El sindicato de técnicos de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha destacado el “efecto benéfico” que el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF), aprobado a finales de 2022, tiene en las arcas fiscales regionales. Los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria reflejan que la recaudación del Impuesto de Patrimonio en 2023 –último dato disponible– se disparó en España hasta casi un 58% en términos interanuales, con 1.970 millones de euros.
El patrimonio medio declarado por los españoles más ricos alcanzó los 4,09 millones de euros, un 9% más que el ejercicio precedente. Según ha explicado Gestha a través de un comunicado, en 2023, el aumento de la recaudación se produce, por un lado, gracias a un aumento del 8% de las bases declaradas debido a la concentración de la riqueza en manos de las mayores fortunas generada con la mejora de la actividad económica.
Por otro lado, se debe a la constitucionalidad del impuesto a las grandes fortunas declarada por el Tribunal Constitucional, que ha revertido parcialmente las bonificaciones del Impuesto de Patrimonio aprobadas o anunciadas por varias comunidades autónomas –la mayoría del PP– para no perder esa recaudación en favor del Estado.
La más significativa es la supresión parcial de la histórica bonificación madrileña, que permitió recaudar 614 millones con un patrimonio total medio declarado que llegó a los 11,17 millones de euros.
Así, de los 228.575 declarantes del Impuesto de Patrimonio en las comunidades de régimen común en 2023 (con un patrimonio medio declarado ligeramente superior a 4 millones de euros), 24.533 de ellos residen en la región madrileña.
Por su parte, la bonificación implementada en 2022 por Andalucía, también en 2023 la revirtió parcialmente a partir de los 3,7 millones de patrimonio individual neto no exento del umbral del impuesto, al igual que la Región de Murcia que elevó el mínimo exento del Impuesto de Patrimonio en 3.700.000 euros desde 2023.
Para Gestha, estos datos ponen de manifiesto que el impuesto a las grandes fortunas “ha cumplido su objetivo”, obtener, primero, más ingresos de forma solidaria por quienes más tienen, lo que implica que ahora pagan las grandes fortunas que no pagaban, encabezadas por la Comunidad de Madrid; y, en segundo lugar, se refuerza la armonización fiscal del impuesto de Patrimonio.
La estadística de la Agencia Tributaria recoge información de quienes cuentan con un patrimonio de más de 700.000 euros –excluidos hasta 300.000 euros de la vivienda habitual–, si bien estas condiciones pueden variar en las diferentes comunidades autónomas por ser un tributo cedido.
El impuesto sobre las grandes fortunas, de ámbito estatal y aplicado desde 2022, grava los patrimonios de más de 3 millones de euros, pero permite deducir lo abonado en el impuesto de patrimonio, es decir, que solo supone una carga en los territorios que bonifican ese tributo.
Como respuesta, algunas comunidades autónomas reformaron las bonificaciones del impuesto de patrimonio para gravar a estos contribuyentes y que los recursos se quedaran en la región (vía impuesto de patrimonio) en lugar de ir al Estado (vía impuesto de solidaridad).
Así, Madrid y Andalucía han pasado de no ingresar nada por impuesto de patrimonio en 2022 a 614 y 20,8 millones, respectivamente, en 2023.
De acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria, los contribuyentes que declaran patrimonios superiores a los 30 millones de euros se han multiplicado casi por dos en la última década. Desde el inicio de la recuperación económica en España tras la crisis de 2008, el número de ricos con patrimonios declarados superiores a más de 30 millones de euros no ha hecho más que aumentar.
