Solo unas horas después de la derrota parlamentaria de la ley para reducir la jornada laboral, con los votos en contra de PP, Junts y Vox, el Ministerio de Trabajo ha iniciado los trámites para aprobar un real decreto que endurezca el registro horario, otra de las medidas que contemplaba la legislación. Se trata de un reglamento, que por tanto no tiene que pasar por el Congreso, y en el que el departamento de Yolanda Díaz ha incluido varios elementos para reforzar la transparencia, el control y también su vigilancia a través de la Inspección de Trabajo.
En concreto, el Ministerio ha abierto este jueves la consulta pública sobre este nuevo real decreto, que se extenderá desde el 12 hasta el 26 de septiembre para poder recibir aportaciones al texto. Una vez finalice este plazo, fuentes de Trabajo indican que el real decreto debe pasar por el Consejo de Estado. Una vez cumplidos todos los trámites requeridos, el equipo de Yolanda Díaz llevará la norma al Consejo de Ministros.
Como advirtió Yolanda Díaz a los empresarios, tumbar el proyecto de ley para reducir la jornada laboral no supondría acabar con el refuerzo del registro horario, que también incluía la norma, ya que Trabajo lo aprobaría a través de un reglamento. El Ministerio justifica su necesidad “a la vista de la jurisprudencia comunitaria y nacional para asegurar el efecto útil de la normativa europea y nacional”, que exige entre otros requisitos que se cumplan “principios de objetividad, la fiabilidad y la accesibilidad del registro de jornada”.
Cuáles son los cambios en el registro
Trabajo señala que existen “insuficiencias” en la actual regulación del registro horario, aprobado en 2019 y que puede realizarse en papel, que “lastran su eficacia sin impedir adecuadamente los incumplimientos normativos y los perniciosos excesos de jornada”. Además, consideran necesario el desarrollo reglamentario para garantizar los requisitos mínimos exigidos por la doctrina europea.
“Con la aprobación de esta norma se pretende garantizar un sistema de registro de jornada realmente eficaz, presidido por los principios de objetividad, fiabilidad y accesibilidad y desarrollar las formas de ejercicio y control del derecho de desconexión”, recoge el texto publicado en consulta pública.
Entre los objetivos del reglamento, el Ministerio destaca:
— Garantizar la realización personal del registro por las personas trabajadoras. “Ello podría determinar la posibilidad de requerir que el registro sea electrónico, con mecanismos de verificación de la identidad”, recoge el texto.
— Registrar toda la jornada, con la diferenciación de si las horas son ordinarias o extraordinarias. “Esta calificación permitirá identificar más incumplimientos de la normativa, con las consecuencias que legalmente procedan”, argumenta Trabajo.
— Controlar las modificaciones de los asientos, por ejemplo a través de la obligación de que la representación legal de los trabajadores “obtenga copias del registro con una cierta periodicidad, o que deban estar presentes para modificar el registro” o a través “del acceso electrónico interoperable y garantías informáticas de autenticidad, como sellos de tiempo”.
– La obligación de acceso inmediato, así como remoto al registro.
– Mantener los registros a disposición de la representación de la plantilla y de la Inspección de Trabajo.
El aumento de las multas queda fuera
El proyecto de ley tumbado este miércoles en el Congreso incluía más medidas respecto al registro horario, que sin embargo no figuran en este real decreto, porque requieren del rango de ley para ser aprobadas. Es el caso del aumento de las sanciones por infracciones respecto al registro horario, que se planteaba que fueran individualizadas por cada trabajador (en lugar de una por empresa), y la subida de las cuantías de las infracciones por abusos horarios, en un sentido más amplio.
Los líderes de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), han exigido este jueves al Gobierno que apruebe el siguiente Consejo de Ministros que sea posible el reglamento sobre el registro horario y que, en unos meses, vuelva a aprobar un nuevo proyecto de ley para reducir la jornada laboral en el Parlamento.
Las centrales de trabajadores se manifestaron este miércoles en más de 50 ciudades, entre ellas en Madrid a las puertas del Congreso, para denunciar el veto a la tramitación de esta norma. “Vamos a hacer una labor de pedagogía, vamos a contar en los centros de trabajo qué ha pasado este miércoles en el Congreso, por qué están trabajando 40 horas como hace 30 años”, ha sostenido Sordo.