El coste previsto de cerrar las centrales nucleares españolas y tratar los residuos radiactivos alcanza ya este año los 20.367 millones de euros, tras sumar otros 165 millones (un 0,8% más) en doce meses, en el primer ejercicio completo con un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) en vigor.
Se trata de la última estimación de Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos y se encarga de desmantelar las nucleares. La partida más relevante del PGRR es la del desmantelamiento de los reactores que, según la última memoria anual de Enresa, a enero de este año ya alcanzaba un nuevo récord de 17.520,5 millones, con un incremento de 90 millones en un año, un 0,5% más. El capítulo de costes previstos que más crece es el que engloba la denominada “tarifa eléctrica”, que comprende la gestión de los residuos nucleares y el combustible gastado. Se sitúa ya en 2.846,8 millones, tras sumar 75 millones más en doce meses con un crecimiento mucho más acusado, del 2,7%.
Sumando el resto de actividades, como la gestión de la fábrica de combustible nuclear de la empresa estatal Enusa en Juzbado, Salamanca, la factura prevista del conjunto de actividades previstas en el PGRR ya ronda los 20.500 millones.
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica subrayan que “cada año se actualizan los costes en función de las mejores estimaciones, de tal forma que un incremento de un año no puede ser extrapolado al resto”. También destacan que la inflación de 2024, del 2,8%, fue superior al aumento de costes previsto.
El dinero para cubrir esos costes tiene que venir de un fondo que gestiona la propia Enresa y se nutre de las aportaciones de las eléctricas mientras funcionan los reactores. A cierre de 2024 ese fondo contaba con 8.677 millones, un 8,4% más que un año antes, tras la subida (en vigor desde julio del pasado ejercicio) del 30% de la denominada tasa Enresa, que las eléctricas han recurrido en los tribunales.
El coste del desmantelamiento y de la gestión de los residuos es una de las grandes claves en la soterrada negociación entre Gobierno y eléctricas para revisar el cierre progresivo de las nucleares que pactaron en 2019. Una negociación que, según el departamento que dirige Sara Aagesen, no es tal porque las eléctricas pretenden cargar esas actividades a los consumidores y el Ejecutivo se niega a hacerlo.
“Quieren una reducción de impuestos, quieren que parte de los costes del desmantelamiento y de la gestión de los residuos radiactivos lo paguemos entre todos”, resumía hace unos días el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, que dejó claro que “esos costes no los vamos a trasladar al conjunto de la ciudadanía”.
Endesa e Iberdrola llevan meses intentando consensuar con Naturgy una propuesta para intentar aplazar el cierre del primer grupo de la central de Almaraz (Cáceres), previsto para 2027. La supeditan a esa rebaja de tasas e impuestos que el Gobierno rechaza. El Ejecutivo solo se abriría a alargar la vida de las nucleares si las eléctricas asumen los costes. Y las dos principales empresas del sector han planteado reclamaciones millonarias en los tribunales por la subida de la tasa Enresa. Endesa pide 454 millones e Iberdrola, otros 324 millones, como adelantó El País.
Hasta el año pasado, el negocio nuclear de las eléctricas seguía siendo muy rentable, a tenor de las últimas cuentas de la filial de una de las principales empresas del sector en España, Iberdrola. En 2024, Iberdrola Generación Nuclear se anotó 277 millones de ganancias (frente a los casi 363 millones de 2023). Esta filial ha declarado entre 2021 y 2024 unos beneficios conjuntos de cerca de 1.270 millones. Su mejor año fue 2021, cuando el precio de la luz comenzó a dispararse y su beneficio alcanzó 574 millones en un solo ejercicio. Estas cifras contrastan con los casi 1.100 millones de pérdidas declaradas por esa filial en el periodo 2013-2020.
A largo plazo, de fondo está la enorme incertidumbre sobre cuál será el coste real del tratamiento de los residuos, que mantienen su peligrosidad durante miles de años. Un ejemplo muy reciente y cercano está en Francia, la gran potencia nuclear europea. En mayo, la Enresa gala, Andra, revisó el coste de tratamiento de los residuos radiactivos franceses, incluyendo la construcción de un futuro almacenamiento geológico profundo (AGP) como el que proyecta Enresa, bautizado allí como Cigéo, y que debería empezar a recibir material radiactivo en 2050.
A un horizonte de 150 años, Andra ha pasado de los 25.000 millones de euros que se estimaban en 2016 a una horquilla de entre 26.100 y 37.500 millones. En el peor de los casos, supondría un sobrecoste de hasta el 60% respecto a la previsión de hace menos de una década.
