Tres empresarios que fueron adjudicatarios de obra pública del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos han negado este viernes ante el juez Leopoldo Puente el pago de mordidas a cambio de esos contratos, informan fuentes jurídicas a elDiario.es. Se trata de José Ruz, vinculado a Levantina Ingeniería y Construcción, y los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR).
Tras sus comparecencias como investigados, el fiscal jefe Anticorrupción, ha solicitado la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales ante el juzgado para Ruz. En el caso de los otros dos, la petición de medidas cautelares se limita a las comparecencias quincenales en sede judicial. El juez Puente ha acordado todas las peticiones de la Fiscalía.
Los tres empresarios, de los que constan mensajes con Koldo García que presentan indicios de delito, han reconocido esos contactos pero han intentando enmarcarlos dentro de consultas sobre obras o retrasos, pero nunca como la prueba de que pagaron mordidas a Ábalos, Koldo García o Cerdán.
El magistrado señala a Ruz como “un elemento común a los principales investigados” en la trama que supuestamente anidó en el Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos. Ruz declaró el pasado febrero en el Supremo por sus vínculos con el supuesto conseguidor, el empresario Víctor de Aldama. Entonces, negó cualquier implicación en irregularidades pero admitió que recurrió a él para cobrar una deuda.
Este viernes, Ruz ha reconocido que pidió a Koldo García que le permitiese hablar directamente con Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y encarcerlado desde el pasado lunes. El empresario ha asegurado que lo hizo para “dejar de ser el último en las adjudicaciones”. “Pasé de estar entre los primeros a el último”, ha dicho el constructor. Ni el juez ni el fiscal le han preguntado después si llegó a producirse ese contacto.
La UCO identifica tres obras adjudicadas a Levantina sobre las que hay “indicios de irregularidad en su tramitación”. Se trata de infraestructuras en Asturias, Teruel y la Autovía del Camino de Santiago adjudicadas a esta constructora por un valor total de 78,8 millones. La Guardia Civil también sostiene que Ruz habría dado dinero en efectivo a Aldama para que posteriormente lo repartiera entre Koldo García y Ábalos. En concreto, alude a un pago efectuado en agosto de 2019 por el constructor al empresario de 50.000 euros que vincula a la obra de la Autovía del Camino de Santiago.
Sobre estas obras el empresario Ruz ha reconocido, a preguntas del juez, que obtuvo más puntaución en el concurso a pesar de presentar una peor oferta económica. Ha respondido que en esa misma época, con Ábalos en el Ministerio, obtuvo otras obras que ganó por la oferta económica, “no por ser el primero en la lista”.
A continuación, el fiscal Alejandro Luzón ha planteado que se desprende de las actuaciones que la suerte de la compañía de Ruz dependía de sus tratos con personas del entorno de ÁBalos porque cuando el ministro y estos salieron del departamento pasó a ser el peor valorado en las ofertas. El empresario lo ha negado: “Seguimos teniendo adjudicaciones, los problemas fueron en obras en alta velocidad y ellos no intervienen”.
Este mismo empresario ha reconocido dos reuniones en el Ministerio de Transportes con José Luis Ábalos aunque con quien tuvo más trato fue con el asesor Koldo García, del que dijo que vió entre una docena y 15 veces. Igualmente, Ruz ha asegurado conocer y haber tratado a Víctor de Aldama. Según los investigadores, el conseguidor de la trama habría sido el instrumento utilizado por Ruz para llegar hasta Koldo y, después, hasta el ministro. “He podido ser utilizado por terceros”, ha dicho a preguntas de su abogado, después de insistir en que no pagó mordidas a cambio de favores o adjudicaciones.
Este viernes también estaban citados como investigados los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, vinculados a la constructora Obras Públicas y Regadíos (OPR), que está bajo sospecha por presuntamente haber pagado mordidas a cambio de al menos tres adjudicaciones del Ministerio de Transportes. Ambos son cuñados de Fernando Merino, el contacto de la trama en la constructora Acciona y que está citado para el próximo lunes.
La Guardia Civil halló en la casa de Antonio Fernández Menéndez un “esquema manuscrito temporal en el que figura el nombre de Ábalos”. Los agentes también se incautaron de dos teléfonos móviles, una tablet, un ordenador y numerosa documentación relativa a expedientes de obras vinculados a la mercantil Obras Públicas y Regadíos. Entre ellos, listados con el dinero adeudado, varios listados con “adjudicaciones históricas del Ministerio de Fomento y OPR”, extractos de pagos o el “borrador de la programación del año 2023 de la Subdirección General de Infraestructuras”, entre otros efectos.
