La lucha por la vivienda estalla en una noche de caos en Oporto: 37 heridos en un desalojo a porrazos

La plaza João I de Oporto, habitualmente un tranquilo punto de encuentro y tránsito en el corazón neurálgico de la segunda ciudad más importante de Portugal, se transformó abruptamente en la madrugada de este jueves en el epicentro de un violento y caótico enfrentamiento que ha sacudido la conciencia del país y ha encendido todas las alarmas políticas. 

Lo que comenzó como una sentada pacífica, una acampada ciudadana que emulaba explícitamente el espíritu indignado de la Puerta del Sol madrileña y su batalla por Maricarmen Abascal, terminó en un mar de cargas policiales, carreras, gritos en la noche y un cruce de acusaciones que ha escalado vertiginosamente hasta las más altas instancias del Gobierno portugués.

En el centro de este debate hay una herida social evidente: la gravísima crisis de la vivienda. Una crisis asfixiante que ha empujado a cientos de ciudadanos a la desesperación de tener que dormir al raso para exigir soluciones habitacionales. Sin embargo, la respuesta que encontraron a las tres de la madrugada no fue una mesa de diálogo ni una promesa gubernamental, sino la fuerza física y lo que las propias fuerzas de seguridad han descrito como una intervención "musculada" de la Policía de Seguridad Pública (PSP).

La chispa se encendió el pasado sábado, cuando cerca de 1.500 personas, convocadas por el Movimento pela Habitação (Movimiento por la Vivienda), tomaron las calles de Oporto en una manifestación multitudinaria. Tras esa marcha inicial, los activistas decidieron plantar un campamento de protesta en la emblemática plaza João I. 

Tras un primer tira y afloja en el que la policía logró retirar las tiendas de campaña el lunes, los participantes celebraron una gran asamblea popular el miércoles, la víspera de los disturbios. Ante la falta de respuestas a la crisis, la decisión fue unánime y desafiante: volverían a montar las tiendas. Acamparían bajo la intemperie como símbolo ineludible de todos aquellos que se quedan sin un techo bajo el que dormir.

Pero el Ayuntamiento de Oporto ya había sacado la artillería verbal, lanzando una severa advertencia que presagiaba lo peor. El alcalde de la ciudad, Pedro Duarte, fue rotundo y cortante en unas declaraciones realizadas el mismo miércoles, al margen de la conferencia Fábrica 2030. "Es evidente que la plaza João I no es un camping y no va a transformarse en un camping", sentenció el regidor, prometiendo públicamente que su administración iba a ser "absolutamente implacable" con cualquier intento de asentar tiendas en la zona céntrica.

Y esa promesa de implacabilidad se materializó de la forma más dura al caer la noche. Según el relato pormenorizado de Pedro Manuel, portavoz oficial del movimiento ciudadano, la primera ofensiva institucional no llegó acompañada de material antidisturbios, sino de maquinaria municipal. 

Alrededor de las 02:00 de la madrugada, vehículos de limpieza intentaron irrumpir en el campamento para dispersar a los concentrados. La respuesta de los manifestantes fue un ejemplo de resistencia cívica: "Hicimos una cadena humana pacíficamente para que no nos retiraran las tiendas", explicó Manuel en unas dramáticas declaraciones a la cadena CNN Portugal.

Los vehículos, incapaces de romper la barrera de cuerpos entrelazados, terminaron por retirarse. Sin embargo, de acuerdo con las firmes denuncias de los activistas, esto no fue más que un amago táctico. "Esperaron a la retirada de los medios de comunicación y se fueron con los vehículos", denunció con amargura el portavoz. La verdadera intervención, la que dejaría un rastro de heridos, estaba a punto de desatarse.

A las 03:00 de la madrugada, el escenario nocturno cambió drásticamente. Los agentes de la Policía de Seguridad Pública irrumpieron de nuevo en la plaza. Anticipando el impacto, los manifestantes volvieron a entrelazar sus brazos, formando una vez más la cadena humana pacífica con el objetivo de garantizar su derecho constitucional a la protesta y proteger las frágiles tiendas de campaña.

Fue en ese preciso instante cuando, según las gravísimas y vehementes denuncias del colectivo ciudadano, los agentes del orden comenzaron a "hostigar a los manifestantes con brutalidad". El portavoz Pedro Manuel no ha dudado en calificar la actuación de las fuerzas de seguridad como una acción directamente "criminal".

