La patronal de las constructoras entra en campaña electoral para reclamar menos regulación en vivienda
La patronal española de constructores y promotores ha entrado en campaña electoral para situar sus exigencias a los partidos políticos: menos regulación en materia de vivienda, un pacto de Estado para solucionar la crisis y más facilidades por parte de la Administración para aumentar la producción de inmuebles y, por lo tanto, la oferta.
Así lo ha planteado el sector en el V Congreso Nacional de Vivienda, que organiza la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) este martes en Barcelona. “En los programas electorales el punto de vivienda debería ser el mismo para todos: llegar a un pacto de Estado, a un consenso como a veces ha ocurrido en sanidad o educación”, ha reclamado su presidente Xavier Vilajoana.
Las jornadas, que coinciden con la aprobación de los nuevos decretos de protección de los inquilinos, debían contar con la intervención de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pero la ley electoral le ha obligado a cancelar. Sí han asistido la directora general de Vivienda y Suelo del Gobierno, Inés Sandoval, así como responsables políticos de comunidades autónomas y ayuntamientos, además de directivos de constructoras, inmobiliarias y fondos de inversión vinculados a este sector.
La convocatoria electoral del 29N vinculada a la crisis de vivienda y al llamado decreto Maricarmen ha marcado el congreso. Vilajoana se ha referido a las protestas sociales de los últimos días, aunque sin señalar a nadie: “Demasiadas veces se usan situaciones dolorosas para hacer política de vivienda, y no hay error más mayúsculo”.
La receta del presidente de la APCE es reducir la regulación en materia de vivienda, que asegura que en los últimos años se ha traducido en “inseguridad jurídica”. “Legislamos con una vorágine”, ha afirmado, “¿pero alguien lo evalúa? Muy poco. Legislamos prueba-error, y más veces con error que con prueba”, ha lamentado.
Tanto Vilajoana como Carolina Roca Castillo, de la asociación de promotores madrileños ASPRIMA, han reclamado también más colaboración de la Administración para aumentar el ritmo constructor. Roca Castillo ha atribudo directamente la “explosión social” de la crisis de vivienda a la falta de oferta. “O recuperamos el ritmo de producción del bien de primera necesidad que es el suelo, o será imposible solucionar esta crisis”, ha apuntado.
Por parte del Gobierno, Sandoval ha defendido los decretos de vivienda frente a un auditorio receloso y ha señalado que también incluye medidas reclamadas por el sector y que deberían servir para ampliar el parque de vivienda. Entre ellas, ha mencionado la reducción del IVA para la venta de vivienda protegida y la rehabilitación para alquiler o los 2.000 millones en avales del ICO para promociones asequibles.
“Los decretos también van dirigidos a quienes financiáis y producís y construís vivienda. Se habla mucho de la protección y la regulación, pero también está la parte enfocada a estimular y ampliar la oferta de vivienda en este país”, ha defendido la directora general, que también ha señalado el Plan de Vivienda 2026-2030 como mecanismo para hacer crecer el parque inmobiliario disponible.
Varias de las voces que han tomado parte en las jornada han criticado que la legislación actual, en referencia velada a los decretos de vivienda, hace recaer los problemas sociales de los inquilinos sobre el propietario. “No podemos revertir sobre el sector privado la cobertura social de la vivienda, porque nos encontramos en una ratonera”, ha expresado Rosa Gallego, CEO de QLiving, que ha rechazado la etiqueta de fondo buitre. “Yo no soy un fondo buitre, soy un fondo de inversión”, ha reivindicado.
Una de las críticas más duras a las regulaciones vinculadas a la vivienda, y en especial al tope de los alquileres, ha sido la del CEO de la inmobiliaria Guinot Prunera, Jordi Tomàs, que ha afirmado incluso que “el inquilino tiene la propiedad de la vivienda ”. “Como propietario, la prioridad es la seguridad del cobro”, ha planteado, y ha añadido que las dificultades para desahuciar y recuperar una vivienda hacen “desaparecer” oferta del mercado.
En la mesa de debate, también empresas como Cevasa, Culmina y Lagoom Living han aportado su visión sobre cómo aumentar la producción de viviendas de protección oficial o asequible. En este sentido, han pedido facilidades para optar a suelo edificable, más concursos públicos para construir vivienda y mayor “seguridad jurídica”.