El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reunido este jueves a la Junta de Fiscales de Sala, su principal órgano asesor, para explicar la decisión de seguir al frente a la institución después de que el Tribunal Supremo haya abierto una causa contra él por revelación de secretos tras la querella del comisionista Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. En una intervención que ha durado menos de media hora, García Ortiz ha negado haber filtrado ningún correo y ha defendido que tiene la convicción de que mantenerse en el puesto es lo mejor para la institución. De la treintena de asistentes, ocho le han pedido que dimita, de acuerdo a las fuentes consultadas por elDiario.es.
El Supremo decidió este miércoles abrir una causa penal contra el fiscal general por la filtración de los correos en los que González Amador reconocía haber defraudado más de 350.000 euros. Por primera vez en la historia, un tribunal investigará a la cúpula de la Fiscalía por un delito de revelación de secretos y lo hará por una causa que arrancó con un bulo salido del teléfono móvil de Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Tras la decisión del Alto Tribunal, García Ortiz anunció que no dimitiría y convocó a los principales órganos de la carrera para explicar su decisión y escuchar sus comentarios. A esa Junta de Fiscales de Sala han asistido 31 de sus 35 miembros. Ocho de ellos le han pedido que deje el puesto para preservar la imagen de la institución. Entre esas voces críticas están las de los cuatro fiscales del procés: Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno.
Entre los apoyos a los fiscales del procés ha estado el de María José Segarra, que fue la primera fiscal general nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez y es miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que estaba afiliado el actual fiscal general hasta ser nombrado. También el del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón.