El saldo de esta fatídica noche de tensión, según las cifras recopiladas por la organización del evento: al menos 37 personas heridas entre los manifestantes, incluyendo a dos individuos que sufrieron fracturas óseas a consecuencia de los golpes recibidos durante la dispersión.

"Desproporcionada e injustificada"

Las imágenes de la noche, la confusión y los dolorosos testimonios de los allí presentes pintan un cuadro francamente aterrador de la actuación estatal. El Movimento pela Habitação no tardó ni unas horas en emitir un durísimo comunicado oficial condenando los hechos y desmintiendo cualquier conato de provocación ciudadana.

"El movimiento denuncia vehementemente el uso de fuerza extrema, desproporcionada e injustificada durante la intervención policial en la acampada, que se mantuvo desde el primer momento pacífica, sin incitar nunca a la violencia", reza el texto difundido a los medios de comunicación, que subraya el carácter no violento de su sentada ciudadana.

Leonor Figueiredo, otra de las caras visibles y representantes del movimiento, se mostró profundamente consternada ante los micrófonos del canal norteamericano. Asegura con total rotundidad que los manifestantes se encontraban en el lugar "de forma pacífica", por lo que no ve absolutamente ninguna justificación plausible para la contundente intervención de los cuerpos de seguridad. Figueiredo apuntó directamente a las altas esferas municipales, recordando la retórica del alcalde como la chispa que encendió la mecha de la violencia policial: "Pedro Duarte dijo que iba a ser implacable y ya está, ya lo hemos visto, ya hemos entendido el mensaje".

Para defender su legitimidad frente a las acusaciones de alteración del orden, los manifestantes afirman tener la burocracia y la ley de su lado. Citado por la agencia Lusa, el portavoz Pedro Manuel aseguró que contaban con la pertinente "autorización para la manifestación hasta el día 20" de este mes.

Ante lo que consideran una flagrante agresión institucional y una violación de sus derechos civiles, los activistas ya han puesto en marcha toda la maquinaria legal a su disposición. El abogado representante de los manifestantes, Tiago Machado, ha confirmado en declaraciones a Lusa que interpondrá una demanda formal contra la acción policial. En estos momentos, Machado se encuentra recabando frenéticamente todos los vídeos y grabaciones capturadas por los teléfonos móviles de los presentes durante la madrugada del terror, con el firme propósito de utilizarlos como pruebas irrefutables ante los tribunales.

Ley, orden y la "intervención musculada"

Si desde las calles de Oporto se clama contra la violencia desmedida, desde los pulcros despachos oficiales se ha cerrado filas de manera casi unánime en torno a la actuación policial, esgrimiendo el cumplimiento estricto de los horarios, la ley y la preservación del orden público.

El Gobierno portugués no ha dudado en salir al paso de la enorme polémica, intentando blindar la imagen internacional del país y justificando a toda costa el violento desalojo. El primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, que se encontraba en Bruselas cumpliendo con su agenda europea, aprovechó los focos mediáticos para enviar un mensaje político sumamente contundente, negando la mayor y rechazando que las porras y las carreras de Oporto sean síntoma de un malestar social profundo.

En un tono firme y severo, Montenegro advirtió explícitamente a los partidos políticos y a los diferentes movimientos sociales contra la peligrosa tentación de "importar a Portugal climas de inestabilidad" movidos por lo que él denominó como "intereses egoístas", informa EFE. 

Según el jefe del Ejecutivo conservador, la nación lusa no debe verse manchada por las acciones subversivas de unos pocos ciudadanos. "No tenemos esa inestabilidad, no tenemos ese nivel de conflictividad y no podemos caer en el error de considerar que unas pocas personas den ahora la imagen de un país que parece estar en plena agitación. No lo está", sentenció tajante.

Por su parte, el ministro del Interior de Portugal, Luís Neves, ofreció una postura de cierto equilibrio institucional. Horas más tarde de las declaraciones de Montenegro, Neves admitió públicamente que ve "con toda la preocupación" el hecho de que el desalojo de la plaza concluyera con varias decenas de ciudadanos heridos. Sin embargo, no dudó en blindar a sus agentes, asegurando sin paliativos que el operativo policial ejecutado de madrugada era "legítimo". 

