Miedo e ilusión en Islandia: las claves del histórico referéndum para reanudar las negociaciones con la UE

A medio camino entre el continente europeo y América del Norte, en las aguas estratégicas del Atlántico septentrional, Islandia busca su lugar en el mundo. La nación nórdica, de aproximadamente 400.000 habitantes, se encuentra inmersa en uno de los debates políticos más trascendentales de su historia reciente: la decisión de desbloquear formalmente el diálogo para integrarse como Estado miembro de la Unión Europea (UE).

La convocatoria de un referéndum para ello, este sábado 29 de agosto, es el resultado de un cambio de ciclo político interno, tras la formación del Gobierno de coalición encabezado por la primera ministra socialdemócrata Kristrún Frostadóttir, pero también de una profunda transformación del entorno internacional. La intensificación de las tensiones en el Ártico -de Rusia a China-, las dudas sobre la fiabilidad de las alianzas transatlánticas tradicionales -sí, Donald Trump, hablamos de ti- y las sacudidas económicas planetarias han reavivado un proyecto que los gestores islandeses prefirieron mantener en letargo durante más de diez años.

Para comprender el alcance del refrendo de hoy, en El HuffPost analizamos las nueve principales claves del proceso a través de sus dimensiones políticas, diplomáticas, económicas y de seguridad.

1. ¿Qué se vota exactamente en la consulta?

Empecemos por el principio: la pregunta sometida a votación. No es complicada ni tiene doblez. Dice así: "Á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið?", o sea "¿Debe Islandia reanudar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea?". Las opciones de respuesta son "Já" (Sí) o "Nei" (No). Todo claro. 

La votación no decide la entrada inmediata de Islandia en el bloque comunitario, ya que la consulta tiene un carácter procedimental y exploratorio: autoriza al Ejecutivo a sentarse de nuevo a la mesa de negociación en Bruselas con el fin de pactar un tratado definitivo de adhesión. Sólo eso y todo eso a la vez. La primera ministra, Kristrún Frostadóttir, y su titular de Asuntos Exteriores, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ambas partidarias de abrir el proceso, han insistido en este matiz frente a los sectores euroescépticos, que emplean la confusión para asustar. 

El compromiso institucional estipula que, de ganar el "sí", el equipo negociador islandés intentará cerrar todos los capítulos pendientes con la Comisión Europea (CE). Una vez que exista un documento final con todas las condiciones, cuotas y excepciones detalladas, ese acuerdo se sometería a un segundo referéndum vinculante, en el que la ciudadanía islandesa tendrá la última palabra sobre el ingreso efectivo. Siempre serán los ciudadanos los que den la luz verde final. 

Para el bloque a favor, esto equivale a "ver las cartas sobre la mesa": conocer con exactitud qué concesiones puede otorgar la UE y qué protecciones mantendría Reikiavik. Por el contrario, los partidarios del "no" sostienen que retomar el diálogo pone en marcha una maquinaria diplomática difícil de frenar luego y supone, además, admitir implícitamente que el estatus actual es insuficiente.

2. ¿Por qué se congeló el proceso?

Para entender por qué Islandia necesita una consulta popular para reanudar el diálogo, es necesario conocer el pasado de las relaciones entre Reikiavik y Bruselas -extenso- y remontarse a la crisis financiera internacional de 2008. En otoño de ese año, el sistema financiero islandés sufrió un colapso de proporciones formidables. Los tres principales bancos comerciales del país (Kaupþing, Landsbanki y Glitnir), cuyos balances combinados multiplicaban por varias veces el PIB nacional, se declararon en quiebra. La corona islandesa se desplomó, la inflación se disparó y el desempleo escaló a cotas desconocidas en una sociedad acostumbrada al pleno empleo.

En julio siguiente, bajo el Gobierno de coalición de centroizquierda de la socialdemócrata Jóhanna Sigurðardóttir, el parlamento islandés (o Alþingi) aprobó por un estrecho margen solicitar formalmente la adhesión a la Unión. Quería encontrar un ancla de estabilidad monetaria mediante la futura adopción del euro y blindar al país frente a la vulnerabilidad financiera.

