El juez Juan Carlos Peinado corrige sus propios pasos para tratar de expandir el alcance de la causa que sigue desde hace casi un año y medio contra Begoña Gómez. El magistrado acordó este lunes, en pleno agosto, ampliar la nómina de delitos que atribuye a la mujer de Pedro Sánchez, a la que suma ahora el delito de malversación en relación con la asesora de la Moncloa que coordina su agenda, también imputada. Peinado decide investigar a ambas por ese delito tres meses después de rechazarlo de forma expresa y sin justificar su cambio de criterio.
Su decisión llega, además, apenas cuatro semanas después de que el Tribunal Supremo rechazara su maniobra para escalar el caso hasta la Moncloa e involucrar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, al que llegó a interrogar en su despacho. La esposa del jefe de Ejecutivo ya estaba siendo investigada por delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional en las diferentes derivadas del caso.
El magistrado ahonda en esta línea de investigación apoyado en Vox, que en diciembre presentó una querella que se basaba en la existencia de dos correos electrónicos que la asistente envió en 2021 en nombre de Begoña Gómez a directivas de Reale, aseguradora que financiaba la cátedra que la mujer de Sánchez dirigía en la Universidad Complutense. Según la formación de extrema derecha, el envío de esos dos correos era suficiente como para atribuir delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación a un antiguo alto cargo del Palacio de la Moncloa que en la actualidad ejerce como delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, a la asesora y a Begoña Gómez y pedía su imputación por esos delitos.
En mayo, el magistrado decidió abrir una causa por malversación contra Martín con el argumento de que era el “responsable y superior jerárquico” de la asesora cuando esta envió los correos. Sin embargo, rechazó involucrar por ese delito a Begoña Gómez y a la asesora, que sí estaba siendo investigada por los otros delitos. El juez reconoció entonces que no había base para atribuir a Begoña Gómez delito alguno por el trabajo de la asesora porque no había indicios de que participara en su nombramiento y porque se había limitado a “hacer uso de sus servicios profesionales, aunque para fines personales”.
Respecto a la asesora, Peinado dijo que “no se alcanza a percibir en qué medida” pudo malversar dinero público “por desarrollar el trabajo que se le viene encomendando y percibir la cantidad que tiene asignada”. Cuando declaró ante el juez, la asesora aseguró que no había mantenido “ninguna comunicación” con ninguna persona de Reale ni de la Fundación La Caixa “relacionada con la cátedra” que Begoña Gómez dirigía en la Complutense. Ambas entidades eran financiadoras de esa cátedra y la asesora contactó con directivas de las mismas para un evento en Ifema en el que iba a participar la mujer del presidente del Gobierno en 2021. En uno de esos correos, la asesora le trasladaba el interés de Begoña Gómez en que la aseguradora siguiera patrocinando la cátedra aunque fuera “con una cantidad inferior”.
Cambio de criterio
En la resolución dictada este 18 de agosto, el juez no explica su cambio de criterio y se ampara en que la Audiencia Provincial, que es la instancia superior, dio un aval parcial a esta parte de la causa el pasado junio y a la investigación a la asesora. Sus jueces respaldaron la investigación de estos hechos como un posible delito de malversación dado que, a su juicio, podría haber existido “una clara y palmaria desviación de las labores de un funcionario público” que habría sido utilizada “voluntariamente” como “un indebido soporte o desviación de recursos públicos en favor exclusivamente de intereses privados”.
De hecho, los jueces apuntaron incluso a la responsabilidad de la Moncloa. Su tesis es que esos recursos habrían sido “ofrecidos desde una estructura institucionalizada de poder como es la Secretaria General de Presidencia del Gobierno”, lo que “podría permitir inferir la solidaridad” con la actuación de la mujer del presidente del Gobierno. Los jueces aludían también al “áurea (sic) de indudable influencia” que habría tenido Begoña Gómez en su actividad privada por ser la mujer del presidente y por ejercer esas funciones “desde ese entramado del Palacio de la Moncloa”.
Sin embargo, Peinado obvia que la Audiencia Provincial también afirmó que la asistente no podía ser investigada por un delito de malversación, pues ese delito solo puede cometerlo quien “destina, aprovecha o consiente” ese mal uso de los servicios públicos, pero no “el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado”. Sus jueces afirmaron que la actuación de la asistente debía analizarse en relación con el delito de tráfico de influencias por el que ya está siendo investigada, al igual que Begoña Gómez.
De testigo a investigada
El juez retuerce así una resolución de la instancia superior para dar aire a esta ramificación del caso, en la que lleva meses investigando si la Presidencia del Gobierno nombró de forma irregular a una asesora para que asistiera a Begoña Gómez después de la llegada de Sánchez al Palacio de la Moncloa y si usó sus servicios para fines considerados privados, como sus másters en la Universidad Complutense. Varios testigos han defendido la legalidad de su nombramiento como personal eventual y han destacado que otras esposas de presidentes anteriores, como fue el caso de Elvira Fernández –mujer de Mariano Rajoy y su asesor Jaime de los Santos, han contado con la misma asistencia para asuntos privados e incluso no profesionales.
Peinado puso el foco sobre Cristina Álvarez después de que varios altos cargos de la Universidad Complutense afirmaran que su trato con Begoña Gómez en sus másteres y su cátedra extraordinaria se producía, en ocasiones, a través de la asesora y por correo electrónico. La asistente fue citada primero como testigo y después como investigada, en una práctica habitual de Peinado que también ha respaldado la Audiencia Provincial. El magistrado ha buscado desde entonces el rastro de su contratación como personal eventual en la Moncloa y ha intentado dirigir la causa contra el ministro Bolaños, que era secretario general de la Presidencia cuando la asesora fue contratada en 2018.
El pasado junio, el juez pidió al Tribunal Supremo que abriera una causa contra el titular de Justicia: le atribuyó un delito de malversación por el nombramiento y el control de las funciones de la asistente y otro de falso testimonio por la declaración que prestó cuando fue citado como testigo para dar explicaciones sobre esa contratación, proceso en el que negó cualquier tipo de irregularidad. El juez llegó incluso a tergiversar el testimonio del ministro para apuntalar su petición.
Tres semanas después, los jueces de la Sala de lo Penal pusieron fin a los excesos del magistrado y rechazaron investigar al ministro entre duros reproches: por plantear una acusación sin pruebas, omitir datos clave en la exposición razonada, esquivar a la Fiscalía y acusar al ministro de mentir sin que el caso haya llegado ni siquiera a juicio. Ahora, tras el revés del Supremo, Peinado se enmienda a sí mismo y busca nuevas vías para impulsar esta ramificación del caso.
