Los inmigrantes que reciban una resolución negativa a su proceso de regularización extraordinaria permanecerán en España tal y como estaban: en situación irregular. El Gobierno, que calcula un total de 500.000 beneficiarios finales de esta medida, no expulsará a las personas que no obtengan los papeles tras haber iniciado el trámite.
Así lo han afirmado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que llevado al Consejo de Ministros el real decreto que regularizará de forma extraordinaria a estas personas. De acuerdo con las observaciones del Consejo de Estado, el Gobierno ha endurecido el texto, que ahora obliga a que los extranjeros certifiquen que no tienen antecedentes penales para legalizarse, toda vez que el Ejecutivo colaborará con ellos para maximizar el número de beneficiarios de esta medida.
Desde ahora, los interesados en acogerse a la regularización disponen de un mes para solicitar un certificado de antecedentes que demuestre que carecen de ellos en España y en el país de origen desde los 5 años anteriores a la presentación de la solicitud. Las fuentes del Ministerio consultadas precisan que, en el caso de haber vivido en otro país diferente a los ya citados, también deberán solicitar este certificado en esos lugares. Si no consiguen recabar esta documentación, el ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes podrá solicitarla por la vía diplomática en un plazo de tres meses.
Los extranjeros podrán presentar sus solicitudes de forma telemática o presencial, con cita previa y en oficinas de la Seguridad Social, Correos y Extranjería, entre este jueves 16 de abril y el próximo 30 de junio de 2026.
Además del certificado de antecedentes, deberán acreditar que llegaron a España antes del 1 de enero de 2026, que han permanecido en el país al menos cinco meses consecutivos y que no representan «una amenaza para el orden público». Además, deberán acreditar uno de estos tres requisitos: tener algún vínculo laboral en España, que permanecen en el país junto a su familia si hay hijos menores o personas dependientes o que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Este último criterio deberá acreditarse «siempre y cuando esté accediendo a la regularización por la disposición adicional vigésimoprimera [referente a los solicitantes de protección internacional] y no cuente con un proyecto laboral, ni circunstancias para acceder por los aspectos familiares», explican fuentes de Migraciones. Será una entidad del tercer sector inscrita en el Registro de Colaborades de Extranjería la encargada de certificar esta situación, reflejando en dicho documento «el nombre, la entidad, y las circunstancias que dan lugar a esa situación de precariedad. Por ejemplo: la situación de precariedad, el riesgo psicosocial o la imposibilidad de acceder a una vivienda, entre otros».
Pero la obtención del certificado de antecedentes es uno de los grandes retos a los que se enfrentan los extranjeros que deseen legalizarse. De ahí las colas que se formaron frente a consulados en cuanto se anunció la puesta en marcha de esta medida. En principio, el primer borrador del Ejecutivo planteaba la presentación del justificante de petición de dicho documento, así como una declaración voluntaria en la que el interesado aseguraba no tenerlos. Tras las consideraciones del Consejo de Estado, esto último ya no basta en caso de no ser capaz de recabar el documento. Así, el nuevo texto del Gobierno, adelantado por la Cadena Ser y El País, prevé un modelo menos permisivo que el anterior.
No obstante, para no mermar el número de beneficiarios, la norma alarga los plazos para obtenerlo, colaborando así el Gobierno con los inmigrantes. Si después de un mes desde la solicitud del certificado de penales éste no se ha recibido, el Ministerio de Presidencia podrá de recabarlo por vía diplomática, siempre que el extranjero aporte la documentación necesaria. Se abrirá entonces un plazo de tres meses para recibir esa documentación y, si no llega, el extranjero dispondrá de 15 días adicionales para intentarlo de nuevo. Si no lo consigue, no podrá optar al proceso.
Por su parte, el socio minoritario del Gobierno discrepa de la seria exigencia planteada por el Consejo de Estado e implementada por el Ejecutivo respecto a la necesidad de presentar un certificado que acredite la ausencia de antecedentes penales tanto en España como en cualquier país en el que hayan residido en los últimos cinco años.
Para Sumar, como ha advertido su portavoz en el Congreso, Verónica Barbero, «los problemas administrativos o de plazos no deberían obstaculizar la regularización de todas las personas». Y, en consecuencia, insiste en que el Gobierno tendrá que poner cuantos instrumentos estén en su mano para conseguir que el objetivo del reglamento de regularización se cumpla íntegramente. Esto es así porque, según Barbero, los inmigrantes «se lo merecen y se lo han ganado».
Con esta respuesta, la portavoz parlamentaria, se ha referido también al anuncio de Comisiones Obreras de convocatoria de huelga en las oficinas de extranjería por la sobrecarga de trabajo que supone la regularización masiva. Sumar asegura respetar y respaldar el derecho de huelga de estos trabajadores e insiste en que este anuncio «interpela al Gobierno» que es, afirma, el que debe poner todos los medios a disposición de las oficinas de extranjería para que todo el que lo desee pueda ejercer su derecho a pedir la regularización.
Compromís coincide en que la regularización masiva hace de España un «Estado más justo». «Estas personas forman parte de nuestra sociedad y negarles derechos básicos es una anomalía que no nos podemos permitir». No obstante, esta formación denuncia que los apátridas, en concreto, los inmigrantes saharauis, quedan fuera del objetivo del Reglamento, informa Marisa Cruz.
Solicitantes de asilo
Por otra parte, en los primeros borradores había cierta confusión con respecto a los solicitantes de protección internacional, a los que se exigía renunciar a estos procesos para adherirse a la regularización. De nuevo, tras las consideraciones del Consejo, sólo se les exige abandonar la vía de la protección internacional si el permiso de residencia por regularización extraordinaria les ha sido concedido.
El Ejecutivo aprobará así la iniciativa pactada con Podemos el pasado 26 de enero que, pese a las aseveraciones del Gobierno sobre el consenso logrado, ha suscitado numerosas críticas. Entre ellas las del propio Consejo de Estado, que apreciaba en el texto de la norma que le fue remitido «un considerable desorden y falta sistemática en sus estructuras y distribución de materias».
Las estimaciones del Gobierno apuntaban a que medio millón de inmigrantes en situación irregular podrían beneficiarse de esta medida, pero un análisis de Funcas apunto que el número de benecificiarios podría acercarse mucho al millón: 870.000. Sea como fuere, el Ejecutivo está decicido a maximizar el número de personas que se acojan a la medida por «una cuestión moral», ha señalado esta mañana desde Pekín el presidente, Pedro Sánchez, así como «desde un punto de vista de interés económico» de cara a hacer frente al «invierno demográfico» que atraviesa el país.