Las conversaciones formales comenzaron en 2010 y avanzaron inicialmente con una celeridad poco habitual en la historia de las ampliaciones comunitarias. En apenas tres años de trabajo técnico, los equipos negociadores lograron abrir un total de 27 de los 33 capítulos que conformaban entonces el acervo de la UE (hoy son 35), llegando incluso a cerrar de forma provisional 16 de ellos, relativos a áreas como ciencia, educación o contratación pública. Otros 11 capítulos quedaron en fase de discusión activa, mientras que apenas seis, como los más espinosos y determinantes para la soberanía nacional, entre los que destacaban la pesca y la agricultura, se mantuvieron sin inaugurar formalmente antes de que el proceso quedara paralizado.

A medida que la economía local se recuperaba gracias a medidas de control de capitales, el auge del turismo y las exportaciones pesqueras, el entusiasmo proeuropeo empezó a enfriarse. Parecía que les bastaba con ellos mismos. En las elecciones de 2013, las fuerzas conservadoras y euroescépticas tradicionales -el Partido de la Independencia (Sjálfstæðisflokkurinn) y el Partido Progresista (Framsóknarflokkurinn)- recuperaron el poder y asentaron ese sentimiento. 

El nuevo ejecutivo paralizó de inmediato las negociaciones, evitando entrar en los capítulos más polémmicos. En marzo de 2015, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Gunnar Bragi Sveinsson, envió una carta unilateral a la Comisión notificando que Islandia no debía ser considerada país candidato. Fin.

Aquella decisión desató masivas protestas en las calles de Reikiavik, ya que la oposición argumentó que el ministro no contaba con la autorización parlamentaria ni había convocado el referéndum prometido para un paso tan serio. La CE adoptó una postura jurídica singular: tomó nota de la comunicación, pero consideró que la solicitud seguía formalmente viva en sus archivos, catalogándola como "en suspenso". Esa fórmula es la que permite hoy reanudar las conversaciones sin tener que iniciar una candidatura desde cero. Si no... 

3. El tablero político islandés

El refrendo vuelve a la agenda nacional gracias a las elecciones parlamentarias de finales de 2024 y del acuerdo de coalición tripartito firmado entre formaciones más propensas a la consulta y al "sí". Hay voluntad pero, también, hay matemáticas. Sumas y coaliciones que sin el refrendo no pueden seguir. 

Ahora mismo, el liderazgo del país lo mantiene la Alianza Socialdemócrata (Samfylkingin) de la premier Frostadóttir. Tradicionalmente favorable a la integración europea, el partido ha moderado su discurso hacia una postura eminentemente pragmática como defender la consulta como un ejercicio democrático de transparencia para evaluar los costes y beneficios de la pertenencia comunitaria.

Sin embargo, el gabinete de cae si no cuenta con el apoyo del Partido de la Reforma Liberal (Viðreisn), encabezado por la actual canciller Gunnarsdóttir. Es la fuerza más abiertamente europeísta del país. Representa al empresariado urbano, profesionales y sectores liberales que consideran que el aislamiento monetario frena la productividad de Islandia y expone al país a tipos de interés desorbitados. En su acuerdo de gobernabilidad puso bien claro que habría referéndum o se iban. Pues aquí llega. 

La coalición se completa con el Partido del Pueblo (Flokkur fólksins), una formación de corte populista y de centroizquierda enfocada en pensiones, bienestar social y justicia redistributiva. Sus bases y dirigentes son predominantemente escépticas respecto al ingreso en la UE, pero apoyaron la inclusión del referéndum en el pacto de gobierno bajo el principio "irrenunciable" de la democracia directa: que el pueblo decida y se cierre el debate.

Cuando el Parlamento debatió la resolución para fijar la consulta, la correlación de fuerzas reflejó la división del país: 34 votos a favor, ocho en contra y 14 abstenciones. Las fuerzas opositoras, en especial el Partido de la Independencia y el Partido de Centro (Miðflokkurinn), criticaron el adelanto de la cita con el argumento de que distrae recursos institucionales y reabre heridas identitarias en un momento de incertidumbre global.

4. El factor geopolítico

Durante décadas, el debate europeo en Islandia estuvo dominado casi con exclusividad por el precio del bacalao y los tipos de interés. Sin embargo, el contexto internacional de los últimos años ha situado la seguridad y la geopolítica en el centro de la campaña y ha añadido urgencia a la votación. 