Para Neves, el derecho a la manifestación es indudablemente algo "antiguo, relevante y democrático", pero quiso puntualizar que este derecho fundamental también debe cumplir inexorablemente con "el orden y la ley", todo ello con el objetivo primordial de restablecer "la paz y el orden públicos".

Una fuente anónima perteneciente al Comando Metropolitano de la PSP de Oporto, que fue contactada y citada directamente por Euronews, reconoció sin ambages que "hubo necesidad de una intervención más musculada" en el lugar de los hechos. Esta fuente policial, sin embargo, declinó facilitar en ese momento más información detallada, en particular sobre el polémico número de heridos que denuncian los activistas, remitiendo cualquier esclarecimiento oficial para más adelante. La Policía se limitó a confirmar de manera oficial que la protesta había sido desmovilizada en su totalidad y que, a primera hora de la mañana, "no persiste nada más" en la citada plaza.

La justificación técnica, legal y cronológica del asalto nocturno corrió a cargo del director nacional de la PSP, Pedro Moura. En unas muy comentadas declaraciones al canal de televisión RTP, Moura contradijo frontalmente la versión del Movimiento por la Vivienda sobre la supuesta legalidad de mantener la acampada. Según este alto mando policial, la manifestación en la ciudad de Oporto sí estaba permitida, pero contaba con una fecha y hora de caducidad inamovibles: exactamente hasta las 00:30 horas del jueves (una hora más en Madrid).

"La intervención ocurrió sobre las tres de la mañana, estamos hablando de dos horas y media" de tensas negociaciones entre los efectivos de la Policía y los manifestantes para intentar convencerlos de que se retiraran del lugar pacíficamente, detalló Moura. Al fracasar esta vía de diálogo, el director nacional justificó el posterior desalojo violento asegurando que se trató de una respuesta completamente "proporcional" por parte de los agentes. 

Además, y en un intento de contrastar el relato de las víctimas civiles, las cifras oficiales policiales subrayan que durante el choque también resultaron heridos dos agentes de la autoridad, además de un número no precisado de manifestantes lesionados.

Este argumento de caducidad legal del derecho a la protesta coincide milimétricamente con la postura mantenida por el alcalde Duarte. "El derecho a manifestarse no está en cuestión", había matizado el presidente de la Cámara Municipal, "pero no puede chocar con la libertad de todos los demás de la ciudad". Duarte insistió en este aspecto normativo: "La ley de Portugal es muy clara, y dice que las manifestaciones no pueden superar un determinado período, generalmente las 00:30".

Un terremoto político

Como era de esperar, la sangre derramada en el asfalto de Oporto ha salpicado de inmediato el complejo tablero político nacional, abriendo una profunda brecha y un cruce de acusaciones feroz entre las diferentes fuerzas parlamentarias de la izquierda y la derecha.

Los partidos del bloque de izquierdas no han tardado en salir en tromba para cuestionar la proporcionalidad de la actuación del Gobierno y el excesivo celo de las fuerzas de seguridad estatales. El histórico Partido Socialista (PS), que actualmente constituye la tercera fuerza política en el Parlamento portugués, ha expresado sus más profundas reservas ante los hechos. Su secretario general y, en un giro paradójico, exministro del Interior entre los años 2022 y 2024, José Luís Carneiro, se mostró tremendamente crítico incluso antes de que compareciera el actual ministro Neves para dar explicaciones. "Las informaciones que he recibido es que ha habido una intervención desproporcionada en el uso de los medios en relación a esos jóvenes", afirmó Carneiro.

En las antípodas de esta postura empática se encuentra la extrema derecha parlamentaria. El partido ultraderechista Chega, que ostenta actualmente el papel de líder de la oposición en Portugal, no mostró la más mínima simpatía por los manifestantes heridos ni por sus reivindicaciones sociales. Según su fría valoración política, la contundente actuación de la policía "fue correcta".

Pero la onda expansiva de los porrazos nocturnos ha cruzado con rapidez las fronteras del mero debate partidista nacional, atrayendo la mirada atenta y preocupada de las grandes organizaciones internacionales defensoras de los derechos fundamentales. Amnistía Internacional en Portugal ha decidido tomar cartas en el asunto y ha alzado su voz públicamente. 

La ONG ha solicitado de manera formal y urgente que se ponga en marcha una investigación profunda, "independiente, imparcial y eficaz", destinada a esclarecer todos los detalles de la sombría operación policial.