Zapatero entrega al juez el escrito con su “consentimiento expreso” para verificar que no tiene sociedades fuera de España
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha negado este miércoles en la Audiencia Nacional tener cualquier tipo de bien o dinero en el extranjero, oculto o a su nombre, y además ha autorizado por escrito al juez José Luis Calama a comprobarlo si lo considera necesario. Un “consentimiento expreso” para que el juzgado pueda dirigirse a países o bancos “fuera de España, en cualquier territorio y jurisdicción” y acreditar, según su versión, que es titular “directo o indirecto” de nada. Las comisiones rogatorias internacionales destinadas, habitualmente, a examinar este tipo de ocultaciones no necesitan del permiso del investigado.
El expresidente socialista del Gobierno ha comparecido este miércoles durante casi tres horas ante el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional. Una investigación con varias ramificaciones en la que se analiza si pudo cobrar a cambio de favorecer el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra por parte del ejecutivo durante la pandemia de COVID-19, pero también si tenía en la caja fuerte de su despacho en Ferraz joyas por valor de 1,3 millones de euros sin haber tribudado correctamente.
Una de las sospechas que ha expresado el juez instructor en sus autos es que la trama tenía intención de crear una sociedad en Dubái para canalizar el dinero, una modalidad “típica” del blanqueo de capitales con “sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia (...) la sociedad en Dubái habría sido creada para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español”, dijo entonces Calama. “No tengo absolutamente nada fuera de España”, ha contestado este miércoles el expresidente en un comunicado al salir de la Audiencia Nacional. Una declaración que, según el juez, no ha servido para disipar las sospechas que pesan sobre él, aunque no haya visto necesaria la imposición de las medidas cautelares que había pedido la Fiscalía Anticorrupción.
La defensa del expresidente ha entregado un documento escrito al juzgado para reforzar la negación de los hechos y facilitar, explica, que el juez pueda obtener cualquier información sobre él en otros países o en entidades extranjeras. Un “consentimiento expreso” para que la Audiencia Nacional “pueda dirigirse a cualesquiera autoridades administrativas, financieras, bancarias u organismos de toda naturaleza, fuera de España, en cualquier territorio o jurisdicción” para recopilar información “relevante para esta causa”.
Entre esa información sobre cosas que, según Zapatero, no tiene ni a su nombre ni a nombre de terceros en el extranjero, cita: “Activos mobiliarios o inmobiliarios, o de participaciones sociales o de intereses de cualquier tipo en cualquier ente de naturaleza civil o mercantil de los que pudiera ser titular directo o indirecto, mediato o inmediato”. También anuncia su “expresa voluntad” para entregar al juzgado “cuantos documentos fueran necesarios” para la investigación.
Las cuentas del expresidente y de su entorno en España ya habían sido intervenidas por el juez, que hace casi un mes bloqueó saldos hasta 490.780 en las cuentas bancarias de Zapatero. Es el dinero que le abonó la empresa Análisis Relevante, uno de los pagos bajo sospecha en esta causa. El ofrecimiento del expresidente socialista a facilitar el acceso a una información que, afirma, no existe en realidad, estaría destinado a una hipotética comisión rogatoria que el juez Calama enviase a terceros países para rastrear el dinero de la trama.
Las comisiones rogatorias internacionales se tramitan a través de los departamentos de Justicia tanto del país reclamante como del país que recibe la solicitud de información, y por norma general no se suele dar traslado o pedir permiso a las personas investigadas, suponiendo que no se haga bajo secreto de sumario. La información bancaria, de titularidad de números de teléfono o de actividad laboral de un investigado en un tercer país son datos que se entregan o se deniegan en base a los tratados de colaboración que España tiene firmados con esos estados. Según los datos oficiales, España tiene firmados estos convenios con en torno a medio centenar de países, también con Emiratos Árabes Unidos, con el que hay hasta convenio de extradición.
Diversas fuentes consultadas rebajan, por tanto, la relevancia que una autorización del expresidente del Gobierno pueda tener en una solicitud internacional de información sobre productos bancarios o posesiones inmobiliarias, aunque sí pueda llegar a acelerar alguna gestión concreta.