Islandia ocupa una posición geográfica estratégica en el llamado corredor GIUK (Greenland, Iceland, United Kingdom, esto es, Groenlandia, Islandia y Reino Unido), la puerta de entrada naval y aérea que conecta el Ártico con el océano Atlántico Norte. Miembro fundador de la OTAN desde 1949, el país presenta una particularidad única: no posee fuerzas armadas permanentes. Su seguridad exterior ha dependido históricamente de los acuerdos bilaterales de defensa con EEUU (que mantuvo una base militar en Keflavík hasta 2006) y de las misiones rotatorias de vigilancia aérea de la Alianza.

No obstante, varios acontecimientos recientes han modificado la percepción de vulnerabilidad en la sociedad islandesa, empezando por la reactivación de la flota rusa en el Ártico, con el incremento del tránsito de submarinos y buques de guerra de los de Vladimir Putin cerca de las aguas territoriales islandesas ha generado alarma en los círculos de defensa nórdicos. Quiere asegurar su soberanía económica y militar mediante la explotación de recursos naturales masivos y el control de nuevas rutas marítimas.

Además, está otro amigo de Moscú, China. Su principal interés en el Ártico es el desarrollo de la Ruta Polar de la Seda para acortar las rutas comerciales con Europa y evitar puntos críticos de inseguridad marítima. Está incrementando su atención en la zona y también su presencia. El potencial uso científico-militar de sus investigaciones ha forzado a Occidente incluso a desplegar la misión "Centinela Ártico".

A ello se suma la retórica transatlántica y la crisis de Groenlandia. El hecho de que Donald Trump haya mostrado interés en quedarse con el territorio, que depende del Reino de Dinamarca, ha resonado en el vecino. Es fácil de entender: si el mandatario dice que puede ser suyo "un pedazo de hielo frío y mal ubicado", la definición vale para Groenlandia y para Islandia (que compartió corona con Dinamarca hasta su independencia total en 1944). Normal que observe con inquietud la posibilidad de que el Ártico se convierta en un escenario de disputa entre grandes potencias donde los estados pequeños queden relegados.

El último gran motivo que azuza la consulta es que, aunque la OTAN sigue siendo el paraguas militar esencial para el país, un sector creciente de la sociedad islandesa percibe que la Unión Europea ofrece una red complementaria de seguridad económica, ciberseguridad, protección de infraestructuras críticas y solidaridad política que un país desarmado no puede desestimar. Dato del lunes: el gasto en Defensa de los países miembro podría haber llegado a los 381.000 millones de euros en 2025, una cifra que equivale al 2,1% del PIB. De ser así, el bloque pasaría en una décima el techo del 2% fijado por la OTAN, según datos de la firma de inversiones Banor.

5. La pesca y la estabilidad monetaria

La economía islandesa es el terreno donde chocan de manera más frontal los argumentos de ambos bandos, los del "sí" y los del "no". Y son dos los elementos que resumen la pugna: el control soberano del mar y su riquísima pesca frente a la fragilidad de la moneda nacional.

Por un lado, el sector pesquero, que genera alrededor del 40% del valor de las exportaciones de bienes del país, teme que la integración obligue a supeditar sus caladeros a la Política Pesquera Común de la UE y a compartir cuotas con flotas foráneas, poniendo en riesgo un modelo de gestión biológica e industrial que consideran ejemplar e intransferible. Para Islandia, los recursos marinos no son simplemente un sector económico; son el cimiento sobre el que se edificó su soberanía moderna. Las cuatro "Guerras del Bacalao" disputadas contra el Reino Unido entre los años 50 y 70 del siglo XX forjaron la identidad nacional y culminaron en la ampliación de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) a 200 millas náuticas.

El sector pesquero, organizado en torno a la patronal Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS), teme que entrar en la UE obligue a compartir las zonas de pesca con flotas de otros Estados miembros o a supeditar las cuotas a las decisiones de Bruselas bajo la Política Pesquera Común, expone la agencia AP. Los opositores recuerdan que Islandia gestiona sus caladeros con criterios científicos rigurosos y un sistema de cuotas transferibles individuales que consideran más eficiente y sostenible que el modelo comunitario.

