El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite tres denuncias presentadas contra los responsables de Madeira Invest Club (MIC), la oficina de inversión apadrinada por el eurodiputado de extrema derecha Alvise Pérez y que cerró de forma sorpresiva el pasado 16 de septiembre. El magistrado considera que se trata de “una supuesta estafa piramidal”.
En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro desestima la solicitud de una de las acusaciones de inhibirse al Tribunal Supremo para investigar al eurodiputado Alvise Pérez, que recibió 100.000 euros en efectivo del fundador de este club financiero. Afirma que según la doctrina del Alto Tribunal se debe remitir una exposición razonada para investigar a un aforado cuando aparezcan indicios de responsabilidad.
Calama admite y acumula, con informe favorable de la Fiscalía, las tres denuncias presentadas por Ances, Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, estas últimas en representación de un grupo de afectados. Estas denuncias se dirigen contra Álvaro Romillo como responsable del Grupo Madeira Invest Club y contra la persona jurídica Madeira Invest Club, entre otros responsable y entidades.
En su auto, el juez indica que una vez determinado que los hechos son susceptibles de constituir una defraudación, sin perjuicio de la calificación jurídica que se realice en el momento procesal oportuno, aparece con “meridiana claridad” que pueden ser constitutivos de un delito de estafa y que serían competencia de la Audiencia Nacional por el número de perjudicados y la cuantía de lo supuestamente defraudado.
El juez señala que el perjuicio globalmente denunciado por las acusaciones ascendería a más de 11 millones de euros, una cifra que supera la barrera de los 7 millones de euros que ha venido fijando el Tribunal Supremo como parámetro para atribuir la competencia a la Audiencia Nacional. Además, el instructor se basa en criterios de funcionalidad para concluir que la Audiencia Nacional es el órgano judicial que se encuentra en una posición más favorable para afrontar la investigación.
En el presente caso, indica el magistrado, se atisba una compleja instrucción, con un entramado delictivo de múltiples sociedades instrumentales y conexiones internacionales, con domicilios en Portugal, Estados Unidos, República Dominicana, Estonia y Albania, que hará necesario acudir de forma recurrente a la emisión de instrumentos de cooperación jurídica internacional para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, las personas que en ellos hayan participado, así como para la localización de activos financieros.