En opinión del presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, mientras en España desde las empresas eléctricas “el empeño es reducir tasas e impuestos”, la cuestión es “cuánto recaudamos ahora para que luego no lo paguemos todos”. Y está la incógnita de si el fondo de Enresa bastará. Antes del verano, otro alto cargo de Transición Ecológica, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán (sin competencias directas en esta materia), vino a reconocer en un acto público organizado por la consultora Pedersen que la tasa actual, aun con la última subida aplicada, no cubre las necesidades, según fuentes presentes en ese encuentro.
Desde enero de 2021 la factura prevista del desmantelamiento se ha disparado en más de 2.320 millones, aunque las magnitudes no son comparables, por la entrada en vigor de un nuevo PGRR con previsiones más acordes a la realidad. El salto es aún más brutal en el caso de los residuos. En 2019, cuando todavía se contaba sobre el papel con un almacén temporal centralizado (el denominado ATC), esta partida era de 1.275 millones. Ahora son ya más de 2.800 millones.
La explicación es el nuevo escenario sin ATC, que hizo que el coste previsto de la gestión de los residuos se disparase en enero de 2024 hasta 2.771,6 millones, frente a los 1.629,3 millones que todavía se preveían en enero de 2023, con el anterior PGRR todavía vigente. Esta partida incluye el almacenamiento de los que custodia Francia desde hace décadas, cuyo regreso está previsto en 2027. Su coste, una fianza diaria de más de 85.000 euros que se devolverá cuando vuelvan a España, acaba de rebajarse por primera vez.
Por su parte, el desmantelamiento de las nucleares ha pasado de 15.654 millones en enero de 2023 a los citados 17.520,5 millones de enero de 2025. Casi 1.900 millones más en solo dos años.
Los recursos del fondo que financia el PGRR han pasado de 6.596 millones en diciembre de 2020 a los citados 8.677 millones. En diez años, el saldo del fondo se ha más que duplicado: en 2014, contabilizaba unos 4.200 millones. Entonces, se estimaba que desmantelar las nucleares costaría ‘solo’ unos 12.000 millones. Hay que tener en cuenta que hasta 2019 Enresa tomaba como último año de referencia para sus estimaciones del costes del PGRR el año 2070. Desde entonces se extiende hasta 2100. Además, la empresa pública consideraba en 2019 que las nucleares cerrarían en 2028, frente al 2035 que ahora se contempla para el cierre del último reactor.
“Gestión responsable y segura”
La normativa vigente obliga a Enresa a elaborar en el primer semestre de cada año un estudio económico financiero actualizado del coste de las actividades contempladas en el PGRR. Exige evaluar “la adecuación a dicho coste de los mecanismos financieros vigentes”, en cumplimiento con la directiva europea sobre la materia, que exige una “gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos”.
El PGRR aprobado por Transición Ecológica en diciembre de 2023 sustituyó al vigente hasta entonces, que databa de 2006 y llevaba caducado la friolera de trece años (desde 2010). Introdujo novedades muy importantes, como el abandono definitivo del ATC y el reparto de los residuos en almacenes temporales independientes (ATI), la construcción del AGP y la subida de esa tasa, que llevaba congelada casi quince años, tras sucesivos informes del Tribunal de Cuentas advirtiendo del déficit de ese fondo.
Este organismo instó al Gobierno en febrero de 2022 a “revisar anualmente los elementos tributarios de las dos tasas que recaen sobre las empresas titulares de las centrales nucleares”: la que se calcula por cada megavatio hora (MWh) producido, que es la que subió en julio del año pasado un 30% (hasta 10,36 euros/MWh), y el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos que el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo en 2012 para contener el denominado déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico) que entonces amenazaba con llevar a la quiebra al sector.
El nuevo plan de residuos radiactivos oficializó el abandono del proyecto del ATC, que el Gobierno de Pedro Sánchez descartó por la falta de consenso social, en una decisión que también han recurrido las eléctricas. El PP intentó ubicar el ATC en Villar de Cañas (Cuenca), en un proyecto cuyo coste amenazaba con dispararse por las dudas sobre la idoneidad de los terrenos elegidos, y entre sospechas por la vinculación con el proyecto de una empresa vinculada al empresario Ignacio López del Hierro, entonces marido de la ex secretaria general del PP y expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.
En lugar del ATC, el Gobierno socialista optó por una solución más costosa, repartir los desechos en siete almacenes independientes, como paso intermedio al enterramiento definitivo de los residuos en el AGP, previsto para 2072 y que Enresa y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) han pedido (en vano) blindar por ley para que esté en marcha “cuanto antes”.
