Alberto Núñez Feijóo suele presumir de que su PP ya gobierna sobre el 70% de la población española a través de las comunidades autónomas. El primer partido de la oposición controla directamente 13 ejecutivos regionales, además de compartir otro, una importante plataforma desde la que proyectar el modelo de gestión que quiere para todo el país en caso de llegar a la Moncloa. Ante cada crisis, los presidentes autonómicos se escudan en la falta de medios propios para escurrir su responsabilidad y exigírselas al Gobierno. Incluso allí donde el PP controla el poder desde hace décadas.
Ha vuelto a ocurrir este verano con los incendios forestales que han arrasado más de 400.000 hectáreas, especialmente en Galicia y Castilla y León, pero también en Extremadura, Madrid o Andalucía. En las dos primeras el PP gobierna de forma casi ininterrumpida desde los años 80 del siglo pasado. En Madrid, desde 1995. Y en Andalucía, desde 2019. Solo Extremadura ha cambiado de mano recientemente, en 2023.
Las competencias en materia de prevención y extinción de incendios, y en general en emergencias y protección civil, son autonómicas, según los estatutos de autonomía y por mandato constitucional. El Gobierno central es, en este caso, un ente subsidiario al que las regiones pueden acudir para solicitar medios adicionales.
Para ello se han creado las BRIF, que como su nombre indica son “brigadas de refuerzo”, o la UME, que contó con el rechazo absoluto del PP que dirigía entonces Mariano Rajoy. Desde la oposición, la derecha tildó la creación en 2005 de esta unidad militar especializada de “capricho faraónico” de José Luis Rodríguez Zapatero y advirtió sobre las consecuencias para la defensa nacional que tendría destinar fondos y recursos militares. El que luego fuera director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, lo tildó de “despilfarro”.
“Despilfarro” también fue la palabra que usó años después el todavía consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para justificar los recortes en prevención contra incendios fuera de los meses de máximo peligro. Suárez-Quiñones desdeñó la manida frase de que los fuegos se apagan en invierno y tachó de “absurdo” mantener los dispositivos todo el año.
Era 2018. Siete años después y en plena oleada de fuegos, el Gobierno del que forma parte pasó en dos días de decir que el operativo y los medios que ellos mismos habían desplegado eran “suficiente”, en palabras del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, a reclamar una cantidad ingente de ayuda estatal, especialmente militar, y de forma coordinada con las otras comunidades afectadas por los incendios, según afirmó la ministra de Defensa, Margarita Robles, este martes en el Senado.
En la noche del 15 de agosto, Castilla y León solicitó 30 helicópteros al Gobierno central. Extremadura, 10 aviones y 10 helicópteros. Galicia directamente reclamó “todos los medios aéreos” disponibles. Eso sí: ninguno se planteó elevar a 3 el nivel de emergencia, lo que habría supuesto delegar el control en el ministro del Interior. Y eso que Feijóo habló de “crisis nacional”. La portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, justificó que declarar la “emergencia nacional” no implicaría recibir más medios tras reconocer que la UME y las BRIF estaban desplegadas “al 100%”. Solo Isabel Díaz Ayuso se desmarcó de la postura común de su partido para pedir, en declaraciones públicas y por escrito, esa emergencia de nivel 3.
Para entonces Feijóo ya había pedido la movilización de las Fuerzas Armadas, lo que ya había ocurrido. El 30 de julio, por ejemplo, la UME participaba activamente en las labores de extinción de sendos incendios en Ávila y Cáceres. Al día siguiente era Galicia quien reclamaba la presencia militar.
El descargo de las responsabilidades ha alcanzado incluso a poner en duda quién debe pagar los salarios de los bomberos forestales de cada comunidad, un servicio que las regiones tienen en muchos casos subcontratado, algunas de ellas a la empresa pública de ámbito estatal Tragsa.
Los bomberos forestales de Madrid arrastran sus reivindicaciones salariales desde hace meses, y este verano se han declarado en huelga para presionar en la negociación. Desde el Gobierno que lidera Isabel Díaz Ayuso se intentó señalar que era el Gobierno central quien decidía las condiciones laborales de estos trabajadores. Una falsedad que se derrumbó esta misma semana, cuando fracasó una reunión con la consejera del ramo en la que se ofreció, según los bomberos, una propuesta salarial “irrisoria”.
Dana y menores migrantes
El de los incendios forestales es solo el último ejemplo de una estrategia que el PP replica en cada crisis. Ocurrió en Valencia hace menos de un año con la dana que provocó una riada en la que murieron 228 personas. El PP gobernó la Comunitat entre 1995 y 2011, y volvió a recuperarla en 2023.
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, estuvo ausente buena parte del fatídico 29 de octubre de 2024, y posteriormente rechazó declarar la emergencia nacional. Dos días después de la barrancada, Mazón compareció junto a Pedro Sánchez y agradeció la colaboración del Gobierno central, así como de otras comunidades. Y dijo que cada día iba reclamando la ayuda necesaria: “Hoy 500 más, mañana 500 más. Si hacen falta más medios, se solicitan, que están viniendo”.
