Pedraz retira a Urbán la condición de víctima en el caso del montaje de la coca que urdió contra él la cloaca del PP
Las dificultades para investigar las maniobras contra la oposición por parte de altos mandos policiales durante la época del Partido Popular vuelven a escenificarse en una decisión del juez Santiago Pedraz. El magistrado que instruye desde hace dos años una causa por la guerra sucia contra Podemos ha decidido expulsar de la misma a Miguel Urbán, uno de los fundadores del partido y víctima del montaje más grosero de aquella brigada política, que el juez considera una actuación policial justificada.
elDiario.es desveló que la Fiscalía Antidroga, unidades especializadas de la Policía y la Oficina Antifraude investigaron entre finales de 2015 y mediados de 2016 a Miguel Urbán cuando este era eurodiputado. El comisario José Luis Olivera, puntal de aquella cloaca, consiguió que un individuo declarara ante la Policía y la Fiscalía Antidroga que había visto a Urbán entrar en un bar de Malasaña con una bolsa donde cabrían 40 kilos de droga, subir al piso superior, propiedad del dueño del pub, y bajar después de haber consumado la venta, celebrándola a voces, admitiendo que la cocaína procedía de Venezuela y que el dinero era para Podemos. Urbán, según ese testimonio, habría volcado cocaína sobre la barra para invitar a quien quisiera. El soplón también declaró que el político trapicheaba habitualmente por las esquinas del barrio.
El antiguo eurodiputado de Podemos intentó personarse en la causa por la guerra sucia a Podemos, pero Pedraz lo rechazó. Posteriormente, presentó una querella en la Audiencia Nacional, que tampoco prosperó. Y solo un recurso ante la Sala de lo Penal obligó a Pedraz a investigar mínimamente los hechos. Pero un nuevo auto de la segunda instancia, que rechaza ampliar la querella a José Luis Olivera, acaba de dar pie a Pedraz para retirar la condición de perjudicado a Urbán y expulsarle de la causa.
El juez Santiago Pedraz ha tomado declaración como testigos a cuatro mandos policiales que participaron en el montaje. Todos coincidieron en no recordar casi nada de lo que ocurrió y en defender que, con la información que suministró el confidente, había motivos de sobra para investigar al europarlamentario.
Por su parte, el confidente, Hugo Chiquero, prestó declaración como testigo el pasado 8 de mayo. Se trató, según fuentes presentes en el acto, de un testimonio incoherente, que recurrió al olvido en todo momento, hasta lograr que el fiscal de la causa, Vicente González Mota, mostrara incomodidad por la representación que llevaba a cabo, por videoconferencia, el compareciente. Sin embargo, el fiscal González Mota despacha en una frase que de la declaración de Hugo Chiquero “no se acredita su participación en los hechos investigados” y se opone a llamarle como investigado.
De acuerdo con el fiscal, el juez Pedraz dictó un auto el pasado 27 de mayo, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que zanja: “No hay base alguna para dudar de la declaración de D. Hugo Chiquero, pues teniendo en cuenta que los hechos se remontan a más de 10 años y manifieste que no los recuerda no supone que haya faltado a la verdad”. El juez propone a las acusaciones que si no le creen lo denuncien por falso testimonio en otro juzgado.
Podemos ya ha mostrado su discrepancia con esta valoración del juez. En un recurso ante la Sala de lo Penal, sus abogados califican la declaración de Chiquero como de “una amnesia completamente increíble, siendo incapaz de reconocer su propia firma o los detalles de una denuncia que él mismo calificó en su día como 'un favor a España'”. “Por no recordar, ni siquiera es capaz de recordar si su declaración estuvo condicionada o no por la Policía, o si recibió presiones para dirigirla en un sentido determinado”, añade el recurso de Podemos.
En el mismo auto en el que Pedraz se niega a imputar a Chiquero, el juez despacha la personación del perjudicado por el invento del confidente. Dice el magistrado que, a la vista del último auto de la Sala de lo Penal, “no cabe otra solución que dejar sin efecto la personación de D. Miguel Urbán Crespo”.
El juez se refiere a un auto de la Sala, dictado el pasado 8 de mayo, en el que los jueces de la instancia superior rechazan ampliar la querella por la guerra sucia contra Podemos al comisario que impulsó el montaje a Urbán, José Luis Olivera. Podemos cree que Pedraz obvia la afirmación de los magistrados sobre la “evidente conexidad” entre el presunto montaje contra Urbán y el objetivo de la causa que se sigue por la guerra sucia a Podemos. La Sala escribió que, si aparecen “elementos convergentes o conexos, deben ser traídos al procedimiento que ahora nos ocupa, a fin de llevar a cabo una investigación adecuada de los mismos”, añade el recurso.
En este sentido, la Sala recordaba que el juez había dejado una puerta abierta a que la investigación prospere por una determinada vía. Se trata de una nota confeccionada presuntamente por el comisario Villarejo que su colega Olivera incorporó a la investigación contra Urbán. Esa nota, sobre supuesto blanqueo en Podemos a través de pequeñas cantidades (“pitufeo”), incluía datos bancarios reservados que no podían estar en poder de los policías sin autorización judicial. La nota ha sido solicitada al Juzgado de Instrucción número 6, el del caso Villarejo, para su incorporación al caso de la guerra sucia a Podemos. Y, pese a ello, Pedraz expulsa ya al presunto perjudicado, Miguel Urbán, de la causa.
El recurso de Podemos concluye: “Resulta procesalmente inasumible que el instructor, apenas dos meses después de que la Sala de lo Penal ordenara la incorporación de estos hechos y reconociera la condición de perjudicado del señor Urbán, proceda a la expulsión del procedimiento”. El partido distingue entre la decisión de la Sala de dar la razón a Pedraz en no imputar, por ahora, a Olivera y la decisión de dar carpetazo y no investigar el montaje de la droga.
Rechaza que declare 'Johnny'
En la misma resolución, el juez Pedraz rechaza la petición de la representación legal de Urbán para que declare como testigo el dueño del pub Nueva Visión, conocido en el barrio desde hace décadas como Johnny, a quien el soplón Chiquero también incluyó en la falsa transacción de droga. Pese a los intentos denodados de Olivera para que la causa contra Urbán condujera a las cuentas de Podemos, el fiscal jefe Antidroga de la época se vio obligada a cerrarla en junio de 2016 por la absoluta falta de indicios de delito.
El momento en el que se produjo el montaje de la cocaína contra Urbán y Podemos no es casual. Se enmarcó en un semestre donde arreciaron los informes policiales con falsedades que reproducían determinados medios de la derecha para desacreditar al partido de Pablo Iglesias en pleno auge electoral. Los 69 diputados obtenidos en diciembre de 2015 anticipaban un posible Gobierno de coalición en los comicios de junio de 2016 que desalojara a Mariano Rajoy de la Moncloa. En ese semestre, la cloaca policial del PP elaboró el montaje de la falsa cuenta de Iglesias en Granadinas o el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA).
En la causa de la guerra sucia a Podemos está imputado el secretario de Estado de Seguridad de la época, Francisco Martínez, y una representación de los miembros de la brigada política que participaron también en el caso Kitchen o la operación Cataluña. Recientemente, Pedraz imputó a un exjefe de la UDEF por el viaje que protagonizó a Nueva York en abril de 2016 para recabar un testimonio contra Podemos a través de un documento de dudosa fiabilidad.