Ryanair ha acelerado en los últimos meses su estrategia de ir al choque con las diferentes administraciones públicas y con los operadores de aeropuertos para conseguir una regulación y unas condiciones que se adapten mejor a su estrategia. Por un lado, en España va a eliminar de su operativa varias rutas y aeropuertos porque considera que las tasas –lo que pagan las aerolíneas por utilizar las instalaciones y todos sus servicios– son demasiado altas. Por otro, ha reforzado los controles y exigido cambios legales para que los pasajeros no vuelen con equipaje de mano. De hecho, ha llegado a reconocer que lo que quiere, en el fondo, es que sus clientes vuelen sin maletas.
El último paso lo ha dado este miércoles. La compañía ‘low cost’ ha anunciado que este invierno reducirá en un millón el número de plazas para volar a distintos aeropuertos españoles, lo que ha despertado un aluvión de críticas. De esas plazas, alrededor de 400.000, vuelan a Canarias. Además, comunicó el cierre en esta temporada invernal –no dijo que pasará el año que viene– de su base en Santiago, la suspensión de sus vuelos a Vigo y a Tenerife Norte, la reducción de la capacidad en Zaragoza, Santander, Asturias y Vitoria y mantendrá su decisión no operar en Valladolid y Jerez.
Ese movimiento supone un golpe para estos aeropuertos regionales, pero Ryanair va más allá y asegura que su decisión supone una “catástrofe turística” porque se trata de aeródromos “vulnerables” y que esa reducción de su actividad “conducirá inevitablemente a una pérdida de inversión, conectividad, turismo y empleo en la España regional, dado que muchas rutas serán económicamente inviables”. Solo en el caso de Galicia, cifra el golpe en más de 170 millones de euros. Hay que recordar que Ryanair ha basado gran parte de su operativa en acuerdos comerciales con administraciones locales, para promocionar rutas a sus aeropuertos y, si decaen esas ayudas, elimina esos vuelos. Es lo que sucedió, por ejemplo, en Vigo.
Esta vez, culpa directamente a Aena, el gestor de los aeropuertos, y al Ejecutivo. “Una vez más, Aena y el Gobierno español (su accionista mayoritario) han fallado a las regiones españolas, cuyos aeropuertos están casi un 70% vacíos”, afirma textualmente la aerolínea. El accionista mayoritario de Aena, con el 51% de las acciones, es la empresa pública Enaire, que es el ente responsable de la navegación aérea en España y que depende del Ministerio de Transportes. En cambio, Ryanair ensalza a otros países como “Italia, Marruecos, Croacia, Albania, Hungría o Suecia” porque “están reduciendo los costes de acceso (especialmente en los aeropuertos regionales) para impulsar el tráfico, el turismo y el empleo, lo que hace que las regiones españolas sean irremediablemente poco competitivas”.
Una subida de tasas de 0,68 céntimos
Ryanair esgrime su decisión por la subida de tasas. Un repunte que viene marcado por las directrices de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y que, para 2026, es de 0,68 céntimos por pasajero. Aena aprobó en julio las tarifas aeroportuarias aplicables durante el próximo año que, como máximo, pueden ser de 11,03 euros por viajero. De momento, no ha habido más aerolíneas que hayan recortado sus vuelos. De hecho, para este invierno van a programar un 2% más de vuelos que en la temporada invernal anterior.
Además, fuentes de gestor aeroportuario señalan que el recorte de un millón de plazas anunciado por la ‘low cost’ es solo el 0,7% de la programación total de las aerolíneas, que alcanza los 137 millones de asientos.
“Todo el mundo sabe que la decisión de un ciudadano de coger un avión no depende de que el billete de avión cueste 68 céntimos de euro más el año que viene, pero Ryanair insiste una y otra vez en lo contrario al tiempo que, sin sonrojarse, la aerolínea irlandesa sube sus billetes de avión en el último año un promedio ¡del 21%!”, enfatizó el presidente de Aena, Maurici Lucena, este miércoles, a través de un comunicado.
Lucena ha sido especialmente crítico con la dirección de la empresa irlandesa por su “fariseísmo”, “mala educación” y “chantaje”. “Si los aeropuertos españoles evolucionaran al son de las exigencias, el lloriqueo, los embaucamientos y la infumable estrategia de extorsión de Ryanair, a medio y largo plazo, dejarían de funcionar bien (como lo hacen en la actualidad) y no serían sostenibles financieramente”, recalcó Maurici Lucena.
