El empresario Antxon Alonso ha declarado este lunes ante el juez del Tribunal Supremo que le investiga que Santos Cerdán nunca ha participado en la sociedad Servinabar 2000, en el centro de la investigación por corrupción. Según fuentes jurídicas, Alonso ha coincidido en la versión que Cerdán ofreció durante su declaración respecto a que el contrato encontrado por la UCO en casa del empresario era “un borrador” que nunca se llevó a efecto porque el político se echó atrás.
El pasado 10 de junio, agentes de la UCO encontraron un contrato privado de compraventa por el que Alonso cedía 1350 participaciones sociales a Cerdán de las 3.000 que tenía Servinabar 2000. Se trataba de una “escritura privada”, según escribió la Guardia Civil en el acta de registro. Cerdán dijo al juez que el PSN había registrado en 2015 el peor resultado de la historia y que se había planteado dejar la política, pero que después de una conversación con su mujer se echó atrás y rompió el contrato.
Este lunes, Antxon Alonso ha repetido esa versión y ha añadido que él, en lugar de romper el papel, lo guardó en un lugar donde acumula documentos de muchos años y que fue allí donde lo encontraron los agentes de la UCO. En este sentido, Alonso ha insistido en que él es el único dueño de la compañía. Alonso ha confirmado también la versión de Cerdán de que ambos pagaron a medias un pequeño piso en Madrid cuando el político navarro se convirtió en secretario de Coordinación Territorial del PSOE, en 2017.
Antxon Alonso ha reducido los pagos a la fundación vinculada a Ábalos a uno solo de 4472,33 euros y ha negado que estos fueran recurrentes, como apuntaba la Guardia Civil. Ha asegurado que lo hizo para desgravarse igual que ha hecho con ONG como Save the Children o un equipo de fútbol femenino.
Durante su comparecencia, el empresario ha respondido únicamente a su defensa para negar que él o su sociedad hayan participado en el pago de mordidas para obtener adjudicaciones. En este sentido ha insistido en que las obras que aparecen en el informe de la UCO son anteriores a la llegada de José Luis Ábalos al Ministerio de Transportes. Solo una, las correspondientes al Navarra Arena, se realizaron después, pero la tesis de su defensa es que el informe de la UCO no recoge ningún indicio adicional de irregularidades, en el sentido de que no se habla de ella en las grabaciones.
Por su parte, Fernando Merino, ex directivo de Acciona, ha negado el pago de mordidas a cambio de las adjudicaciones de obra concedidas y ha desvinculado su salida de la constructora de estos hechos. Ha asegurado que en 2019 sufrió un infarto y que fue destinado a un par de obras en Andalucía antes de abandonar la empresa de acuerdo con sus responsables. Durante su etapa en Navarra y La Rioja, ha dicho Merino, él reportaba a un superior de Acciona.
Además, Merino ha reducido su relación con Santos Cerdán a que lo conoció cuando llegó destinado a la zona y se dedicó a visitar a todos los agentes sociales y políticos de la zona. Por ello ha negado una cena con el político socialista que se cita en el informe de la UCO. Merino ha contestado a preguntas del juez, el fiscal y su abogado.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para ambos empresarios la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en el juzgado. El juez Puente decidirá a lo largo de la mañana sobre esas medidas cautelares.