El discurso cambió el 3 de noviembre: “Desde el principio, está pedido el mayor despliegue necesario. ¿Cómo va a depender del presidente de la Generalitat que un día pida 500, otro día 600 y otro 1.000?”.
Entonces fue también la irrupción de Feijóo lo que forzó el cambio de estrategia. El líder del PP planteó ya desde el 1 de noviembre que la responsabilidad de lo ocurrido era exclusivamente del Gobierno central. En concreto, de la Aemet y de la Confederación Hidrográfica del Júcar. También reprochó que el Ejecutivo de Sánchez no declarara la emergencia nacional, cosa que su barón no quiso hacer. Según Feijóo, Mazón estaba “en shock”, lo que le impidió supuestamente tomar las decisiones correctas.
Desde la pandemia, las comunidades autónomas solo han pedido el nivel 3 de emergencia una vez. Fue a causa del apagón del pasado mes de abril, pero las regiones del PP, junto a Castilla-La Mancha, solo lo hicieron a última hora y cuando ya se estaba restableciendo el servicio eléctrico en todo el país.
Las comunidades del PP aseguran que tampoco pueden acoger a los menores migrantes que llegan solos por mar a territorio español a través de Canarias, Ceuta, Melilla o Baleares. “Lo que no podemos es tutelar a menores cuando no tenemos ni herramientas, ni medios, ni capacidades para cumplir la ley del menor”, dijo este mismo mes de agosto.
Según el decreto que sistematiza el sistema de acogida, Andalucía debe garantizar 2.827 plazas sobre una población de 8,6 millones de habitantes; Catalunya, 2.650 sobre 8,1 millones; Madrid, 2.325 sobre siete millones; Comunitat Valenciana, 1.767 sobre 5,4; Galicia, 886 sobre 2,7 millones, Castilla y León, 783 sobre 2,4 millones, y así sucesivamente.
Para poder repartir a los más de 5.000 menores acogidos en Canarias, la distribución es: Andalucía (677 jóvenes); Madrid, (647) y Comunidad Valenciana (571). Le seguían Castilla-La Mancha (320); Galicia (317); Aragón (251); La Rioja (205); Castilla y León (197); Extremadura (159); Cantabria (156); Asturias (144); Región de Murcia (133); Navarra (118) e Islas Baleares (49).
Es decir, el PP asegura que sus comunidades autónomas no tienen herramientas ni medios para acoger a entre 49 y 677 menores no acompañados. Tal y como han recordado esta misma semana el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo, el rechazo contrasta con las decenas de miles de ucranianos menores de 18 años que han encontrado asilo en España.
Esta misma semana, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, insistió: “Las comunidades ya no tienen plazas. Es de una irresponsabilidad manifiesta lo que está haciendo el Gobierno de Sánchez, y de inhumanidad, porque al final tratar así a la gente, a mí me parece una falta de humanidad absoluta”.
Las comunidades del PP han llevado el decreto al Constitucional porque, aseguran, invade “competencias exclusivas”. Es decir, es su responsabilidad, pero no la quieren ejercer.
El secretario general, Miguel Tellado, culpó esta semana al Gobierno por su falta de política migratoria y pidió copiar la de Italia, que duplica la entrada a España de migrantes, y la de Grecia, que también está por encima.
Presumir de bajadas de impuestos
“El Gobierno de España es incapaz de gestionar y de gobernar”, dijo este jueves la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Fúnez, quien señaló que “problemas que antes no lo eran hoy se hayan convertido en una de las primeras preocupaciones” de los españoles por su “incapacidad para no afrontar crisis como la de los incendios”. “Sánchez ha preferido hacer oposición a las comunidades. No ha habido un problema competencial, sino de falta de voluntad y de medios”, sostuvo.
Para el PP, el Gobierno sí tiene los medios para atajar las crisis que sus comunidades dicen no tener. Pero uno de los puntales de su estrategia de oposición es señalar el “infierno fiscal” en el que Sánchez ha convertido España, en su opinión.
Los portavoces del PP suelen decir que el Gobierno ha subido más de 90 impuestos desde 2018 mientras presumen de las rebajas fiscales de sus presidentes autonómicos.
La última se ha aprobado este mismo verano en Madrid, que bonificará el 50% del impuesto de Sucesiones y Donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. Un ahorro de 140 millones para unas 14.000 personas, según datos oficiales.
No está clara la suma del dinero que las regiones han dejado de ingresar a cuenta de las rebajas fiscales. Un estudio de Fedea de este mismo mes de agosto señala que en 2023 la cantidad fue de 3.678 millones. El periódico ‘La Razón’ publicó este año que solo en 2023 y 2024 la merma de ingresos fue de 6.669 millones.
La contradicción aparece cuando los barones del PP reclaman una y otra vez más dinero al Gobierno central para financiar sus propios servicios. Ha pasado con los menores, con la reconstrucción de Valencia, con el Metro de Madrid, con la sequía en Andalucía. Y cuando ese dinero llega, se oculta la procedencia, como en Galicia, o se devuelve por no querer usarlo.
