Mentiras y verdades del debate sobre vivienda entre PP y PSOE
El cara a cara electoral en la Cadena Ser entre la ministra Isabel Rodríguez, y el portavoz económico del PP, Juan Bravo, sobre la vivienda, se ha saldado este miércoles con buen tono pese al intercambio de reproches, pero sin grandes propuestas novedosas para atajar el problema y con numerosas mentiras o medias verdades por ambas partes.
Mientras que la representante del PSOE ha defendido las últimas medidas del Gobierno para dar estabilidad a los inquilinos e inquilinas, Bravo ha abogado por la construcción de viviendas y medidas antiocupación, así como exenciones fiscales a inquilinos y propietarios y ayudas a la primera vivienda. Todas sus medidas han sido alguna vez aprobadas o propuestas por el PSOE en decretos que el PP siempre ha rechazado.
Si Bravo ha vuelto a defender que impulsarán “la solución para construir un millón de viviendas” sin precisar cuántas de ellas serán públicas, Rodríguez le ha respondido con un dato más que engañoso. “Pedro Sánchez ya ha construido un millón de viviendas”. Se refería la ministra a los 940.000 visados de obra para vivienda tanto pública como privada entregados durante el mandato, lo cual no equivale a la construcción, ya que el visado es una autorización inicial mucho antes de que se inicie incluso la obra.
Cifras infladas de construcción
En realidad, desde que Sánchez llegó al poder, contando el año 2018, se han construido 752.000 viviendas contando públicas y privadas en ocho años, a razón de 94.000 al año, una cifra insuficiente en los últimos años, en los que la construcción ha crecido y alcanzó las 100.000 viviendas en 2024, pero lo ha hecho más la creación de hogares hasta los 250.000 anuales en los últimos años.
Con todo y con eso, la construcción durante el mandato de Sánchez ha tenido una tendencia ascendente y ha sido en todos los años superior a cualquier año previo durante el Gobierno de Mariano Rajoy, si bien el contexto postburbuja condicionó los años del ejecutivo popular, en que además aún quedaba stock vacío para cubrir gran parte de la demanda.
De las viviendas construidas, 88.000 fueron públicas, un 11,7%, lejos del 20% de vivienda protegida que ha defendido Isabel Rodríguez que se ha “alcanzado”. Seguramente, Rodríguez se refería a que en el año en curso sí que se ha llegado al 20% de vivienda protegida (11.000 sobre un total de 55.000 terminadas), pero no lo ha precisado. En los años previos, la vivienda pública ha alcanzado el 14%.
El decalaje de vivienda construida y hogares creados forma parte del diagnóstico del problema que comparten PSOE y PP: un déficit acumulado de 750.000 viviendas por el mayor ritmo de creación de hogares que de construcción de vivienda.
Otra de las cifras que enzarza a Gobierno y oposición es el total de vivienda pública construida en la última legislatura, en la que se ha agravado el problema de la vivienda. Mientras que Sánchez 184.000, se han construido tan solo 47.000. Cuando la ministra habla de que se han “activado” 120.000 incluye también vivienda pública no finalizada.
Sin embargo, la solución del PP, que es agilizar la construcción, es una medida en la que el Gobierno del PSOE intenta trabajar desde hace tiempo y el partido liderado por Feijóo rechazó las propuestas de Ley de Suelo de 2024 y 2025. “Hay que reducir la regulación, quitar trabas administrativas y burocráticas y que por un fallo en una obra no se eche atrás un proyecto entero”, ha defendido Bravo, casi parafraseando las propuestas de ley del PSOE de Ley del Suelo.
Contrario a regular el mercado y silencioso sobre su modelo de contrato de alquiler (rechazaron las prórrogas indefinidas y no defienden más protección al inquilino que un posible pacto voluntario entre partes en el programa), Bravo también propone exenciones fiscales y ayudas de compra a la primera vivienda muy parecidas a las incluidas por el PSOE en el decreto de vivienda.
