La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó el pasado julio anular los acuerdos que decretaron en 2012 la expulsión de Baltasar Garzón de la carrera judicial tras su inhabilitación por las escuchas ilegales a la Gürtel. Los vocales acordaron por mayoría inadmitir la solicitud del exjuez, que busca un regreso simbólico a la carrera judicial apoyado en el dictamen del comité de Derechos Humanos de la ONU que concluyó en 2021 que fue condenado en un “proceso arbitrario”. La decisión ya ha sido recurrida por la defensa de Garzón y será revisada por el pleno, informan fuentes del órgano.
El exjuez de la Audiencia Nacional reclamó que se dejaran sin efecto los acuerdos del CGPJ que supusieron la pérdida definitiva de su cargo de magistrado. Su escrito apelaba al citado dictamen de Naciones Unidas, que dio por hecho que el proceso judicial que acabó con su carrera no garantizó la imparcialidad de los magistrados que lo juzgaron y criticó que fuese privado de una segunda instancia ante la que poder recurrir. Además, instó a que el Estado español le proporcionase una “reparación integral” y se borraran sus antecedentes.
Ante el CGPJ, la defensa de Garzón invocó a una sentencia del Tribunal Supremo del pasado mayo que estableció que este tipo de dictámenes “no son irrelevantes jurídicamente” y que reclamaciones como la realizada por Garzón pueden servir para reparar las “lesiones de derechos fundamentales” evidenciadas en esas resoluciones.
La Permanente inadmitió a trámite el escrito del exmagistrado con el voto en contra del vocal Carlos Hugo Preciado, propuesto a iniciativa de Sumar. Las fuentes jurídicas consultadas explican que el órgano basó su decisión en que la sentencia que condenó a Garzón sigue siendo válida y que, en consecuencia, si el fallo no es nulo tampoco pueden serlo los acuerdos del CGPJ que se limitaron a ejecutarlo.
Además, el órgano argumentó que el Supremo ha mantenido en varias ocasiones que los dictámenes del comité de Derechos Humanos de la ONU no son vinculantes, por lo que no está obligado a acatar sus recomendaciones por mucho que pueda tener en cuenta sus argumentos y conclusiones.
En paralelo, el CGPJ acordó derivar el asunto hacia la petición complementaria que hizo el exjuez: la apertura de un expediente de rehabilitación. Se trata de un trámite de reintegración a la carrera judicial que se puede alargar durante seis meses y que exige la cancelación de los antecedentes penales, entre otra documentación. Garzón cumple el próximo octubre los 70 años que constituyen la edad de jubilación ordinaria por lo que es muy probable que no dé tiempo a completar todo el procedimiento antes de esa fecha.
De hecho, en el Registro Central de Penados todavía figuran sus antecedentes penales. En enero de 2022, tras el dictamen de la ONU y después de que el Tribunal Supremo certificara que había cumplido su condena y declarara extinguida su responsabilidad penal, Garzón pidió por primera vez al Ministerio de Justicia la cancelación de esos antecedentes. Insistió después en otras cuatro ocasiones, pero nunca obtuvo respuesta, tal y como recoge la demanda que acabó presentando en la Audiencia Nacional contra ese departamento y que está pendiente de resolución.
En un escrito reciente, la Fiscalía del tribunal especial se posicionó a favor del exjuez y solicitó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que ordenara el borrado de los antecedentes penales y que Garzón fuera indemnizado en virtud del dictamen de la ONU. En su escrito, el fiscal Manuel Campoy sostuvo que las resoluciones de Naciones Unidas deben acatarse y aludió a la citada sentencia del Supremo del pasado mayo.
Los jueces de la Sección Tercera todavía tienen pendiente resolver sobre el fondo del asunto. No obstante, el pasado 21 de agosto accedieron a la pretensión del exjuez de que se realice una anotación provisional en el Registro Central de Penados que ponga de manifiesto la existencia de este procedimiento. En paralelo, la defensa del exjuez también reclamó a la Permanente del CGPJ que dejara en suspenso la negativa a anular su expulsión de la carrera hasta que el pleno tomara una decisión definitiva, pero su pretensión fue desestimada el pasado 18 de agosto.
Tres procedimientos
Garzón se convirtió en 2012 en el primer condenado por la trama Gürtel, el caso que él mismo había destapado en su puesto de titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional y que, a la postre, acabó provocando la moción de censura que desalojó al Partido Popular de la Moncloa en 2018. Durante la última década también ha llevado sobre sus espaldas el peso de una condena por el delito más grave que puede cometer un juez, el de prevaricación. Aquella fue una actuación controvertida que le hizo perder incluso el favor de juristas de ámbito progresista.
La sentencia, de gran dureza, le acusó de “totalitario” y de actuar “prescindiendo de todos los métodos de interpretación admisibles en derecho” por haber autorizado la intervención de las comunicaciones de los cabecillas de la trama con sus abogados en la cárcel a pesar de que no había “indicios concretos de una posible actuación delictiva” por parte de algunos de esos letrados. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazaron los recursos contra su condena.
No fue el único procedimiento al que se enfrentó. En 20 meses frenéticos el entonces juez afrontó la apertura de otras dos causas contra él en el Supremo. De hecho, la suspensión cautelar de sus funciones de juez se remonta a mayo de 2010, cuando el alto tribunal le abrió juicio oral por presunta prevaricación al declararse competente para investigar las atrocidades del franquismo. Finalmente, resultó absuelto. Una mayoría de magistrados entendió que se había equivocado al calificar esos hechos como crímenes contra la humanidad, pero que no prevaricó.
Solventados ya los juicios de las escuchas y el franquismo, a Garzón le quedaba todavía el tercero de los frentes que el Supremo había abierto contra él: el de la petición de financiación para dos cursos en la Universidad de Nueva York durante una excedencia de la Audiencia Nacional entre 2005 y 2006.
Tras una instrucción de dos años —en la que incluso salieron a la luz las cuentas personales de algunos de sus familiares—, el juez Manuel Marchena acordó archivar el procedimiento por prescripción solo cuatro días después de la condena de inhabilitación por las escuchas a la Gürtel. El centro universitario siempre negó que Garzón fuera beneficiario directo de esos fondos que Marchena cifró en 1,2 millones de dólares. En 2012, Garzón abrió un bufete y ejerce como abogado.
