La defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid la denegación de la práctica de diligencias en la causa en la que se le ha procesado por la presunta comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública en concurso con un delito de falsedad documental.
En un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, al que tuvo acceso Europa Press, los abogados interponen un recurso de apelación frente al auto dictado el pasado 28 de mayo por el que la jueza Inmaculada Iglesias —cuyo juzgado ha asumido el juez Antonio Viejo— declaró no haber lugar a la práctica de determinadas diligencias. La defensa del empresario y comisionista reclama que el nuevo instructor del caso interrogue a dos testigos y admita un informe pericial.
A su juicio, estas diligencias arrojarían luz sobre unas facturas relacionadas con supuestos servicios profesionales prestados en México y Costa de Marfil. Según la defensa, las testificales demostrarían que “si estas facturas responden a servicios realmente existentes y las mismas no pueden considerarse falsas, no sería posible considerar la concurrencia de delito fiscal”. “En segundo lugar, que si aún a efectos hipotéticos o dialécticos se consideraran ambas facturas falsas, los ajustes no efectuados y que deberían haberse practicado por la Agencia Tributaria en la liquidación tributaria harían objetivamente imposible considerar la concurrencia de delito fiscal”, indica.
Los abogados de González Amador insisten en que resulta “necesario” incorporar al sumario en primer lugar y antes de la consideración de la liquidación tributaria, las declaraciones de estos testigos que mostrarían, “no sólo la realidad de los servicios prestados en Costa de Marfil, sino que esa realidad no la ha conocido la AEAT, no la ha podido valorar ni la ha tenido jamás en cuenta sin que figure de ninguna forma ni incorporado ni considerado en su expediente tributario ni incorporado al sumario”.
“La negativa que integran las resoluciones que se recurren a la práctica de las únicas tres diligencias de defensa propuestas constituye la continuación en la destrucción absoluta y desaparición de los derechos fundamentales a defensa y a la presunción de inocencia de Alberto González Amador, hasta la desaparición de cualquier contenido materia”, censura.
