Qué son las gigafactorías de IA y por qué el Gobierno ha apostado más de mil millones para traer una a España
Si Europa quiere desarrollar inteligencias artificiales que funcionen con sus normas y valores, entonces tiene que construir la capacidad tecnológica, industrial y financiera para no depender de otros a la hora de entrenarla y gobernarla. Esa idea vale 20.000 millones de euros y tiene una pieza clave: infraestructuras que Bruselas ha llamado “gigafactorías de IA”. Como mucho, habrá cinco de ellas en toda la Unión Europea y España está apostando fuerte para llevarse una.
El principio básico de estas infraestructuras es juntar en un mismo lugar enormes cantidades de potencia de cálculo (hasta 100.000 chips avanzados cada una) con los datos, energía, red y personal especializado para entrenar y desplegar modelos de IA muy grandes. Esa tecnología de vanguardia que a Europa, incluso teniendo en cuenta a la francesa Mistral, le está costando tanto desarrollar.
El objetivo es que no (solo) sean centros de datos gigantes, sino centros de innovación que acerquen la IA avanzada a todo el tejido empresarial, desde grandes compañías no tecnológicas a pymes. “Estas gigafactorías son mucho más que centros de datos. Serán grandes polos de investigación, polos generadores de riqueza en torno a la IA”, aseguró el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en el último Consejo de Ministros.
El Gobierno ha aprobado ya la inversión de más de 1.000 millones de euros para apoyar la candidatura española. Unos 719 de ellos se usarán para constituir la sociedad público-privada que gestionaría la gigafactoría española y otros 300 “aportación voluntaria” al organismo europeo EuroHPC, que gestiona la inversión europea en IA, sumando compromiso político y financiero al proyecto español.
Corriendo antes del pistoletazo de salida
Una muestra del peso que el Ejecutivo está dando a la iniciativa es que la Comisión Europea ni siquiera ha publicado todavía el concurso oficial para optar a las gigafactorías. Se espera que lo haga en las próximas semanas, pero para cuando salga del horno, España quiere estar preparada: ya hay emplazamientos, socios confirmados y dinero encima de la mesa.
La candidatura española se basará en dos polos. Uno estará en Móra la Nova, en Tarragona. El otro, en San Fernando de Henares, en Madrid. ¿Por qué dos, si el objetivo es concentrar en un mismo lugar los chips avanzados, el tejido industrial y el talento? Fuentes del sector privado implicadas en el proceso aseguran a elDiario.es que detrás de esta decisión no está la motivación política de incluir a las dos comunidades con más peso económico de España.
Es “pragmatismo” y un intento de solidificar la candidatura, aseguran las mismas fuentes. Móra la Nova, la ubicación inicial de la instalación, se eligió por la disponibilidad de suelo, potencia eléctrica y acceso a agua de la comarca histórica de la Ribera d'Ebre, así como la fibra óptica necesaria para una infraestructura de este tamaño. Además, se encuentra relativamente cerca del Barcelona Supercomputing Center—Centro Nacional de Supercomputación (BSC), con el que podrá generar sinergias y un gran ecosistema de computación avanzada.
Por otra parte, San Fernando de Henares aporta el músculo corporativo en torno al sector tecnológico con el que cuenta el corredor del Henares. Un ecosistema digital ya consolidado donde ya operan numerosos centros de datos. “Lo que se buscó es aportar más confianza de que se podría llegar a tiempo a todos los compromisos con seguridad, con lo que la propuesta ganaba fuerza”, explican las mismas fuentes.
Un consorcio público-privado
El Gobierno tendrá el 48% del capital de la sociedad público-privada que se constituirá para gestionar la gigafactoría. Según avanzó la semana pasada la Generalitat de Catalunya (que aportará un 1%), Telefónica, ACS y Banco Santander serán los principales socios privados, con un 15,67% cada uno.
El 4% restante corresponderá a Multiverse Computing, una startup con sede en San Sebastián que desarrolla software para hacer más eficientes los modelos de IA, reduciendo costes y consumo energético sin perder rendimiento. El Gobierno ya invirtió 150 millones de euros en la empresa para convertirla en la apuesta tecnológica nacional del proyecto. Con su incorporación, el bloque privado alcanzará el 51% del capital y tendrá el control efectivo del consorcio.
No obstante, fuentes conocedoras de la situación detallan que el proyecto está abierto a la llegada de más socios y los porcentajes finales podrían variar. Por este motivo, prefieren no pronunciarse por el momento sobre sus detalles. Entre dinero público y privado, se espera que cada gigafactoría reúna una inversión de unos 5.000 millones de euros.
“Estamos liderando el consorcio español y, en estos momentos, estamos centrados en todos los trabajos relacionados con la preparación de la oferta final. En cuanto al calendario, la oferta debe presentarse entre junio y julio y esperamos tener un resultado a finales de año. No podemos proporcionar más información al respecto”, afirmó en mayo Borja Ochoa, presidente de Telefónica España, durante la presentación de las cuentas del primer trimestre de la teleco.
La batalla por el control tecnológico (y quién queda fuera)
La construcción de estas infraestructuras estratégicas no solo beneficiaría a las grandes empresas que ejercen de socios principales, sino también a cientos de proveedores europeos más pequeños. Uno de ellos es la empresa española OpenNebula, que desarrolla software de código abierto para gestionar infraestructuras de computación en la nube y está negociando su participación en varias candidaturas de gigafactorías.
Alberto P. Martí, su responsable de Alianzas Estratégicas, alerta en conversación con este medio del riesgo de que las multinacionales estadounidenses están ejerciendo presión para no quedarse fuera de estos proyectos. Existe un riesgo real, avisa, de que el dinero público se termine usando para “pagar licencias, soporte y demás a empresas americanas, porque son ellos los que controlan el software propietario”.
Es decir, que aunque las gigafactorías se instalaran en Europa, podrían terminar operando los chips estadounidenses de Nvidia (ineludibles, al ser los más potentes del mercado para entrenar inteligencia artificial) con programas diseñados también en Silicon Valley. Frente a esto, defiende que priorizar alternativas europeas y abiertas es “la manera de neutralizar el futuro de la infraestructura, de realmente dar a Europa independencia tecnológica”, recordando que, más allá de los chips, el software es lo que le “da vida” a esta iniciativa.
Quién decide y quién vigila
El debate en torno a estas infraestructuras va más allá de la soberanía tecnológica. La coalición IA Ciudadana, formada por una veintena de organizaciones de la sociedad civil que trabajan para defender los derechos humanos en el contexto de las tecnologías digitales, pide que las gigafactorías no se gestionen de espaldas a la gente.
“Decisiones de esta envergadura requieren un debate democrático real: ¿Quién decide qué modelos de IA se entrenarán en estas infraestructuras? ¿Con qué criterios? ¿Qué mecanismos de supervisión pública existirán? De momento, las organizaciones expertas no hemos sido escuchadas en ninguna fase de un proceso que terminará afectando a la vida de la gente de un modo u otro”, lamenta una portavoz en un comunicado remitido a elDiario.es.
La coalición celebra “que España ambicione liderar el desarrollo de infraestructuras de IA en Europa”, pero recuerda que “la democracia en la IA no se mide solo en quién puede usar la tecnología, sino en quién participa en decidir cómo se desarrolla y con qué valores”. “Una infraestructura pública de esta escala, financiada con dinero de todos, debería venir acompañada desde el primer día de mecanismos de gobernanza transparente”, concluye: “Exigimos que estos procesos no sean un trámite de legitimación a posteriori, sino parte constitutiva del proyecto”.