Un diputado de Vox acude al Supremo para recurrir una sanción y acaba condenado a pagar 500 euros
José María Sánchez, diputado de Vox y magistrado en excedencia, ha sido condenado a pagar 500 euros de costas después de fracasar en su recurso contra su expulsión del pleno del Congreso el pasado mes de abril, cuando se encaró tanto con el vicepresidente de la Cámara como con una letrada. Los jueces del Tribunal Supremo entienden que el recurso del diputado de extrema derecha ha sido presentado de forma defectuosa ante el tribunal equivocado y que, además, debe ser condenado al pago de las costas hasta un máximo de 500 euros.
Sánchez, juez adscrito al Tribunal Superior de Castilla-La Mancha antes de ingresar en Vox y conseguir un escaño por Alicante, protagonizó el incidente el pasado 14 de abril. Mientras un diputado de ERC debatía sobre una iniciativa sobre la memoria de represaliados del franquismo, el parlamentario de extrema derecha intentó hacerse oír a gritos desde su escaño y finalmente subió hasta encararse con una letrada y finalmente con Alfonso Rodríguez Gómez de Celis para recriminar unos insultos que atribuía al diputado de ERC. Una tercera amonestación ese día que le costó una expulsión del pleno que ahora recurría.
El exmagistrado y diputado de Vox planteó sus alegaciones ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo y los jueces, tal y como alertaban la Abogacía del Estado y la Fiscalía, rechazan el recurso por falta de jurisdicción. La ley, recuerda el Supremo, atribuye a la los organismos de lo contencioso la capacidad para estudiar recursos contra “actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial adoptados por los órganos competentes del Congreso”.
En este caso, dice el Supremo, fue sancionado “en su calidad de diputado” por unos hechos “que no son ni material funcionarial ni de administración y gestión patrimonial”. Un acuerdo, zanja, “sujeto a derecho parlamentario, no administrativo”. Fuentes jurídicas explican que, en todo caso, este magistrado en excedencia tendría que haber acudido con su reclamación al Tribunal Constitucional.