El Gobierno quiere prohibir que las eléctricas cobren penalizaciones a los clientes vulnerables con un contrato libre que se pasen al mercado regulado para disfrutar de los descuentos del bono social. Se trata de una de las propuestas incluidas en el borrador de la nueva Estrategia contra la Pobreza Energética 2026-30 que el Ministerio para la Transición Ecológica va a sacar a consulta hasta el próximo 10 de octubre.
La medida más relevante de la nueva estrategia, que se prevé que el Consejo de Ministros apruebe antes de fin de año, es la de “facilitar” el acceso al bono social mejorando la tasa de cobertura. Esade calculaba a principios de este año que casi el 80% de los que podrían acceder a él no lo disfrutan por “problemas de diseño”, de forma que solo cubre al 20% de los hogares de menos renta. Mientras, “entre los hogares de familia numerosa de ingreso medio-alto, más del 60% recibe el bono”.
La estrategia plantea “cerrar la brecha” en esa tasa de cobertura con “un paquete de trabajo” para abordar el acceso a los descuentos y medidas para proteger a sus beneficiarios y la “adopción de medidas que faciliten el acceso”. Transición Ecológica plantea además “prohibir ciertas prácticas empresariales”.
El borrador, al que ha tenido acceso elDiario.es, insta a “evitar situaciones en las que beneficiarios del bono social pierden esta prestación debido a que contratan algún servicio que automáticamente les limita el derecho a percibirlo, o bien son penalizados en su contrato previo por rescindirlo para beneficiarse del bono”, prohibiendo prácticas esas penalizaciones por permanencia si el consumidor contrata la tarifa regulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), que es imprescindible para tener el bono social.
Además, se propone reforzar las condiciones en las que las eléctricas pueden aplicar una refacturación (por ejemplo, tras una lectura estimada, cuando ha habido problemas con un contador…), estableciendo límites a las cuantías y periodos en que se puede rectificar la facturación, “con objeto de evitar dificultades en el pago” para los hogares, no solo los vulnerables. Si la refacturación es favorable al consumidor, “se plantea una devolución inmediata de los retrasos, junto con un recargo de intereses en función del retraso”, dice el borrador.
El borrador plantea exigir que quede constancia escrita de que el consumidor desea expresamente abandonar la tarifa regulada con bono social para irse al mercado libre, que por lo general, a la larga, es más caro que el PVPC.
Además, se prohíbe cualquier llamada no solicitada de comerciales de las eléctricas, salvo permiso expreso del consumidor, en línea con las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y después de que este año el Ministerio de Transformación Digital haya intentado poner coto a estas prácticas al prohibir las llamadas comerciales desde móviles.
La nueva estrategia sustituye a la del periodo 2018-2024, que llevaba tiempo caducada. A diferencia de aquella, no incluye ninguna mención a la “automatización” de los descuentos del bono (que sufraga el sector eléctrico), una promesa que no llegó a cumplirse.
Tampoco menciona el borrador la posibilidad de introducir una medida con la que Transición Ecológica, con Teresa Ribera al frente del ministerio, amagó durante años sin llegar a aplicarla, establecer criterios de renta para las familias numerosas, que actualmente pueden tener el bono sin importar sus ingresos. No obstante, sobre la mesa está reevaluar qué colectivos deben tener derecho a él.
El documento subraya que “las Comunidades Autónomas son competentes en las materias clave para abordar la pobreza energética desde la perspectiva de protección de los colectivos vulnerables”, por lo que “es imprescindible la implicación activa” de estas administraciones. Añade que “las Entidades Locales, como administración más cercana a la ciudadanía, desempeñan un papel clave en la detección de situaciones de vulnerabilidad y también en el acompañamiento de la ciudadanía o la gestión de ayudas directas”.
Un observatorio
La nueva estrategia incluye doce grandes medidas para “consolidar” los avances alcanzados en la anterior, mucho más extensa (tenía 177 páginas) que la que ahora sale a consulta (tiene solo 55). La primera medida es crear un observatorio sobre pobreza energética para sistematizar el conocimiento de esta compleja problemática y refinar los indicadores que se han utilizado hasta ahora para medirla.
La segunda es “garantizar el suministro a los consumidores electrodependientes”, consolidando el denominado principio de precaución (una serie de cautelas antes del corte); se plantea “desarrollar la normativa” e implantar mecanismos de coordinación para proteger a los consumidores electroindependientes frente a cortes de suministro. En materia de protección del consumidor, además de un “refuerzo” de sus derechos en el ámbito de la comercialización, se plantea “profesionalizar las medidas a disposición de los consumidores por parte de las comercializadoras, con la figura del Defensor del cliente”.
Otras medidas son “fomentar la rehabilitación energética de las viviendas de los consumidores vulnerables”; lanzar proyectos piloto de intervención exprés en viviendas vulnerables o incentivar las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo, de forma que sea obligatorio que parte de los consumidores que se beneficien de ellas sean vulnerables, en línea con un proyecto piloto que ya ha lanzado el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).
Además se plantea mayor coordinación entre administraciones en materia de pobreza energética; un programa piloto para el impulso del asesoramiento a consumidores en situación de pobreza energética; y el fomento de la detección de situaciones de pobreza energética en los centros sanitarios de atención primaria.
Transición Ecológica presentará esta tarde el borrador a las asociaciones, entidades y ONG que han participado en su elaboración. El documento, que no requiere de desarrollo reglamentario y no contempla una partida presupuestaria específica, se va a abordar en la próxima conferencia sectorial con las comunidades autónomas.
El ministerio va a presentar también un balance de la aplicación de la anterior estrategia, marcada por acontecimientos extraordinarios como la COVID o la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, con medidas como la prohibición total de cortes de suministro a vulnerables, el suministro mínimo vital, la ampliación de la cobertura del bono social, la solución ibérica o el tope a la tarifa regulada del gas, conocida como tarifa de último recurso (TUR).
La evaluación, que detecta “posibles áreas de mejora de los actuales indicadores” que se utilizan para medir la pobreza energética, concluye que desde 2018 hasta 2024 el número de acogidos al bono social ha subido en más de 400.000, hasta los 1.580.735 beneficiarios existentes a cierre del pasado ejercicio, en un periodo en el que el 20% de la población más pobre ha mejorado su renta un 41,94% en el primer decil (los más desfavorecidos) y un 37,08% en el segundo decil.
En 2018 España estaba en el top 5 de países con la luz más cara y, tras ser el país que más duramente sufrió la crisis energética tras la invasión de Ucrania (por la indexación del PVPC a la cotización diaria de la luz), desde 2023 se sitúa entre los que tienen precios más competitivos. En comparación con 2018, en 2024 se produjo un descenso del 25% en la proporción de los ingresos de los hogares más pobres (primer decil de renta) que se destina a suministros energéticos.
