La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado tomar declaración a las dos mujeres que el pasado 5 de enero presentaron una denuncia contra Julio Iglesias por delitos de agresión sexual y trata de trabajadores.
Así lo ha comunicado la asociación Women’s Link, que ha colaborado con la empleada doméstica y la fisioterapeuta que han llevado lo sucedido ante el Ministerio Público.
No hay una fecha fijada para esa declaración, pero la Fiscalía ha aceptado también que ambas denunciantes reciban la condición de testigos protegidas, según la asociación. La reserva de «la intimidad» de las denunciantes y su entorno para no ser identificados es una de las medidas solicitadas expresamente en el escrito presentado ante el Ministerio público.
También se ha reclamado que se impida el contacto entre las denunciantes y Julio Iglesias, así como entre sus respectivos entornos. Sobre este punto, sin embargo, se ha explicado que ambas siguen siendo empleadas de Iglesias.
Igualmente, la portavoz de la organización Jovana Ríos ha explicado que también se ha solicitado que las declaraciones sean por videoconferencia, teniendo en cuenta que ninguna de las dos mujeres reside en España.
Ríos ha ratificado que los delitos esgrimidos en la denuncia son los de agresión y acoso sexual, lesiones y trata de seres humanos para trabajo forzado y servidumbre. Respecto al hecho de haber denunciado en España y no en República Dominicana o Bahamas, donde se desarrollaron los hechos, se debe a que consideraron que la legislación española era más favorable a los intereses de las víctimas.
Aunque la Fiscalía no se ha pronunciado formalmente sobre la competencia de España sobre el caso, el equipo legal que apoya a las dos mujeres ha explicado que la normativa nacional permite investigar el caso, puesto que Iglesias es ciudadano español y los hechos no se han investigado por las autoridades dominicanas o bahameñas. Así lo ha sostenido la abogada española Gema Fernández.
Eliana Alcalá, otra representante de Woman’s Link que ha intervenido -como el resto- en el encuentro con la prensa por videoconferencia, ha indicado que la asociación considera que se está ante un «caso estratégico» para conseguir «transformaciones sistémicas» mediante la aplicación de una justicia «feminista y anticolonial».
Womens Link ha citado palabras de las dos denunciantes, identificadas con su nombre de pila. Rebeca: «Hago esto por mí misma, por lo que he tenido que afrontar, por todas las mujeres que trabajan en esas casas y por mi país, República Dominicana, para que sepa que no puede venir a hacer lo que quiera». Laura: «Mi propósito es que ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos por parte de él».
La Fiscalía de la Audiencia informó el martes de que estudia la denuncia de las dos mujeres contra Julio Iglesias. De encontrar inicios de delito, el Ministerio Público lo remitirá a la Audiencia Nacional, que deberá decidir en primer lugar si es competente para investigar el delito. En principio, lo sería por tratarse de delitos cometidos por un español fuera de territorio nacional.
La denuncia sobre la que la Fiscalía ha abierto diligencias preprocesales se basa en los testimonios de dos exempleadas del cantante que dan cuenta de agresiones sexuales y de un comportamiento de control e intimidación mientras trabajaron para él en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas.
El artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los tribunales españoles podrán investigar los delitos cometidos por españoles en el extranjero siempre que los hechos sean también delito en el país en el que se hubieran cometido, que se presente querella ante los tribunales españoles y que el supuesto autor no haya sido ya absuelto, indultado o penado en el extranjero por los mismos hechos o que hubiera cumplido condena.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional recibió la denuncia el 5 de enero y abrió diligencias preprocesales dirigidas a comprobar si en República Dominicana y Bahamas los hechos denunciados son considerados delictivos. El Ministerio Público también hará las pesquisas pertinentes para saber si en alguno de esos países hay abierto algún procedimiento judicial en relación con estos hechos.
La Audiencia Nacional ya ha juzgado casos similares protagonizados por un español en el extranjero, con víctimas no españolas. Es el caso del guía turístico de Sevilla al que se condenó a más de ocho años de prisión por agredir sexualmente a tres estudiantes estadounidenses durante dos viajes a Marruecos y Portugal.
