La precaria mayoría progresista con la que fue renovado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado verano no ha logrado atenuar el dominio conservador en las cúpulas de los principales tribunales. Así lo evidencian el más de centenar de nombramientos realizados durante este primer año de mandato. La magistrada Isabel Perelló, que tomó posesión como presidenta del CGPJ hace justo un año, se comprometió en su primer discurso a realizar “con rigor, transparencia y respetando estrictamente los principios de mérito y capacidad” la “ingente labor” que suponía cubrir el centenar de plazas vacantes en las cúpulas de los principales tribunal que había dejado el bloqueo de los últimos años.
Doce meses después, el balance de esas designaciones muestra que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera, ha logrado 51 de las 134 designaciones, el 38% del total. Es casi el doble de lo que han conseguido las otras tres asociaciones juntas. Además, ha copado casi la mitad de los ascensos al Tribunal Supremo, que son especialmente relevantes porque se mantienen hasta la jubilación.
Juezas y Jueces para la Democracia, progresista y tercera en número de asociados, ha situado a 25 de sus afiliados, el 19% del total de plazas adjudicadas. Por contra, los jueces no asociados, que suponen el 42% de la judicatura, se han hecho solo con una de cada cuatro plazas, hasta un total de 35. La asociación Francisco de Vitoria, segunda en número de afiliados, ha accedido únicamente a ocho (6%). Y Foro Judicial Independiente, cuarta en representación, a tres (apenas un 2%).
El último pleno celebrado antes del parón veraniego certificó esta tendencia. El bloque conservador se apuntó una de las victorias más importantes a las que podía aspirar en este mandato al situar a sus candidatos en las presidencias de las salas más delicadas del Tribunal Supremo: la de lo Penal, que es la que juzga a los aforados; y la de lo Contencioso-Administrativo, que es la que revisa los recursos contra las decisiones del Gobierno. Sus designaciones se produjeron después de que las dos aspirantes propuestas por el sector progresista renunciaran a sus candidaturas tras ser vetadas por los consejeros elegidos a iniciativa del Partido Popular.
El acuerdo que sacó del bloqueo al CGPJ después de cinco años con el mandato caducado dividió el órgano completamente a la mitad con diez vocales progresistas y diez conservadores. A ellos se suma la presidenta, Isabel Perelló, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista cuando fue elegida pero que ha mantenido una posición neutral en las cuestiones más controvertidas. Los nombramientos requieren 13 votos y la gran mayoría de ellos se han logrado por unanimidad o por mayorías muy holgadas tras acuerdos entre ambos bloques, que negocian en una comisión con representantes de ambos grupos.
El vocal elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado se ha desmarcado de una veintena de ellos. En una reciente entrevista en elDiario.es se mostró crítico por la forma en la que se han negociado esas designaciones y apuntó a posibles fallos en la estrategia. El resto del bloque progresista también se dividió en la elección de las presidencias de las dos salas más sensibles del alto tribunal. Otros vocales de este grupo admiten que el balance sobre los nombramientos no es positivo, aunque insisten en que su objetivo siempre ha sido elegir a aquellos candidatos que acreditaran un mayor mérito y capacidad y que, en igualdad de condiciones, se han decantado por aspirantes de sensibilidad progresista.
La situación en el Supremo
El nuevo reparto de las presidencias de sala del Tribunal Supremo refleja una diversidad de procedencias asociativas. Ignacio Sancho, vinculado a la conservadora APM, fue elegido para presidir la Sala de lo Civil; Concepción Ureste, de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), está al frente de la Sala de lo Social; Andrés Martínez Arrieta, miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ha asumido la presidencia de la Sala de lo Penal; y Pablo Lucas, no afiliado, preside la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Son mandatos que tienen una duración de cinco años, aunque en el caso de Martínez Arrieta y Lucas no los cumplirán porque alcanzarán la edad forzosa de jubilación, 72 años, en abril de 2027 el primero y en julio de 2026 el segundo.
Más relevantes, si cabe, son el resto de ascensos al Supremo porque, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación. Y ahí la APM ha accedido casi a la mitad de los puestos designados: 10 de 23. Además, en el último pleno también fue ascendido a esta sala Antonio Narváez. Exmagistrado conservador del Tribunal Constitucional, fue uno de los fiscales que llegó a expresar su deseo de que Alberto Núñez Feijóo llegara al Gobierno, según informóEl País. Narváez es fiscal y entró por el llamado turno de juristas.
También se han situado en el Alto Tribunal siete magistrados de la asociación progresista y dos de la Francisco de Vitoria. De todos los nombrados que accedieron por la vía judicial solo cuatro no están vinculados a ninguna asociación.
Especialmente llamativa es la situación de la Audiencia Nacional, donde una mayoría abrumadora de excargos del PP y otros jueces conservadores en la carrera optaron a sus puestos clave. Finalmente, de los cinco puestos renovados tres han sido para candidatos de la APM, incluido su presidente, Juan Manuel Fernández, que durante el anterior mandato fue vocal del CGPJ a propuesta del PP. Además, la Sala de lo Penal la presidirá el veterano Alfonso Guevara, un magistrado considerado conservador que no está asociado.