Por su parte, los partidarios de negociar arguyen que la UE ha demostrado flexibilidad en negociaciones complejas y que Islandia podría conseguir salvaguardas especiales, períodos transitorios o un estatus a medida, dado que su peso pesquero no tiene parangón en el continente.

Del lado del sector financiero, el tejido comercial y las familias islandesas sufren de manera recurrente la extrema volatilidad de la corona nacional, una divisa de pequeña escala que suele derivar en tipos de interés estructuralmente elevados, hipotecas indexadas a una inflación oscilante y un alto coste de financiación internacional, factores que convierten la futura adopción del euro en una promesa de estabilidad y certidumbre macroeconómica.

Con una masa monetaria diminuta, la divisa local es vulnerable a la especulación y a oscilaciones bruscas de tipo de cambio. Esto se traduce periódicamente en tipos de interés estructuralmente más altos que en la eurozona para contener la inflación, en  hipotecas indexadas a la inflación que encarecen el coste de vida de las familias y en mayor coste de financiación para las empresas importadoras y de servicios tecnológicos.

Un informe encomendado por el Gobierno a un panel de expertos independientes puso de relieve que la adopción del euro -que requeriría la adhesión plena a la UE- otorgaría una estabilidad macroeconómica duradera y eliminaría los costes de conversión cambiaria, facilitando la diversificación económica más allá del turismo, el aluminio y el pescado.

6. ¿Integración de facto o "democracia por fax"?

Islandia tiene una relación muy curiosa con Europa, porque la está profundamente integrado en la Unión, aunque la mayoría de los ciudadanos fuera del continente lo desconozca. A través del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), en vigor desde 1994, forma parte del mercado único europeo junto a Noruega, Liechtenstein y los 27 Estados miembros de la UE. Además, Islandia es miembro de pleno derecho del Espacio Schengen de libre circulación de personas desde 2001 y participa en programas clave como Horizon Europe y Erasmus+. Todo eso, sin ser el Estado 28. 

Esta situación genera lo que los politólogos nórdicos denominan "democracia por fax", como cita el European Policy Centre (EPC). ¿Eso qué es? Pues que Islandia transpone a su legislación nacional alrededor del 75% al 80% de las directivas y reglamentos del mercado interior europeo para mantener el acceso sin trabas de sus empresas al mercado comunitario. Además, al no ser Estado miembro, Islandia no tiene comisario europeo, carece de diputados en el Parlamento Europeo y no se sienta en el Consejo de la Unión Europea. No puede votar ni vetar las leyes que luego debe aplicar.

Para los defensores de la adhesión, culminar el proceso no supondría, por tanto, un cambio drástico en las leyes cotidianas, sino la recuperación de la soberanía democrática, pasar de ser un mero "receptor de normas" a convertirse en un "creador de normas" con voz y voto en Bruselas, dicen los partidos del "sí". Para los detractores, el acuerdo del EEE es precisamente el equilibrio perfecto: concede las ventajas comerciales del mercado único y la libertad de viajar sin obligar al país a ceder el control sobre sus aguas, su agricultura o su política arancelaria exterior.

7. Las sombras del Brexit y la desinformación

La campaña previa a la votación de este sábado ha estado marcada por todo esto y, también, por la polarización y los riesgos de interferencia digital. La ministra de Asuntos Exteriores causó especial revuelo al advertir de que el país corría el riesgo de sufrir un "momento Brexit", cuando en 2016 las mentiras volaron, de la boca de populistas y ultraderechistas a las redes sociales y los medios clásicos, hasta aparecer como verdades. Luego se han confirmado, se han confesado, pero el divorcio ya estaba en marcha. 

El debate político islandés ha incorporado de manera recurrente el precedente británico, trazando paralelismos sobre los riesgos de simplificar una decisión estratégica de enorme calado. Mientras que en el caso del Brexit las promesas de soberanía sin fricción económica y la polarización derivaron en una salida abrupta con consecuencias directas para sectores clave como la pesca y los servicios, en Islandia las advertencias apuntan a evitar la trampa de los lemas simplistas y la desinformación en redes. La principal diferencia, dice el EPC, radica en el diseño del procedimiento: a diferencia de la votación británica que desencadenó una ruptura inmediata e irreversible, la consulta islandesa plantea únicamente reanudar el diálogo técnico y mantiene una salvaguarda democrática, garantizando que cualquier tratado final deba someterse a un segundo referéndum vinculante antes de que el país asuma un compromiso definitivo.

