El Tribunal Supremo ha decidido mantener en prisión provisional a Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, en el marco del ‘caso Koldo‘ de corrupción. Los jueces de la Sala de Apelaciones han rechazado las alegaciones del político, que entre otras cosas ha afirmado que no hay pruebas contra él ni tampoco un riesgo de destruirlas u ocultarlas, y confirman la decisión del magistrado Leopoldo Puente de enviarle a Soto del Real. La Fiscalía Anticorrupción, que pidió el encarcelamiento de Cerdán después de tomarle declaración, había solicitado al Supremo la confirmación de la prisión provisional.
Los magistrados atribuyen un “papel directivo” a Cerdán en la trama del caso Koldo y comparten con el juez instructor el riesgo de “obstrucción de la investigación” que justifica, dicen, mantener entre rejas al político. Si le dejan en libertad, añaden, “podría perjudicarse irremediablemente y gravemente la investigación”. Los indicios contra él, añade la Sala, son “nutridos y poderosos”, entre los que citan las conversaciones grabadas por Koldo García. Cerdán, concluyen, “impulsaba y hacía un seguimiento de la empresa a la que debían adjudicarse obras concretas”.
El nombre de Santos Cerdán apareció por primera vez en la causa con el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analizó varias pruebas obtenidas en las últimas semanas: los audios y mensajes que Koldo García almacenaba en su casa en discos duros, pero también la documentación intervenida en la sede de la empresa navarra Servinabar 2000. Estos documentos incluían un contrato privado que atribuía a Cerdán el 45% de las acciones de la empresa, aunque según el propio Cerdán nunca llegó a ejecutarse.
Los audios que grabó durante años Koldo García, asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, recogía hasta cinco conversaciones con Santos Cerdán en las que se hablaba, supuestamente, del cobro de comisiones ilegales salidas de adjudicaciones de obra pública a Acciona. Según la Guardia Civil, esas conversaciones demuestran que el exdirigente socialista “se encargaba de gestionar el monto y los pagos” de ese dinero a Koldo García y José Luis Ábalos, sin atribuir a Cerdán al menos por el momento el cobro de comisiones.
El juez Leopoldo Puente decidió enviarle a prisión provisional con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción y después de escuchar al exdiputado negar su implicación en la trama. El magistrado entendió que había un “riesgo cierto” de que Cerdán destruyera pruebas. Las conversaciones grabadas por Koldo, dijo el instructor, eran “tan explícitas” que apuntaban a su culpabilidad y rechazó sus alegaciones de estar siendo víctima de un ataque por su “decisiva participación” en “la formación de un Gobierno progresista” al haber mediado entre el PSOE y los nacionalistas vascos y catalanes para investir a Pedro Sánchez.
Métodos de pago “que todavía se desconocen”
Los magistrados de la Sala de Apelaciones, como ya han hecho en autos anteriores donde han llegado a alabar la “paciencia franciscana” del juez ante las alegaciones de los imputados, entienden que Puente sí tiene indicios suficientes para mantenerle entre rejas por miedo a que destruya pruebas. Según la Sala, los tres imputados “se repartían, de manera furtiva, unas cantidades portentosas e injustificadas de dinero”.
Los magistrados reconocen que, a día de hoy, muchos puntos clave del caso siguen sin aclararse. “Sin que la investigación haya desvelado la totalidad de empresas que fueron finalmente beneficiadas; ni qué sujetos las representaban y mantuvieron contacto con el recurrente; ni cómo se abordaba el pago y se ocultaba después el dinero ilícitamente obtenido; ni siquiera si subsisten ciertos depósitos o activos que hayan sido obtenidos con ocasión de su actividad delictiva”, explica el auto.
La Sala explica que era Santos Cerdán quien “gestionaba y trasladaba la información de las empresas que habían comprometido el pago por determinadas obras públicas y que debían resultar beneficiadas”, aunque después reconoce que “todavía se desconocen” los métodos “ocultos de pago” para traficar con las supuestas comisiones.
