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De Javier Borrego a “Francisca Javiera”: la deriva ultra del exjuez que se mofó de las personas trans en un acto de Vox en el Congreso

“Me llamo Francisco Javiera, y soy mujer”. De Francisca Javiera no había noticias hasta este jueves, cuando Francisco Javier Borrego, abogado del Estado de carrera desde hace medio siglo, exmagistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, concluyó que identificarse durante unos segundos como mujer en el Congreso de los Diputados era un sólido argumento con el que rebatir los postulados de la “Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”, generalmente conocida como “Ley Trans”.

Borrego había sido invitado al Congreso por el grupo parlamentario de Vox para hablar sobre ’Ideología de Género y denuncias falsas’. Presentes, un grupo de diputados de ultraderecha y otros afines a la causa. Y este jurista, nacido en Sevilla hace 75 años, decidió explayarse en un buen puñado de temas que a él le tienen en vilo y que guardan, más o menos, se supone, alguna relación con el título de las jornadas.

A saber: la ley trans, la inmigración, la relación entre Carles Puigdemont y Pedro Sánchez, el consentimiento en las relaciones sexuales. Todo, aderezado con supuesta ironía, “un poquito de humor”, según dijo la diputada Rocío Aguirre para explicar chascarrillos que banalizaban las agresiones sexuales, la identidad de género o el drama de la inmigración: “Hoy me siento mujer”; un “barco negrero” [Open Arms]; “Aquí todos somos adultos, y algunos hemos tenido relaciones sexuales: ¿cuándo es todo el tiempo de una relación sexual?”.  “Confieso que pertenezco a la manosfera”, remató.

Borrego es un jurista con amplio recorrido en órganos nacionales e internacionales devenido en esporádico comentarista político. Desde hace años, adoba sus charlas con una pretendida jocosidad con sello propio, que le sirve para barnizar la carga reaccionaria de sus parlamentos, ya sea una tertulia de Toro TV o unas jornadas jurídicas.

Muchas veces el resultado es desconcertante. En la Universidad de Cork (Irlanda), en 2011, comenzó así su ponencia sobre varias sentencias relativas al aborto dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): “: me gusta la fiesta de los toros, intento entender esa fiesta, pero nunca me atreveré a bajar a una plaza y encerrarme con un toro. Le tengo mucho respeto”.

Pedro Sánchez, “caudillo”

Últimamente, Borrego se prodiga en que le ha publicado ocho artículos en tres años, con los siguientes titulares:

Sus enemigos en esos textos van de María Jesús Montero a George Soros, pasando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien en 2023 definió como un “caudillo” que ha “colonizado una a una todas las instituciones” y “ha vendido España” para poder “seguir durmiendo en la Moncloa y usando el Falcon”.

Fue en un artículo publicado en que comenzaba parafraseando el último parte de guerra de los golpistas tras la Guerra Civil: “En el día de hoy, cautivo y desarmado el Poder Judicial, YO he alcanzado y sometido mi penúltimo objetivo constitucional. La democracia ha terminado. El presidente de la República Plurinacional, Pedro Sánchez-Castejón”.

Del Colegio del Pilar al TEDH

Este desempeño como articulista ha completado en los últimos años una carrera como jurista que comenzó muy pronto y alcanzó altas cotas antes de desempeñarse como abogado en la firma de Miguel Durán, donde aún ejerce.

Según subraya en sus currículums oficiales, Borrego tenía 20 años cuando obtuvo la licenciatura de Derecho, en junio de 1970. Algo muy excepcional que consiguió tras examinarse por la Universidad Complutense de dos cursos en un solo año. Venía del Colegio del Pilar, por el que también pasaron en aquellos años José María Aznar, Alfredo Pérez Rubalcaba, Javier Solana, Juan Miguel Villar-Mir, Juan Abelló, Luis María Ansón o Juan Luis Cebrián, entre muchos otros.

Tras obtener la licenciatura, aprobó la prestigiosa oposición a Abogado del Estado y fue escalando posiciones hasta hacerse con la jefatura del servicio ante la Comisión Europea y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En 2003 obtuvo su primera designación a una labor jurisdiccional (sin ser juez de carrera): de la terna propuesta por el Gobierno de Aznar para juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se impuso con holgura en la votación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa le escogió a él. Borrego sustituyó a una eminencia del derecho internacional público en España, José Antonio Pastor Ridruejo.

