La jueza que instruye la causa penal contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a citarle a declarar en calidad de investigado el próximo 29 de noviembre, según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es. Fuentes jurídicas aseguran que la cita se produce para cerrar el pacto que lleva meses negociando con la Fiscalía y que supone reconocer que cometió dos delitos fiscales y otro de falsedad docuental a cambio de pagar medio millón de euros y ser condenado a una pena testimonial de prisión.
La Fiscalía denunció a González Amador en los juzgados de Madrid por defraudar más de 350.000 euros entre 2020 y 2021 usando un entramado de facturas falsas. El empresario ganó varios millones de euros salidos de comisiones en compraventa de material sanitario en los primeros meses de pandemia y buscó pagar de menos en el Impuesto de Sociedades de su empresa, Maxwell Cremona, imputando gastos de cientos de miles de euros por trabajos que nunca existieron, pero que le beneficiaron fiscalmente.
Durante los primeros meses de investigación, su defensa intentó combatir las acusaciones de Hacienda y defendió que los trabajos eran reales. Pero la estrategia fue virando, poco a poco, hacia el reconocimiento de los hechos y el control de daños. Primero, retiró algunas facturas con las que había intentado pagar menos impuestos; y, un mes antes de ser denunciado, ofreció un pacto a la Fiscalía. En ese acuerdo, que motiva la nueva citación de la jueza conocida este martes, se mostraba dispuesto a aceptar ocho meses de prisión y pagar más de medio millón de euros entre deudas, multas e intereses a cambio de no pisar la cárcel y cerrar el caso con una sentencia de conformidad.
La citación se produce menos una semana después de que la jueza acordara abrir una pieza separada para investigar posibles delitos de la relación entre el empresario y el Grupo Quirón, el gigante de la sanidad privada que disfruta de adjudicaciones de cientos de millones de la Comunidad de Madrid.
La magistrada quiere indagar en si, además de defraudar al fisco, el comisionista incurrió en delitos de corrupción en su relación comercial con el Grupo Quirón. Sin embargo, esa nueva pieza separada no se cruza, sobre el papel, con la ramificación principal del caso y técnicamente no hay impedimentos para llegar a un acuerdo, sostienen las fuentes consultadas.
