El juez que investiga el ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al exministro de Transportes y actual diputado del Congreso José Luis Ábalos ante los “indicios fundados y serios” de su “papel principal” en una organización criminal que supuestamente se lucró con la venta de mascarillas durante la pandemia. En una exposición razonada, el magistrado atribuye a Ábalos una “imputación clara y concreta” a través de una serie de indicios que evidencian su presunta participación en delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
En su resolución, el juez atribuye a Ábalos un delito de pertenencia a organización criminal porque ocupaba un “papel principal” en el entramado creado por el empresario Víctor de Aldama para conseguir negocios con las administraciones públicas. Respecto al delito de tráfico de influencias, el magistrado concluye que estaría acreditada su “intervención” tanto para la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas a la empresa de la trama —Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa—, como para que dos empresas públicas —INECO y TRAGSATEC— contrataran a la que entonces era su pareja.
Por último, el instructor atribuye al exministro el delito de cohecho vinculado al chalé en localidad gaditana de La Alcaidesa que la trama puso a su disposición “como pago de su mediación en la adjudicación de los contratos de suministro del material sanitario”. Otro indicio que acreditaría el cohecho, según el juez, es el pago del alquiler del piso en el que residió su pareja en el centro de Madrid, desde marzo de 2019 hasta septiembre de 2021, por un importe de 88.101, 43 euros y que abonó Aldama a través de personas y sociedades que estaban bajo su control.