La tarea de un juez del TEDH supone valorar las posibles vulneraciones de los derechos humanos cometidas por países firmantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos, manteniendo la independencia de su país de procedencia. De un día para otro, Borrego pasó de representar los intereses de España como abogado del Estado ante el TEDH a ser juez del TEDH. De parte a juez. “Era entre el resto de jueces que se dedicaba a defender al Estado en lugar de a las víctimas. Era un juez no apreciado”, recuerda una fuente con experiencia en el derecho internacional al más alto nivel.

En este sentido, es significativo un artículo en donde celebra la exoneración de España en un caso de presunta elaboración de perfiles raciales por parte de la Policía, y carga en abstracto contra el “litigio estratégico”, una herramienta a la que suelen recurrir ONGs para ampliar derechos consiguiendo reformas legales o interpretaciones extensivas de derechos (humanos, sociales, ambientales) a partir de casos escogidos capaces de sentar precedente.

Crítico con la jurisprudencia del TEDH

Borrego terminó su mandato en Estrasburgo en 2008, pero no perdió de vista lo que sucede en el TEDH, un escenario crucial donde se dirimen no sólo las vulneraciones y abusos de los Estados, sino el alcance en la interpretación de los derechos humanos, que destila las ideas dominantes de cada tiempo.

En 2009 publicó un artículo en en el que arremetía contra la jurisprudencia del tribunal del que había formado parte, acusando a sus jueces (singularmente, a los que procedían de la academia) de producir “una especie de lecciones profesorales, que no sentencias” encaramados en su “torre de marfil”. El motivo de su embestida era la polémica sentencia que acababa de condenar a Italia por mantener el crucifijo en una escuela pública. La sentencia de condena en primera instancia (europea) fue adoptada por unanimidad de siete jueces de sala del TEDH, pero fue revocada por la Gran Sala dos años después, en 2011.

En 2016 volvió a la carga, acusando a sus antiguos compañeros del TEDH de “frivolidad” por, en su opinión, recurrir razonamientos “periféricos” (el derecho a la vida privada) para atacar indirectamente los valores cristianos en sus sentencias relativas al aborto, la muerte asistida y el matrimonio homosexual. Empezaba ese artículo asegurando que un magistrado del TEDH le había reprendido en 2006 por colgar del corcho de su despacho la ecografía donde se veía a su futuro nieto. Lo concluía citando el Evangelio.

Regreso a España: conflicto con el presidente de Sala en el Tribunal Supremo

En 2018 volvería a dar el salto a la más alta función jurisdiccional: fue aupado por la mayoría conservadora en el CGPJ a magistrado de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo por el turno de “juristas de reconocido prestigio”.

Duró poco. Apenas dos años algo turbulentos, en los que el Consejo General del Poder Judicial le abrió un expediente disciplinario a instancias del presidente de su Sala, Luis María Díez-Picazo. Este último denunció que Borrego le había faltado al respeto y amenazado en su despacho tras una discusión a propósito del retraso con el que llevaba sus asuntos. Borrego contraatacó asegurando que Díez-Picazo le negó el saludo en un bar antes de mandarlo a paseo, según informó en su día Finalmente, el CGPJ archivó el expediente por no haber quedado acreditada la falta disciplinaria. Borrego abandonó el Tribunal Supremo en 2020, apenas dos años después de llegar, al cumplir los 70 años que marcan su jubilación ordinaria.

Desde entonces se desempeña como abogado. Entre otros casos, lleva la defensa del resort de lujo Isla de Valdecañas (Cáceres), sobre el que desde 2022 pesa sentencia (recurrida ante el Tribunal Constitucional) de sus excompañeros del Tribunal Supremo ordenando su demolición por invadir zona protegida. Y sigue interviniendo como opinador allá donde se le dé una oportunidad, aunque a veces sus causas parezcan de otro tiempo: por ejemplo, sigue clamando contra el redactado del Código Civil que dice que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos “cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. “Es decir, primero entre personas del mismo sexo, y luego el resto”, ha escrito él.

En los últimos años también ha formalizado su relación con la defensa de las causas ultra. Al menos hasta 2022 integraba el patronato de la fundación de Abogados Cristianos, según publicó elDiario.es. Es coherente con la visión del mundo de quien nunca ha ocultado que sus ideas jurídicas están marcadas por su misión como hidalgo de la tradición y las corrientes más rigoristas de la doctrina católica.