En pleno choque frontal con la oposición a cuenta de la gestión de los incendios, el Gobierno intentará retomar la iniciativa política perdida antes del verano con el escándalo de Santos Cerdán a base de agilizar una agenda de reformas cuyo balance resulta escuálido en lo que va de legislatura. Pendientes desde antes de las vacaciones, dos de las medidas de peso que se impulsarán en el Congreso en busca de luz verde serán la reforma del acceso a la justicia y la reducción de la jornada, esta última pausada en el mes de julio en busca del desbloqueo de las conversaciones con Junts. Y todo, sin una sola pista por el momento que apunte a que este año sí habrá Presupuestos.
Reacios de primeras a respaldar una de las medidas estrella del ministerio de Trabajo, los de Puigdemont no obstante siguen negociando con el equipo de Yolanda Díaz sobre una reforma laboral que para los socios de coalición del PSOE resulta estratégica. Ya en mayo esa ley para reducir la jornada laboral a las 37 horas y media con el mismo salario salió en segunda vuelta del Consejo de Ministros rumbo al Congreso de los Diputados. Tras más de 40 años sin tocar el horario máximo de los trabajadores, el Gobierno de coalición movía ficha así para que su tramitación en el Parlamento. Pero la amenaza de Junts de tumbarlo frenó los planes de Trabajo, que decidió aplazar la tramitación para dar una nueva oportunidad a la negociación.
Los planes, ahora, son que esa tramitación se retome este mes de septiembre. En el último pleno de julio planeó hasta última hora la amenaza de Junts de una enmienda a la totalidad que podría haber hecho descarrilar la reforma con el apoyo del PP. Y por eso el Gobierno decidió dar más margen a la negociación. Algo que los de Puigdemont tampoco vieron con malos ojos.
Según fuentes del Ejecutivo, las conversaciones entre el departamento de Yolanda Díaz y Junts se han mantenido durante el verano. Que el diálogo se mantenga genera ciertas expectativas en Trabajo sobre un posible acuerdo. Según las fuentes consultadas al corriente de la negociación, esos contactos se centran en encontrar fórmulas de ayudas a las pequeñas y medianas empresas, algo trascendental para Junts tras su acercamiento estratégico a la patronal catalana.
En el equipo de Yolanda Díaz creen que en el terreno de ayudas directas a las pequeñas y medianas empresas para la implementación de las 37 horas y media sí puede existir margen de acuerdo. Y recuerdan que el resto de conversaciones con los demás grupos del Congreso, a excepción del PP y Vox, ya anticiparon un amplio respaldo parlamentario a la norma que, sin embargo, necesita también de los siete votos independentistas catalanes de las filas del expresident catalán.
Además, el Ejecutivo también da “máxima prioridad” a la reforma que modifica las oposiciones para ser juez y fiscal, blinda por ley las becas para opositores e incluye un plan para regularizar a los jueces sustitutos que ha sido muy polémico y que motivó que todas las asociaciones menos las progresistas convocaran una huelga de tres días. El pleno del Congreso dio luz verde a su tramitación el pasado 12 de junio al rechazar las enmiendas a la totalidad de PP y Vox. Ambas formaciones defienden que la reforma busca intervenir en el perfil ideológico de jueces y fiscales y potenciar la elección de jueces “afines”.
En el Gobierno defienden que la reforma modifica la oposición al introducir un caso práctico que permite evaluar otras aptitudes necesarias para el ejercicio de la jurisdicción, como la capacidad de redacción, la argumentación jurídica o la aplicación del Derecho a casos concretos. Y reiteran que las pruebas memorísticas —un examen tipo test y una prueba oral— no se eliminan. Además, estos exámenes serán anonimizados y las pruebas orales se grabarán, lo que no ocurre en la actualidad.
La oposición también ha augurado que un cierto control del Gobierno de la preparación de la oposición por su propuesta para que los aspirantes tengan la posibilidad de acudir a un centro público o una supuesta “politización” de base que tampoco se sustenta en el articulado que ya está debatiendo la Comisión de Justicia del Congreso.
Sí ha resultado más polémico el plan para regularizar a un millar de jueces y fiscales sustitutos que ahora cubren bajas y sacan adelante juzgados en situaciones precarias. El proyecto prevé un proceso abierto y no se limita a quienes han desempeñado esas funciones dentro de las carreras judicial y fiscal, aunque sí está pensado “especialmente” para quienes llevan años en esta situación. Los aspirantes deberán acreditar cinco años de ejercicio profesional jurídico para poder presentarse a un dictamen práctico al que seguirá una fase de méritos. Ningún juez sustituto logrará una plaza directamente.
Según las asociaciones, este proceso “no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios”. Y otorga acceso directo a la categoría de juez o fiscal, tras las prácticas, sin equipararse en exigencia al proceso ordinario del turno libre, que requiere una preparación superior a los cinco años de media. En el Ejecutivo defienden que se celebrará un concurso-oposición de acuerdo a los criterios de “igualdad, mérito y capacidad fijados por el Tribunal Constitucional” y aseguran que la estabilización viene obligada por la Comisión Europea. En paralelo, el Gobierno ha asegurado que convocará 1.440 plazas del turno libre en los próximos tres años.
Las asociaciones judiciales ya anunciaron antes del parón veraniego que en otoño seguirían las movilizaciones si la tramitación del proyecto continuaba. De hecho, el PSOE presentó una enmienda que irritó todavía más a la carrera al proponer que los jueces sustitutos que accedan a este plan de estabilización puedan estar adscritos a los tribunales en los que hubieran trabajado con anterioridad, algo que no se ha reconocido en ningún proceso de acceso a la función pública. Las enmiendas presentadas todavía deben ser debatidas y aprobadas en la Comisión de Justicia del Congreso.
Gestos a Catalunya
Por otro lado, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó este viernes que el Consejo de Ministros de la próxima semana aprobará el proyecto de ley impulsado por su departamento para asumir hasta 83.252 millones de deuda de todas las comunidades autónomas.
Este planteamiento surge después del pacto que alcanzó el PSOE con ERC para condonar una parte de la deuda de Catalunya, que sería aplicable igualmente a las comunidades que lo pidieran. Montero confirmó que el martes que viene llevará al Consejo de Ministros “una iniciativa tan importante como es que se perdone deuda a las comunidades autónomas por un importe en torno a los 85.000 millones de euros”.
La vicepresidenta puso el énfasis en que “nunca antes una administración había tenido ese planteamiento de quedarse con 85.000 millones de deuda”, así que “la comunidad autónoma que más se beneficia” de esa iniciativa “es Andalucía”, ya que el Estado prevé asumir 18.791 millones de euros de su deuda.
Todas esas iniciativas intentarán también matizar el enorme agujero político que supone que el Gobierno afronte su tercer curso político sin expectativas, por el momento, de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado. El presidente Sánchez se volvió a comprometer este año a presentar el proyecto de cuentas del Ejecutivo, aunque no dejó claro si eso implica someterlo a la tramitación y votación parlamentaria. Y por ahora ni Junts ni Podemos, los dos socios díscolos de Moncloa, han dado señales de que, esta vez sí, sea viable abordar una negociación varada desde hace ya dos años.
