El juez Juan Carlos Peinado sigue buscando vías para elevar al Palacio de la Moncloa la causa que sigue desde hace casi un año y medio contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El magistrado, que mantiene imputado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martínez, y que lo intentó con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se fija ahora en la alto cargo que desempeña en la actualidad el puesto que tuvieron los dos anteriores en la Presidencia del Gobierno. En su última resolución, fechada este miércoles, el juez pregunta quiénes han sido secretarios generales de Presidencia desde que se contrató a la asesora de Begoña Gómez, pese a que ya ha interrogado a dos de ellos, Bolaños y Martínez.
La actual secretaria general de Presidencia es Judit Alexandra Gómez Pedraz, quien sustituyó en el cargo a Francisco Martínez a finales de 2023, cuando este fue elegido como delegado del Gobierno en Madrid. Como es habitual en Peinado, el juez no razona la diligencia ordenada y se limita a señalar que se requiera a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno para que informe del “nombre completo de las distintas personas que han venido desempeñando el cargo de secretario general de Presidencia del Gobierno desde el día 11 de julio de 2018”, fecha en la que se nombró a Cristina Álvarez ayudante de Begoña Gómez.
Peinado interrogó a Bolaños y Martínez en busca de indicios del delito de malversación que investiga por las tareas realizadas por Cristina Álvarez, la asesora encargada de coordinar la agenda de la esposa del jefe del Ejecutivo y también imputada. El magistrado ahonda en esta línea de investigación apoyado en Vox, que en diciembre presentó una querella que se basaba en la existencia de dos correos electrónicos que la asistente envió en 2021 en nombre de Begoña Gómez a directivas de Reale, aseguradora que financiaba la cátedra que la mujer de Sánchez dirigía en la Universidad Complutense. De hecho, el juez ha citado a declarar a Begoña Gómez y a la asistente la semana que viene.
Ahora, la petición a la Moncloa para que indique el nombre de las “distintas personas” que han venido desempeñando el cargo de secretario general de Presidencia del Gobierno que nombró a la asesora ofrece pistas sobre los próximos pasos que pueda dar el magistrado. Especialmente después de que el Tribunal Supremo rechazara su maniobra para escalar el caso hasta la Moncloa e involucrar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, al que llegó a tomar declaración en su despacho el pasado abril.
Peinado intentó implicar a Bolaños por malversación con el argumento de que era secretario general de la Presidencia del Gobierno cuando la asesora fue nombrada. En el interrogatorio, el ministro negó cualquier irregularidad. Pero el juez insistió en pedir al alto tribunal que abriera una causa contra él por el nombramiento y el control de las funciones de la asistente. Los jueces del Supremo dejaron claro que Bolaños no podía ser acusado por el mero hecho de haber tenido un puesto de responsabilidad en el momento del nombramiento de esa trabajadora.
En su auto insistieron, además, en que la malversación es un delito “doloso”. Esto es, que requiere que el autor actúe con intención o voluntad consciente de cometer un delito. Y que trabajar en el mismo sitio que la asesora con puesto de mando no implica una “atribución automática y objetiva” del delito, como pretendió hacer Peinado.
Tras interrogar a Bolaños, el juez imputó a Francisco Martín. En su caso, la citación venía motivada por el hecho de que —en el cargo de secretario general de la Presidencia del Gobierno que ocupó entre 2021 y 2023— era el “responsable y superior jerárquico” de la asesora cuando esta envió correos “a diversas personas e instituciones” donde Begoña Gómez realizaba actividades “totalmente desvinculadas” de su condición de esposa del presidente. Ante el juez, Martín dijo que no participó en la contratación de la asesora en 2018, cuando era jefe de Gabinete de la Secretaría General de Presidencia, y que tampoco conoció de “ningún incumplimiento” en el ejercicio de sus funciones cuando ascendió a secretario general de Presidencia.
En una sola providencia de cuatro párrafos, Peinado vuelve a ampliar la investigación hasta límites difíciles de calcular. Justo debajo de la petición de información sobre la actual secretaria general de Presidencia y sus antecesores, el magistrado ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se incaute de todos los correos electrónicos, recibidos y enviados, desde la cuenta asignada a Begoña Gómez desde el 11 de julio de 2018 y hasta este miércoles. Necesariamente, entre esos correos habrá muchos que no estén relacionados con el objeto de la investigación.
Al rechazar la imputación de Bolaños, tanto la Audiencia Provincial de Madrid como el Tribunal Supremo han venido corrigiendo la instrucción de Peinado, que las defensas y la Fiscalía consideran claramente prospectiva. Sin embargo, la segunda instancia ha ido dejando en sus resoluciones un margen que Peinado ha utilizado para insistir en sus líneas de investigación. Ocurrió con el rescate de Air Europa y pese a que la UCO había indicado en dos informes que Begoña Gómez resultaba ajena a esa decisión del Gobierno en pandemia. El juez siguió alimentando titulares de prensa durante meses hasta que la Audiencia Provincial le prohibió expresamente continuar con esa línea de investigación.
En la misma resolución, los jueces de la instancia superior suspendieron la imputación del rector de la Complutense, Joaquín Goyache. En otra decisión anterior, la Audiencia Provincial anuló el registro del domicilio del empresario Juan Carlos Barrabés, igualmente imputado en la causa contra Begoña Gómez. En su momento, el juez intentó interrogarlo durante un ingreso hospitalario aquejado de la grave enfermedad que padece.
