La Seguridad Social sigue adelante con el desahucio en una de sus viviendas pese a que prometió pasarlas a alquiler social

El Ministerio de Seguridad Social ha informado a una de las inquilinas de sus viviendas, Ariadna de la Rubia, que no va a paralizar su desahucio, según ha podido saber elDiario.es. Los Ministerios de Vivienda y agenda Urbana y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunciaron el pasado 22 de mayo que incorporarían estas viviendas al alquiler asequible a través de Casa 47, “respetando el marco legislativo propio del Patrimonio de la Seguridad Social” y que frenarían las subastas y ventas de estas viviendas. Pero, por lo visto, los inquilinos actuales no están en los planes del Gobierno.

“Una vez extinguido el título que legitimaba la ocupación y no habiéndose producido la entrega del inmueble, esta Administración no puede paralizar las actuaciones dirigidas a su recuperación mientras la vivienda permanezca bajo su ámbito de gestión”, dice la carta que ha recibido Ariadna de la Rubia y a la que ha tenido acceso este medio. Como otras 12 familias de Madrid, Ariadna se movilizó contra las finalizaciones de contrato y envió al Ministerio sendas cartas para exigir que paralizase sus desalojos. Antes, el ministerio les había negado la prórroga extraordinaria de dos años aprobada por el propio Gobierno para proteger a los inquilinos de los efectos económicos de la guerra de Irán.

A pregunta de elDiario.es, el Ministerio de Seguridad Social asegura que “los contratos de alquiler llevaban años vencidos y sin posibilidad de prorrogarse” y recuerda que “la Tesorería les dio una posibilidad de adquisición preferente a los inquilinos”. Alude a los “requisitos patrimoniales que exige la normativa”, que es diferente a la Ley de Vivienda porque responde a la Ley general de la Seguridad Social.

“El principio de legalidad rige el procedimiento en virtud del cual se han emitido las notificaciones que se han trasladado hasta la fecha con relación al expediente del que usted es parte interesada”, reza el comunicado. “La paralización, suspensión o afectación de un procedimiento administrativo no se ve afectado más que por la propia normativa que regula nuestro ordenamiento”, alerta la misiva firmada por la subdirectora general de la Seguridad Social, María de las Nieves Fernández, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

El comunicado alude a la normativa prevista en el artículo 104.3.c) de la Ley General de la Seguridad Social y en el artículo 13.1, párrafo final, del Real Decreto 1221/1992. El artículo 104.3 de la Ley General de la Seguridad Social dice que “corresponde a las administraciones o entidades a las que figuren adscritos los bienes inmuebles” funciones como las obras y reparaciones o “ejercitar las acciones posesorias que, en defensa de dichos bienes, procedan en derecho”.

Ariadna entró a vivir en esta vivienda en 2006 por el programa de vivienda joven de José Luis Rodríguez Zapatero. La propiedad era la Tesorería de la Seguridad Social, pero la arrendadora era la Sociedad Pública del Alquiler, que fue extinguida en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Cuando entró a vivir en 2006, Ariadna pagaba 730 euros al mes y renovó su contrato en 2011. Aquel contrato vencía en 2016, pero sin que hubiera una renovación, el contrato entró en tácita reconducción, es decir, seguía vigente sin que hubiera nuevo documento, como muestra el hecho de que año tras año recibiera las actualizaciones del IPC.

En abril de 2024, Ariadna recibió un comunicado conforme a la Tesorería de la Seguridad Social decidía “poner término” al contrato, aunque le daba la opción de comprar el inmueble por su derecho de adquisición preferente.

La vivienda, tasada en 435.956 euros

Un año después, en junio de 2025, recibió la tasación que fijaba el precio de la vivienda en 435.956 euros, que llevó a Ariadna a negarse a la compra. A partir de ahí el Ministerio inicia el “procedimiento de enajenación” y en octubre de 2025 le comunica que el contrato de alquiler “quedará extinguido el 30 de noviembre de 2025”. “En consecuencia, el lunes 1 de diciembre deberá efectuarse la devolución del inmueble”, decía el comunicado firmado por la subdirectora general. “En caso de no producirse la devolución del inmueble en la fecha indicada, la Tesorería de la Seguridad Social iniciará las acciones legales que corresponden para recuperar su posesión”.

El piso tiene 94 metros cuadrados y Ariadna paga por él 1.064 euros al mes, que entre los dos salarios supone para la familia un esfuerzo de alrededor del 30% de sus ingresos. En esa casa han crecido los tres menores que viven con ellos.

Según una auditoría interna de la Tesorería General de la Seguridad Social en 2022, tiene más de 300 edificios, locales y viviendas vacíos. El ministerio no informa de cuántas tiene en alquiler, aunque 12 familias están organizadas con el Sindicato de Inquilinas para frenar sus desahucios. Eran más, pero la mayoría han abandonado ante la presión de recibir comunicaciones para que abandonen sus viviendas.

Paralelamente, el Sindicato ha ido presionando al Ministerio para que frene los desahucios y arrancó un compromiso verbal de que pasaría las viviendas a alquiler social. La falta de un compromiso por escrito les llevó a ocupar la sede del Ministerio el pasado 22 de mayo, pero al cabo de un rato el Ministerio de Vivienda anunció un acuerdo para el traspaso de esta vivienda al parque de alquiler.

El Sindicato de Inquilinas avisa que va a “relanzar la campaña” por salvar a estas familias “con más fuerza”, con tal de “señalar tanto al Ministerio de Seguridad Social, y a su Ministra, Elma Sainz, como al Ministerio de Vivienda y a su ministra, Isabel Rodríguez, como responsables de esta situación”. Hace un día, interrumpieron un acto de la ministra de Vivienda.

Fuentes del sindicato expresan que los ministerios han “mentido” a los negociadores y a los medios de comunicación al anunciar la paralización de las subastas y ventas. “No permitiremos que se expulse a las inquilinas de las viviendas de la TGSS, igual que no vamos a permitir que se expulse a Maricarmen de su casa. Si este gobierno continúa desahuciando como un fondo buitre, incluso después de haber alcanzado un acuerdo, queda claro una vez más que son responsables directos de la crisis de vivienda, junto a los especuladores y los demás gobiernos del Partido Popular y VOX”, señalan fuentes del sindicato.