La Vuelta a España lleva días mirando hacia Madrid con alta tensión e incertidumbre. «Hay que llegar a Cibeles, pero hay que llegar bien. Evitar que nada rompa el guion», insisten desde que los boicots propalestinos, con la presencia del equipo Israel-Premier Tech como coartada, hayan interrumpido bruscamente algunas de las etapas del recorrido. Figueras, Bilbao, Galicia… De ahí esa frase recurrente: «Esto no puede pasar en Madrid. Hay que conseguir que la carrera concluya con normalidad». Y para ello se ha estado trabajando en un dispositivo de seguridad a la altura de este inesperado desafío. Sólo que, como suele ocurrir en estos casos, la política volvió a irrumpir sin contemplaciones.
Ayer, en el salón principal del palacio de Borghetto, exquisita sede de la Delegación del Gobierno en Madrid, un nutrido grupo de altos mandos de cuerpos policiales, locales y estatales, bomberos, miembros de SAMUR-Protección Civil o Agentes de Movilidad de la capital se sentaban en torno a la mesa que presidía el delegado, Francisco Martín. Lo hacían para conocer las líneas del plan más exigente que jamás ha visto la Vuelta Ciclista a España. Un refuerzo «extraordinario» de 1.100 efectivos de la Policía Nacional y otros 400 de la Guardia Civil, que se suman a quienes forman parte del día a día de la ronda ciclista. Ese blindaje lo completarán las fuerzas de seguridad locales, que en el caso de las de la capital de España no andarán muy lejos de esos 1.000 agentes.
Sin embargo, en esa gran sala se subrayó en repetidas ocasiones una idea que envuelve el plan: garantizar el derecho legítimo de manifestación pacífica en ambas etapas. Una idea que fue recalcada una y otra vez por parte del delegado del Gobierno, quien quiso recordar que «España está asumiendo el liderazgo internacional en la condena al genocidio del pueblo palestino». Un equilibrio entre la seguridad para espectadores y ciclistas, y ese derecho que se ha ejercido recurrentemente durante la Vuelta, en algunas ocasiones sobrepasando los límites. De ahí ese gigantesco blindaje que se ha tenido que diseñar. El mayor de la Policía Nacional desde la Cumbre de la OTAN en Madrid (2022) y superior en guardias civiles al del Mundial de Ciclismo. Martín pidió responsabilidad a los dirigentes madrileños «para no caldear el ambiente».
Más antidisturbios
En la orilla opuesta, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, que ayer diseñaba su operativo, siguiendo las directrices de la Delegación. Ese contingente municipal para salvar el broche por la capital contará, por ejemplo, con un número extra de furgones antidisturbios de la Policía Municipal, ante el temor de que la situación pueda complicarse durante la tarde del domingo. Porque desde hace varios días circulan por las redes sociales convocatorias de grupos de extrema izquierda, con horarios y escenarios de paso, para manifestarse por la situación que vive Palestina. Se teme otro boicot que, lógicamente, en la capital daría la vuelta al mundo.
«Ojalá le pongan el mismo dispositivo de seguridad a la Vuelta a España que a Begoña Gómez», ironizaba ayer la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, antes de conocer ese despliegue de 1.500 agentes de seguridad extra para el fin de semana. «Hay que prevenir y perseguir a los violentos de forma firme y contundente. Que se cumplan las normas y se garantice la celebración en condiciones de normalidad», proclamaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, diana estos días en X por afirmar que en Gaza no se estaba produciendo ningún genocidio. Hoy será el gobierno municipal quien desvele detalladamente cuál será su apuesta en materia de seguridad.
Dos líneas de actuación para salvaguardar el desenlace de una Vuelta a España que tiene a todos en vilo, pese a que ayer la prueba transcurrió con total normalidad. La clásica brecha entre el Gobierno y las instituciones madrileñas se ha acentuado estos días. Es lo que ocurre cuando la política cruza peligrosamente las líneas rojas del deporte.
