El Gobierno de Pedro Sánchez mantendrá la relación diplomática con el Gobierno de Delcy Rodríguez, como venía haciendo con el de Nicolás Maduro, pese a no haber reconocido en ese momento los resultados de las elecciones, y por tanto, la legitimidad del “régimen” y, en este caso, cargar contra una operación que considera que “claramente” vulnera el derecho internacional. La intención del Ejecutivo, según ha explicado el ministro de Exteriores, José Manul Albares, es mantener la interlocución con el Gobierno de Rodríguez, que asumirá el mando tal y como establece la Constitución de Venezuela, aunque mandata por Trump, y también con la oposición para intentar un “acercamiento”.
“Nos disponemos a hablar con el Gobierno de Delcy Rodríguez y la oposición para permitir ese acercamiento que pueda permitir estabilidad y evitar un enfrentamiento civil”, ha dicho Albares en la Cadena SER, donde ha apostado por un camino democrático que parta de los venezolanos, a pesar de que no es el plan que por el momento tiene Trump, que pretende apoyar a Rodríguez al frente de un Gobierno en Venezuela que pueda controlar EEUU para hacerse con el petróleo del país. “Cualquier solución para Venezuela no puede venir impuesta desde el exterior, mucho menos por la fuerza. Tiene que venir a través de un diálogo entre venezolanos. Tiene que ser democrática y tiene que ser siempre pacífica”, ha expresado el ministro.
Albares ha asegurado que la de España es una posición de “rearme moral” en defensa del derecho internacional ante una operación que ha advertido de que “siente un precedente muy peligroso para el futuro”: “Hemos visto precedentes en la historia, en la historia muy reciente, es caos y desestabilización por la fuerza, violando principios como el de soberanía, no respetando el derecho internacional”. “No nos vamos a resignar en ningún momento a que se imponga la ley del más fuerte, la ley de la selva, la ley del que puede conseguir a través de la coerción una parte de la soberanía de los recursos naturales del territorio de otro país que lo pueda hacer”, ha criticado Albares sobre la operación de Trump, aunque ha evitado referirse a la captura de Maduro como un secuestro.
El Gobierno de España es el que ha mantenido una posición más dura contra la operación de Trump en Venezuela. De hecho, el ministro de Exteriores ha reconocido que le hubiera gustado que el comunicado a 26 de la UE -no lo ha rubricado la Hungría del ultraderechista Viktor Orbán, como viene siendo habitual- fuera “más contundente”. Los gobiernos europeos evitan calificar como violación del derecho internacional la captura de Maduro y se limitan a llamar a la contención y a la necesidad de respetar ese precepto, como hizo en un inicio Pedro Sánchez.
Tras las palabras de Trump, Sánchez condenó el ataque y se refirió a él como una vulneración del derecho internacional. Posteriormente, rubricó un comunicado con los países progresistas de América Latina (Brasil, Colombia, México, Chile -aún gobernado por Gabriel Boric hasta que tome el poder el ultraderechista José Antonio Kast tras su victoria electoral- y Uruguay) en el que también se refieren a la operación en esos términos y emplazan a una negociación. Albares ha rechazado, no obstante, que esa posición vaya a tener represalias por parte de Trump: “No temo ni espero nada. España es un país soberano. A nadie le sorprenderá que España es un país que defiende el derecho internacional”.
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