La jefa de la diplomacia islandesa señaló que el debate público estaba siendo objeto de narrativas simplificadas y tácticas procedentes de actores populistas foráneos, así como de posibles intentos de injerencia encaminados a debilitar la cohesión occidental en el Atlántico Norte. Ante eso, el Ejecutivo ha reforzado la monitorización contra la manipulación informativa y ha enfatizado la necesidad de contrastar datos técnicos sobre cuotas, balanza comercial y aportaciones financieras, con el propósito de evitar que el electorado vote guiado por mitos o percepciones distorsionadas.

8. La mirada desde Bruselas

En las instituciones europeas, la posibilidad de retomar las negociaciones con Islandia se contempla con optimismo y prudencia diplomática. La Comisaria de Ampliación de la UE, Marta Kos, califica el proceso como una decisión soberana de primer orden y subraya que el país ya es un socio de máxima confianza con un alineamiento casi total con los estándares comunitarios. 

Desde el punto de vista técnico, la entrada de Islandia -un Estado con instituciones democráticas sólidas, Estado de derecho consolidado y alto nivel de renta per cápita- representaría el proceso de adhesión más rápido y sencillo de la historia de la Unión, en marcado contraste con las complejas candidaturas de los Balcanes Occidentales o Europa del Este. Allí, las rémoras en democratización, Estado de derecho o corrupción y servicios públicos ralentiza todo. 

"El proceso sería el mínimo protocolario. Las relaciones están muy engrasadas y las dos partes se conocen bien. Reikiavik tiene valores, tiene leyes, tiene instituciones, tiene nivel económico, tiene transparencia y tiene relaciones suficientes con Bruselas como para superar los escollos más duros. Casi único gran problema técnico reside en la defensa de su modelo pesquero y la soberanía marítima", explica el europeísta belga Matthias Poelmans, en una rápida valoración vacacional. 

"Para Bruselas, incorporar a Islandia supondría reforzar la presencia y legitimidad de la UE en el Consejo Ártico y la gobernanza polar, fortalecer la seguridad marítima y la monitorización de cables submarinos y rutas comerciales del Atlántico Norte y enviar un mensaje de vitalidad del proyecto europeo en un contexto de recomposición geopolítica mundial", ahonda. "No obstante, si bien la UE está dispuesta a buscar soluciones flexibles y protocolos específicos, no se desmontará la arquitectura básica del mercado común ni de la Política Pesquera para crear excepciones absolutas incompatibles con los tratados", avisa.

9. ¿Qué ocurre tras el resultado?

A partir de lo que salga de las urnas hoy tendremos dos caminos. Si triunfa el "sí", el gobierno notificará a la Comisión y al Consejo la reactivación formal del expediente de adhesión antes de que termine el año, avalado por los datos. 

Tocará entonces proceder a la apertura de los capítulos más duros, los seis capítulos no abiertos y los 11 en negociación, centrando la batalla técnica en los caladeros de pesca, los derechos de establecimiento en el sector pesquero y los aranceles agrícolas. Una vez redactado el borrador del Tratado de Adhesión, el documento será sometido al veredicto definitivo del pueblo islandés, previsiblemente al cabo de dos o tres años de intensas negociaciones.

Si triunfa el "no", estaríamos ante el punto final a la candidatura. La cuestión de la adhesión quedará zanjada y archivada durante al menos una generación política, si nos atenemos a lo ocurrido en el pasado. Puede que más, porque sería un segundo fracaso, que hace mella. 

Si eso pasa, Islandia mantendrá su pertenencia al Espacio Económico Europeo como marco central de su relación con el continente, con los avances o recortes que se planteen en las revisiones futuras. Eso sí, el país deberá buscar fórmulas alternativas e internas para afrontar la volatilidad de la corona y la diversificación económica sin la cobertura del Banco Central Europeo.

Ahora queda esperar la decisión de los 270.000 islandeses que tienen derecho al voto en este referéndum.