La comisión de Medio Ambiente y Clima del Parlamento Europeo dio en la tarde de este lunes su apoyo a enmendar la Ley del Clima para consolidar un objetivo intermedio de reducción de emisiones contaminantes del 90% para 2040 -con respecto a los registros de 1990-, si bien lo hace dando por buenas también las medidas de flexibilidad que permitirán a los países relajar el compromiso con la compra de créditos internacionales para cubrir hasta un 5% de ese compromiso.
Así queda recogido en la posición de los eurodiputados que, una vez ratificada por el pleno de la Eurocámara previsiblemente este miércoles, será el mandato negociador que fija las líneas rojas de los eurodiputados en la negociación con el Consejo (gobiernos) para acordar la reforma definitiva.
De este modo, los eurodiputados respaldan la propuesta de Bruselas de establecer un objetivo intermedio en el camino hacia la neutralidad cero a la que se ha comprometido llegar la Unión Europea en el horizonte de 2050. Los ministros de Medio Ambiente también validaron esta meta en su propio mandato acordado la semana pasada.
El aval a estos cambios fue mayoritario entre los miembros del Partido Popular Europeo (PPE), pero los conservadores del PP español sacaron los pies del tiesto y se alinearon con los ultraderechistas, en su mayoría negacionistas del cambio climático. No sólo se oponen a la línea de trabajo de su grupo en la Eurocámara sino a lo pactado por los Gobiernos. También los polacos del PPE han votado con los radicales de derechas.
Ambos han sumados sus votos negativos a los de la extrema derecha, que está liderada por el partido de Meloni y el de Agrupación Nacional de Marine Le Pen. De esta forma, los populares españoles se desmarcan de la postura mayoritaria de su grupo.
Fuentes del PP han explicado a la SER que los objetivos propuestos son prácticamente imposibles de cumplir por demasiado ambiciosos y anticipan que volverán a votar en contra en la votación en el pleno del próximo jueves, como también ha anunciado que hará la extrema derecha. Ahora mismo, el PP mantiene negociaciones abiertas con Vox en la Comunidad Valenciana para sustituir a Carlos Mazón al frente, y justo la renuncia al Pacto Verde es una de las condiciones que ha puesto Santiago Abascal para negociar la investidura del nuevo presidente valenciano.
Justo en Hora 25, en esta cadena de emisoras, estuvo anoche la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, responsable de Transición Limpia, Justa y Competitiva, valorando la postura del PP en Estrasburgo, especialmente ante la situación que vive España con el avance del cambio climático. «Creo que es una falta de responsabilidad muy importante y una traición a las generaciones actuales y las futuras», ha afirmado Ribera, además de subrayar que «España es un país tremendamente impactado por el cambio climático».
Sobre la explicación dada por el PP español a su intención de voto, Ribera ha insistido en que los plazos son perfectamente flexibles y que la mayoría de los miembros del grupo de derechas así lo han confirmado.
«Evidentemente, requiere un esfuerzo, pero la crisis climática requiere el esfuerzo de todos, no decir que uno no quiere hacer o que lo ve difícil», ha aseverado. Asimismo, Ribera ha destacado que votar en contra de estos objetivos supone una falta de solidaridad con aquellas personas que más lo necesitan, pues son las que normalmente sufren los peores efectos del cambio climático.»Es la población vulnerable la que no puede escapar de inundaciones o incendios, la que tiene difícil poder afrontar por sus propios medios los impactos del cambio climático», ahonda.
También la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha señalado que se trata de «un voto en contra de Europa, de España, de la ciencia y algo que estamos sufriendo cada día en nuestro país». Aagesen indica, igualmente en la SER, que tanto España como Europa son vulnerables al cambio climático y que lo que ha hecho el Partido Popular es romper el consenso alcanzado la semana pasada, el cual costó mucho lograr. «Más que sorprendente diría que es un auténtico delirio que sea el PP español, en este contexto, el que se desmarque de la postura del PP europeo», concluye.
Difícil consenso
Para superar las reservas de las capitales más reticentes, como Francia, Italia o Polonia, la Comisión Europea introdujo una flexibilidad para que a partir de 2036 los gobiernos pudieran recurrir a los créditos internacionales de alta calidad (los conocidos como mercados de carbono) para cubrir hasta un 3% del objetivo.
Sin embargo, los 27 pactaron la semana pasada defender una transición que permita a los gobiernos recurrir a esta facilidad ya desde 2031 y elevando el umbral hasta el 5%, con lo que el objetivo nacional podrá reducirse al 85%.
En su posición, la comisión europarlamentaria defiende también subir del 3% al 5% el cupo que los gobiernos podrán cubrir con inversiones en proyectos sostenibles en terceros países en lugar de con un recorte real de emisiones en su territorio. Con todo, reclaman «salvaguardas sólidas» para garantizar que ese será el techo y estará sujeto a criterios claros.
Además, los eurodiputados respaldan la línea de los Estados miembro que plantea posponer de 2027 a 2028 el inicio del llamado sistema ETS2, que cubre las emisiones de CO2 procedentes de la combustión de combustibles en edificios y el transporte por carretera.
Finalmente, apoyan la revisión cada dos años por parte de la Comisión Europea de la senda de reducción de emisiones, que deberá tener en cuenta tanto los datos científicos más recientes, como los avances tecnológicos y la competitividad de la UE en el plano internacional. Bruselas podrá proponer cumplida esa evaluación modificación en la ley para ajustar los compromisos a la situación real.