Aluvión de reacciones políticas
Esta no es la primera vez que Ryanair decide pegar un recorte a una parte de sus operaciones en España. En enero, ya hizo un movimiento similar, fue cuando anunció el cese de operaciones en Valladolid y Jerez. Y ya provocó las críticas políticas. “Ryanair toma una decisión, que es tratar de darle al Gobierno de España donde le duele. Quito los vuelos en los aeropuertos regionales y de baja ocupación y ya de paso le pego una buena patada en sus partes al ministro quitando el vuelo Valladolid-Barcelona, que lleva 60 años operándose”, aseguró el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Ahora, esas críticas, tampoco se han hecho esperar. Por ejemplo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a convocar a la empresa ‘low cost’ de forma inmediata, ante la previsible afectación en el empleo del recorte de operaciones. “La legislación laboral en España se va a cumplir y no hay ninguna empresa, por muy grande que sea, que no vaya a respetar los mandatos laborales en nuestro país”. Díaz apuntó que, dentro de sus competencias, está el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. “Esta amenaza sí es competencia del Ministerio de Trabajo y ya le digo que el principio de legalidad se impondrá sobre cualquier empresa que opere en España”.
También el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, recalcó que el Gobierno no se someterá a “las decisiones arbitrarias”. “Vamos a mantener siempre con Ryanair y con las compañías un diálogo, pero evidentemente desde el respeto y desde la defensa del interés general”, terció; y también dejó claro que el Gobierno –desde Transportes– mantendrá reuniones para “diversificar los operadores que puedan rellenar el abandono de posibles conectividades” que deje Ryanair.
No solo el Gobierno reaccionó en horas al anuncio de aerolínea de bajo coste. También, los sindicatos. “España no puede vivir con el chantaje permanente de una compañía que lleva haciendo esto desde que se puso en marcha, que explota de manera indigna a los trabajadores y trabajadoras, que niega la libertad sindical”, respondió el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, informa Laura Olías. “Como no respeta a los trabajadores, creo que muchos no le echarán de menos”.
Sin embargo, algunas de las administraciones encabezadas por el PP a las que afecta la decisión de Ryanair se han aliado con las tesis de la ‘low cost’. “Lejos de pensar en esa España que hay que equilibrar y evitar que los focos estén siempre en las grandes capitales, como son Madrid y Barcelona o los núcleos turísticos por excelencia, creo que ha faltado sensibilidad por parte del Gobierno de España subiendo las tasas y haciendo que Zaragoza pierda frecuencias”, afirmó su alcaldesa, Natalia Chueca, en declaraciones recogidas por Europa Press.
La empresa de bajo coste dejará de operar a pesar de que ha sido beneficiaria de dos de cada diez euros en incentivos públicos al tráfico aprobados por las administraciones españolas. En concreto, se habría beneficiado de 158 millones de euros en descuentos en las tasas en menos de cinco años, según la información publicada por Cinco Días.
“Exprimir a los consumidores”
La pelea con Aena y con las administraciones públicas por las tasas no es, ni mucho menos, el único frente abierto por Ryanair en los últimos meses. Ha cargado las tintas, sobre todo, contra el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por la histórica multa que impuso a esta y otras ‘low cost’ por cobrar por el equipaje de mano o reservar un asiento para ir al lado de una persona dependiente.
El consejero delegado del grupo, Michael O’Leary, llegó a llamar al ministro Pablo Bustinduy “loco comunista”, a vestir de “payaso” una imagen del titular de Consumo en una rueda de prensa y a culparlo de la subida de sus precios.
Y, mientras, sigue con su política con el equipaje de mano. A finales de agosto anunció que va a elevar la prima que abona a su plantilla por identificar maletas que exceden de las dimensiones que fija. También eliminó, a partir de noviembre, el límite mensual de bonificaciones que un empleado puede acumular por encontrar maletas grandes para sus estándares, que hasta ahora fijaba en 80 euros.
“Esta práctica ejemplifica un modelo de negocio que consiste en exprimir a los consumidores para ganar aún más a costa de vulnerar sus derechos. Cobrar por el equipaje de mano es ilegal y por eso hemos sancionado a esta compañía con más de 100 millones de euros”, explica el ministro Pablo Bustinduy a elDiario.es. “Han recurrido esas multas a la justicia y confiamos en que nos dará la razón, como hizo el Parlamento Europeo hace pocas semanas y como defienden organizaciones de consumidores en 15 países europeos que han denunciando también estas prácticas”.
“Los gobiernos europeos tenemos la obligación de defender los derechos de los ciudadanos, no el lucro sin límites y la codicia de estas multinacionales. Son actores con mucho poder, pero desde el Ministerio de Consumo vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, contra quien haga falta y donde haga falta, para defender a las personas consumidoras de este tipo de prácticas”, añade el titular de Consumo.
Y no es que Ryanair cargue solo contra España. También este miércoles ha criticado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y “a ciertos gobiernos de la UE” porque entiende que “han permitido otro verano de retrasos récord en el control del tráfico aéreo” por falta de personal en los aeropuertos o problemas en el control aéreo. Asegura que eso ha afectado a 21 millones de pasajeros de la ‘low cost’ irlandesa. A principios de agosto ya lanzó una campaña similar donde jugaba con el apellido de la presidenta y la palabra ‘retraso’ en inglés (delay): “von Derlayed”, ironizó.
