«Por eso se llama Conservatorio y no Innovatorio, porque se basa en que nunca nada avance», explica la situación de forma ilustrativa un miembro del profesorado del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM), donde desde hace dos semanas ese statu quo de aparente normalidad se ha visto alterado en lo público y en lo privado tras la protesta que interrumpió el Acto Académico con motivo de la festividad de Santa Cecilia, el pasado 26 de noviembre. Cuando el catedrático de clarinete Pedro Garbajosa subió al escenario a recoger su insignia como miembro del Cuadro de Honor por 20 años de servicio al centro, un grupo de alumnos irrumpió en gritos y desplegó una gran pancarta que rezaba: «Fuera abusadores del conservatorio».
Según los testimonios a los que tuvo acceso EL MUNDO, la manifestación venía motivada por las quejas de varias alumnas que referían tocamientos no consentidos, comentarios de índole sexual humillantes y un clima de violencia psicológica y acoso, incluso trasladado a las redes sociales, por parte del catedrático, notablemente en las clases de su especialidad, que son particulares.
«Todo el mundo sabe lo que pasa aquí, pero nadie hace nada», aseguraban a este periódico fuentes docentes, y aquejaban la inacción del centro, que alegaba que la falta de denuncias formales por parte de las alumnas impedía una mayor implicación en el caso. Se remitía la Dirección al expediente abierto hace año y medio por falta grave o muy grave al profesor tras la única denuncia existente ante la inspección de dos alumnos a los que Garbajosa presuntamente acosó en redes sociales, cuya tramitación se encuentra paralizada por las sucesivas bajas médicas del docente, actualmente de baja permanente desde el día después de la manifestación que lo puso en el punto de mira.
«Nosotros no somos jueces, tenemos que seguir el procedimiento», argumentaba entonces la directora del centro, Consuelo de la Vega, en conversación con este periódico. «La pelota está en el tejado de las denunciantes, tienen que ir a la Policía o, al menos, hablar con nosotros», animaba por su parte el vicedirector del centro, Pablo Puig.
La tibieza del centro y el traslado de la responsabilidad hacia las alumnas, que se niegan a acudir a la vía penal por miedo a represalias, indignaron a un cuerpo estudiantil que decidió tomar cartas en el asunto. El pasado viernes, los representantes de los alumnos presentaron en el Registro de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, de la que depende el RCSMM, un escrito dirigido tanto a la dirección del centro como a la Consejería exigiendo una actuación «de oficio» ante «los serios indicios de abusos sexuales y maltrato hacia alumnas».
«Los hechos descritos -de confirmarse- constituyen atentados muy graves contra la integridad, la dignidad y los derechos del alumnado, que activan de inmediato el deber legal de protección por parte de las autoridades educativas, incluso en ausencia de denuncia formal de las víctimas», reza el texto al que ha tenido acceso EL MUNDO. En él, se argumenta que la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, conocida como del «solo sí es sí», extiende la responsabilidad penal de las personas jurídicas a «los supuestos de acoso u hostigamiento en entornos como el educativo». «Mirar hacia otro lado ante indicios tan sólidos de abusos no sólo comprometería moralmente a la institución, sino que podría acarrear consecuencias penales para sus responsables», advierte el escrito.
«La pelota está en el tejado de la Dirección, no en el de las alumnas», avisa el escrito de los alumnos, que pasa a dirigirse directamente a los destinatarios de la carta: «Confiamos en que adoptarán ustedes las acciones oportunas de oficio para esclarecer la verdad, sancionar -en su caso- las conductas aberrantes ocurridas y proteger a las víctimas».
«Todo lo que teníamos que hacer como centro está hecho», arguye por su parte Consuelo de la Vega, que confirma haber recibido y leído el escrito. «Hemos puesto en conocimiento de la inspección las noticias que tenemos pero no podemos decir quiénes son las supuestas víctimas. Son relatos que nos han llegado siempre por terceros porque ellas no quieren hablar con nosotros, ni con el orientador ni con la jefa de estudios. Si yo presencio un incidente, llamo a la Policía, pero ante personas mayores de edad que no quieren denunciar sólo nos queda informar», añade, y asegura que comprende el miedo de las estudiantes y las conmina a una conversación extraoficial para poder encontrar soluciones.
«Este es un centro público que no tiene entidad jurídica, sólo podemos trasladar el caso a la inspección. Si alguien tuviera que actuar de oficio sería la Consejería», afirma. El órgano educativo de la Comunidad de Madrid se remite al expediente ya abierto al profesor: «Cuando concluya esta investigación se depurarán las posibles responsabilidades».
El puesto que deja vacante el catedrático Pedro Garbajosa, de baja médica permanente, ya ha sido cubierto. Por su parte, el acusado de abuso sexual, que niega tajantemente los hechos, ha hecho circular entre sus pupilos presentes y pasados vía Whastapp una carta abierta de apoyo «pleno e incondicional» frente a «unas acusaciones profundamente injustas y perjudiciales para su honor, su trayectoria y su dignidad personal». «Afirmamos de manera clara y rotunda que, en los años en que hemos sido alumnos suyos, jamás hemos sido testigos, vÍctimas ni conocedores directos de ningún comportamiento inapropiado, irrespetuoso o contrario a la ética docente por parte de Don Pedro Garbajosa», reza el texto. «Nuestra experiencia es la de un profesor íntegro, respetuoso, cercano y absolutamente profesional que siempre ha tratado a su alumnado con dignidad, atención y rigor académico», continúa, antes de dejar un espacio para la firma de los posibles apoyos.
