las diferencias que mantienen sus socios tanto entre sí como con la propuesta del propio Gobierno. No obstante, algunas de estas fuentes también afirman que, en las últimas semanas, han percibido un cambio de actitud por parte del ala socialista del Ejecutivo, que estaría empezando a moverse para intentar reactivar la tramitación de una de las pocas normas que, salvo sorpresa, sí podría sacar adelante con seguridad en lo que queda de legislatura.
El Gobierno, además, se encuentra necesitado de buenas noticias ante el pésimo momento que atraviesa a causa de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y de las nuevas revelaciones sobre el caso Leire. No obstante, el PSOE no ha respondido públicamente por el momento a la presión de Sumar, que ha optado por presionar a los socialistas para intentar retomar algo de iniciativa política y mover el foco de los casos de corrupción y la última semana pidió por boca de varios portavoces agilizar la tramitación de la reforma de la ley mordaza.