Desde el pasado febrero también se han renovado las presidencias de 13 tribunales superiores autonómicos y en nueve resultaron elegidos jueces vinculados a la APM: Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia. Cinco de ellos fueron candidatos únicos. Además, fue designada una presidenta progresista para el TSJ de Catalunya y otro vinculado a la Francisco de Vitoria en Andalucía, que afronta su tercer mandato al frente de ese tribunal.
También se han nombrado 34 presidentes de las diferentes salas de los tribunales superiores autonómicos. Prácticamente la mitad, un total de 16, no están vinculados a ninguna asociación. Nueve sí están afiliados a la conservadora. Entre ellos está el caso de Carmen Romero, que fue nombrada presidenta de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a pesar de que no tenía experiencia en órganos colegiados. El otro aspirante a ese puesto era el magistrado Raimundo Prado, que forma parte de esa sala desde hace más de una década. Prado fue portavoz de la asociación Francisco de Vitoria.
Por otro lado, de las 43 presidencias de audiencias provinciales que se han renovado, 19 han pasado a estar ocupadas por jueces de la asociación conservadora durante los próximos cinco años, que es la duración que tienen este tipo de cargos gubernativos. Es el caso de A Coruña, Albacete, Alicante, Araba-Álava, Ávila, Asturias, Barcelona, Burgos, Castellón, Córdoba, Huelva, Jaén, La Rioja, Madrid, Pontevedra, Sevilla, Teruel, Toledo y Valladolid. Los vocales eligieron candidatos conservadores a pesar de que en 12 de los casos había otros candidatos. Los siete restantes sí fueron aspirantes únicos.
Además, habrá presidentes progresistas en una decena de audiencias provinciales. Es el caso de Girona, Las Palmas, Lugo, Málaga, Murcia, Palencia, Soria, Valencia, Zaragoza, y Zamora. Por otro lado, los presidentes de las audiencias de Baleares y Tenerife están vinculados a la Francisco de Vitoria y la de Huesca a Foro Judicial Independiente.
“Intercambio de cromos”
Precisamente estas asociaciones, cuyos afiliados apenas acceden a estos puestos de designación discrecionales, las que se muestran más críticas con la política de nombramientos del CGPJ, que tiene entre sus vocales a siete miembros vinculados a la APM y cuatro de Juezas y Jueces para la Democracia.
“Ha habido un intercambio de cromos entre las dos asociaciones que tienen presencia en el Consejo. La apariencia es de que el criterio que más prima es la adscripción a una de esas dos asociaciones. Se está echando por la borda excelentes magistrados que con mérito y capacidad incontestables no tienen la posibilidad de competir en igualdad con personas adscritas a esas asociaciones”, lamenta el magistrado Sergio Oliva, que es portavoz de la Francisco de Vitoria.
Oliva defiende que es necesario que se lleve a cabo una reforma en torno a los nombramientos encaminada a conseguir un sistema “objetivo” y que permita “baremar” de forma correcta los currículums y la experiencia. “Es cierto que los nombramientos son discrecionales, pero es que ahora rozan la arbitrariedad”, añade.
El magistrado Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente, cree que la política de nombramientos del actual Consejo es “tan mala” como la del mandato anterior porque, a su juicio, las designaciones se sustentan en “afinidades ideológicas, asociativas o personales” y no en criterios de “mérito y capacidad”.
“Que muchos nombramientos se hayan llevado a cabo por unanimidad es la constatación de que ha habido un concierto entre las partes en vez de discutir cada candidatura individualmente. No se trata de que se nombre a más magistrados de FJI o de Francisco de Vitoria, sino de que se nombre a los mejores por un procedimiento que quede claro”, sostiene.
Edmundo Rodríguez, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, afirma, por su parte, que aunque es habitual que el asunto de los nombramientos genere “insatisfacción” destaca como aspecto positivo que salvo para las salas del Supremo se está respetando la paridad. Es, a su juicio, algo que “debiera ser un objetivo irrenunciable de este CGPJ para conseguir que en el futuro sea una conquista irreversible”.
La apertura del año judicial
Es en este contexto en el que el Tribunal Supremo acoge este viernes el solemne acto de Apertura del Año Judicial, una cita a la que acude el rey Felipe VI y que da el pistoletazo de salida al nuevo curso en los tribunales tras el parón veraniego. La cita estará marcada en esta ocasión por la situación en la que se encuentra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, procesado por la supuesta filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y también por las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la entrevista que concedió el lunes a TVE, donde aseguró que “hay jueces haciendo política y hacen un inmenso daño a la Justicia”.
Tras haber asistido en los últimos años, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comunicó este miércoles que no acudirá a la inauguración del año judicial “por un compromiso previamente adquirido”: un mitin de la presidenta Ayuso. No obstante, el mismo comunicado, el PP acusaba al Ejecutivo de “tensionar” al rey por hacerle “compartir acto” con un fiscal general procesado.
