Vivienda negocia con Junts prohibir los desahucios en pisos de fondos buitre e impedir que estos compren inmuebles
Prohibir la compra de viviendas a los fondos de inversión y vetar los desahucios de inquilinos vulnerables que estén arrendando un piso propiedad de una de estas empresas. Esas son dos de las medidas medidas que se encuentra negociando el Ministerio de Vivienda con Junts, según adelantó este viernes el diario y confirmó elDiario.es, de cara a incluirlas en el decreto que el Gobierno se encuentra elaborando contra reloj en contacto con sus socios parlamentarios para intentar ponerlo en marcha el próximo martes en el Consejo de Ministros.
Estas dos medidas suponen sendos cambios de posición tanto de Junts como del PSOE. Los socialistas, hace un par de semanas, se abstuvieron en la toma en consideración en el Congreso de una proposición de ley de Sumar que pretendía, precisamente, iniciar la tramitación de una ley para prohibir la compra de viviendas a las personas jurídicas, entre ellas los fondos buitre. Por su parte, Junts tumbó —junto a PP y Vox— a principios de este año el escudo antidesahucios que se encontraba vigente desde la pandemia, y se negó a rectificar su postura pese a que el Gobierno intentó volver a ponerlo en marcha recortándolo para que no se pudieran beneficiar de él los inquilinos de caseros con solo una o dos viviendas en propiedad.
La fórmula que negocia ahora Vivienda con Junts buscaría intentar acercar a los independentistas a un acuerdo, dado que los de Carles Puitdemont se abrirían, por primera vez en meses, a recuperar una cierta protección a los inquilinos vulnerables que no pueden pagar su alquier. No obstante, la medida tan solo afectaría a las familias que vivan alquiladas en pisos propiedad de empresas y fondos, que son la minoría, puesto que el parque de vivienda en alquiler en España pertenece muy mayoritariamente a particulares.
Para solventar este agujero, el Gobierno negocia también con Junts —como adelantó hace unos días elDiario.es— una solución intermedia entre la demanda de la izquierda de prohibir los desahucios y el argumento de Junts de la inseguridad jurídica para los propietarios frente al fenómeno de la “inquiokupación”: que los desalojos de familias vulnerables de inmuebles propiedad de particulares se paralicen hasta que el inquilino en situación de vulnerabilidad tenga una alternativa, pero que sea la administración competente y no el dueño del piso quien acarree con todos los gastos mientras dure el proceso.
Esa medida es básicamente la misma que la que planteó Junts hace meses: que el Estado, en lugar de prohibir los desahucios por impago del alquiler, abone a los caseros la renta que hayan dejado de percibir por parte de sus inquilinos vulnerables para así suspender el lanzamiento.