Bravo ha acusado a Rodríguez de “ponerse en la foto cuando una comunidad hace el trabajo”, si bien las comunidades donde el precio de la vivienda más se ha moderado son justamente aquellas que aplican el tope a los alquileres aprobado en la Ley de Vivienda de 2023. Además, la ministra ha pactado con las comunidades transferencia de fondos de hasta 7.000 millones en el último Plan Estatal, cifra que triplica lo anterior, y las comunidades del PP lo han aceptado para después llevarlo a la justicia.
Demagogia con la ocupación
El portavoz del PP ha defendido que con una ley antiokupación se ayudaría a recuperar las 400.000 ofertas que han salido del mercado del alquiler en los últimos años. Son cifras publicadas por Idealista, pero no existe ningún indicio para pensar que el miedo a la ocupación es el que hace caer esta oferta. Si los contratos de alquiler son más largos (se ampliaron a 5 años y ahora además hay prórrogas) y no se construye suficiente vivienda, es lógico que disminuya la oferta de viviendas en alquiler.
Es cierto que parte del mercado ha retirado la vivienda del alquiler para pasarla a compra y que el sector acusa los cambios legislativos, pero la ocupación como allanamiento de vivienda afecta al 0,05% de las viviendas (unas 15.000 denuncias al año) y la mayoría de ocupación actualmente es de familias que no pueden pagar el alquiler, muchas de las cuales acaban desahuciadas. Sobre los desahucios, Bravo no aportó ninguna propuesta ni se pronunció sobre el escudo del Gobierno que su partido ha rechazado en el Congreso.
El PP miente con las subidas de precios
Bravo ha asegurado que el alquiler ha subido un 45% desde 2018, pero estas son las cifras de las ofertas de portales inmobiliarios, que miden el mercado y no los contratos firmados. Las cifras tributarias lo cifran entre un 20 y un 39%.
También ha dicho que el precio de venta ha aumentado un 75% en el mismo periodo, pero las cifras oficiales del notariado en realidad lo cifran en la mitad, el 37%. De nuevo, Bravo utiliza las cifras de los portales inmobiliarios en lugar de los oficiales, lo cual en la compraventa es más grave aún porque la brecha se puede seguir mes a mes y tiene que ver con cómo las negociaciones acaban rebajando el precio final en comparación al ofertado.
Isabel Rodríguez ha defendido “poner un bozal al mercado” y ha señalado que “el principal problema de la vivienda es que en los últimos 40 años se ha confiado el derecho a la vivienda al mercado y eso no ha funcionado”. Ha asegurado que ha habido una “paralización absoluta de la construcción” y “leyes que favorecían a los fondos buitre” durante los Gobiernos del PP, así como “un banco malo que se quedaba con las casas y desahuciaba a la gente”.
Presupuestos y desahucios
Ha dicho además que está “orgullosa del esfuerzo hecho acompañada de la patronal y de los sindicatos”, con la inyección de fondos para priorizar vivienda pública y las prórrogas que permiten “vivir tranquilos” a los inquilinos. Ha asegurado que ha multiplicado “por 30” el presupuesto en vivienda, pero no ha precisado que este incremento incluye los 10.000 millones de euros en préstamos del ICO para primera vivienda que se acaban de aprobar en el último decreto.
En el último año de Rajoy, el presupuesto se situó tras los recortes en unos 500 millones, por lo que 30 veces más sería 15.000 millones, lo cual incluiría las dotaciones del Plan Estatal de Vivienda y los préstamos. Si lo miramos en presupuestos aprobados y ejecutados en 2025, se aprobaron y ejecutaron unos 5.000 millones, si bien en el año anterior la ejecución presupuestaria se quedó en el 30%.
Bravo, por su parte, se ha mostrado extrañado por el diagnóstico de Rodríguez, porque “llevan ocho años en el poder”. Y ha cifrado en 70.000 desahucios los ejecutados durante la era Sánchez, una cifra que se queda corta y que se ceñiría a la última legislatura, pero que en cualquier caso es muy inferior a los que se producían con Rajoy, cuando se alcanzaron 350.000 ejecuciones en 7 años mientras la vivienda vacía de los bancos rescatados se iba a la Sareb.